¿Qué está en riesgo después de que la justicia de Brasil autorizara la venta de las refinerías de Petrobras?

La oposición considera que la operación es una “traición” al país, cuya cadena de producción de petróleo y de gas representa 45% del PIB industrial.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la venta de ocho de las 13 refinerías de la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sin contar con la aprobación del Congreso del gigante sudamericano.

Con seis votos a favor de la venta y cuatro en contra, el máximo tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Legislativo, que acusaba al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de querer dividir la empresa en subsidiarias sin su aprobación.

Con la venta de estas refinerías, la estatal petrolera brasileña espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares; pero, además, pretende vender otros activos, por un monto total de 23.000 millones de dólares hasta el 2023, según establece el plan de inversiones de Petrobras.

En su decisión, el STF determinó que con la venta, el Gobierno no eludía al Parlamento y que, además, no se violaba otra decisión de la Corte, tomada el año pasado, que determinó que era necesario el aval del Legislativo para vender la “matriz” de Petrobras, pero no para la privatización de las filiales.

Además, los magistrados concluyeron que el plan de desinversión de la empresa tiene como objetivo asegurar una mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia para la gestión.

“La soberanía nacional está en riesgo”

A propósito del 67 aniversario de la fundación de Petrobras (su creación se llevó a cabo el 3 de octubre de 1953) y ante el fallo del STF, el expresidente de Brasil Lula Da Silva se pronunció para denunciar que, con esta medida, “la soberanía nacional está en riesgo”.

En un breve comunicado divulgado en Twitter, Lula consideró a la petrolera como un “símbolo” de la soberanía de Brasil, por lo que rechazó que hubiese políticos que “vendan sus almas al diablo”, en referencia a quienes pretenden privatizar la estatal.

El exmandatario destacó, además, que la compañía garantiza el bienestar de los 210 millones de brasileños, sea cual sea su origen social.

Por su parte, la exmandataria Dilma Rousseff acusó al gobierno de Bolsonaro de actuar de manera deliberada para “desnacionalizar” la riqueza del país, mediante la defensa del liberalismo “y al servicio de los intereses de EE.UU.”. “Todo esto es una traición a Brasil y a nuestra gente”, recalcó.

Congresistas continuarán denunciando

“Lamentablemente, luego de muchos años de lucha que culminaron en la consecución de nuestra autosuficiencia petrolera, estamos asistiendo a un verdadero desmantelamiento de la que es una de las empresas más importantes del país”, lamentó el senador Jean Paul Prates, presidente del Frente Mixto de Defensa Parlamentaria de Petrobras.

El congresista explicó que el impacto negativo de esta estrategia de privatización es más evidente cuando se toma en cuenta que “la cadena de producción de petróleo y gas representa actualmente el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial” de Brasil, incluso —añadió— “con la desaceleración de las actividades de Petrobras”.

Por ello, deploró que la Corte “no haya reconocido la urgencia y el riesgo que representa la decisión del Gobierno de enajenar bienes públicos sin autorización legislativa”. Sin embargo, destacó que “es solo una decisión preliminar, que debe ser confirmada o revisada en cuanto al fondo”; por lo que mantendrá el debate sobre este tema ante la opinión pública, para que —según dijo— “la gente entienda lo que está en juego”.

“Esta decisión de la Corte Suprema daña mucho la lucha que venimos librando en el Congreso, pero seguiremos siendo un escollo por cada ataque al patrimonio nacional, en la base, con los trabajadores”, manifestó, por su parte, el diputado Ivan Valente.

De igual forma, la joven diputada Natália Bonavides ha llamado a proteger a la petrolera. “Actualmente, en momentos en los que la empresa está bajo constantes ataques del gobierno de Bolsonaro, necesitamos defender a la estatal y a sus trabajadores que tienen mucho que aportar al desarrollo, la independencia y la soberanía de Brasil”.

En el plan de Bolsonaro

La privatización de Petrobras es parte del plan de privatizaciones que prometió Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a decir públicamente que iba a “extinguir gran parte de las estatales”.

Además de Petrobras, el plan de privatizaciones incluye a Eletrobras, cuya proceso de desnacionalización tuvo luz verde en 2019. Su antecesor, Michel Temer, ya había iniciado la venta de varias distribuidoras.

El año pasado también se anunciaron las privatizaciones de Correos de Brasil, conocida simplemente como Correios, la mayor compañía de logística de América Latina; y el puerto de Santos, el más importante del país.

Asimismo, entraron en ese paquete Telecomunicaciones Brasileñas (Telebrás), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) —que era la mayor empresa pública de tecnología de la información del mundo—, la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (DATAPREV, por sus siglas en portugués), así como la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Garantía (ABGF) y la Empresa Gestora de Activos (EMGEA).

En julio de 2019, se terminó de privatizar, mediante la venta de la mayoría del paquete accionario a fondos de inversión, la compañía BR Distribuidora, la principal proveedora de combustibles, que era una subsidiaria de Petrobras.

“El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de las que pueden ser mejor gestionadas por la iniciativa privada”, dijo Bolsonaro en agosto pasado, al ratificar que las privatizaciones continuarán.