La destitución del fiscal Aldo Gerosa, sumada al antecedente de Rodrigo González en 2022, deja expuesto un patrón alarmante en la Unidad Fiscal de Reconquista: dos remociones por mal desempeño en menos de tres años. Sin embargo, el superior jerárquico de ambos, el fiscal regional Rubén Martínez, jamás fue formalmente investigado. ¿Cómo se explica que un fiscal regional, cuya función es controlar y garantizar el correcto desempeño de sus subordinados, haya salido ileso? ¿Hay protección política detrás?
Una justicia regional sacudida por escándalos
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe atraviesa, desde 2022, un proceso de autodepuración en su delegación norte, particularmente en la ciudad de Reconquista. Primero fue Rodrigo González, fiscal adjunto, suspendido y luego apartado del cargo por presuntas irregularidades en causas penales, incluida la tramitación indebida de expedientes y su vínculo con actores del juego clandestino.
Más recientemente, la Legislatura provincial destituyó por unanimidad a Aldo Gerosa, titular de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Sexuales. A este se le imputó revictimizar a mujeres y niñas, favorecer a abusadores con juicios abreviados y omitir avanzar en más de una decena de causas graves. La sesión legislativa del pasado 20 de marzo de 2025 fue lapidaria.
En ambos casos, el común denominador es Rubén Martínez, fiscal regional de Reconquista desde 2014, superior directo de González y Gerosa. Sin embargo, Martínez nunca fue llamado a rendir cuentas por el desempeño de sus subordinados, pese a que su responsabilidad jerárquica es ineludible.
¿Cuál es el rol de un fiscal regional?
Según la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (Ley N° 13.013), el fiscal regional tiene como misión principal coordinar, supervisar y controlar el desempeño de los fiscales de su distrito. Su función no es solo administrativa sino también funcional. El artículo 17 establece:
“Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio Público de la Acusación en la división territorial para la que fue designado, y el responsable del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva”.
Esto incluye la evaluación de desempeño, la corrección de irregularidades, la emisión de directivas funcionales, y la obligación de comunicar a la Auditoría General cualquier situación que pueda configurar falta grave o mal desempeño.
Desde la doctrina, autores como Ricardo Levene (en “El Ministerio Público en el Estado de Derecho”) sostienen que:
“La jerarquía funcional no es un mero esquema organizativo: implica una responsabilidad directa de control. El superior que no advierte, o que advierte pero no actúa ante un desvío grave, incurre en omisión funcional”.
Aldo Gerosa fue denunciado por causas que llevaban más de tres años sin avances, otras con manejo irregular de pruebas, y acuerdos perjudiciales para las víctimas. Rodrigo González, por su parte, fue vinculado con el entorno del juego clandestino. ¿Es razonable pensar que Martínez no estaba al tanto? ¿O que no tenía herramientas para actuar?
Los silencios del poder: ¿quién protege a Rubén Martínez?
La pregunta inevitable es: ¿cómo un fiscal regional puede ver caer a dos de sus fiscales sin que se revise su gestión?
Para muchos actores locales, la explicación es política. Martínez mantiene una relación fluida con sectores del poder político del norte santafesino, particularmente con referentes del radicalismo departamental. Algunos legisladores incluso lo señalan como “intocable”, en parte porque su continuidad conviene a varios sectores, ya sea por afinidad ideológica o por conveniencia operativa.
El diputado Fabián Palo Oliver lo expresó sin rodeos:
Hace tiempo que venimos reprochando la actuación del Fiscal Regional de Reconquista Dr. Rubén Martinez, incluso lo denunciamos.
Después del apriete al Juez Banegas su situación se complicó.
Entonces, que hace Rubén Martinez? Inicia el trámite de jubilación ordinaria 1/3 pic.twitter.com/MbPQ2OSZL0— Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) January 13, 2025
Desde la comisión de Acuerdos de la Legislatura no se ha promovido aún ningún proceso formal contra Martínez. Pero los antecedentes lo comprometen cada vez más. Ya en 2022, organizaciones feministas de Reconquista exigían su desplazamiento por “negligencia estructural” en causas sensibles.
Una fuente judicial local, bajo reserva, sostuvo:
“Martínez siempre supo lo que pasaba. Eligió mirar para otro lado. Tiene aceitados vínculos con algunos senadores, y eso le permitió esquivar cualquier investigación”.
¿Un fiscal sin control? Las consecuencias institucionales
Si los fiscales tienen un deber de actuación con debida diligencia, los fiscales regionales lo tienen multiplicado. Son los garantes del funcionamiento correcto del sistema penal acusatorio en su región.
En este caso, las omisiones de Martínez son demasiado grandes para ser ignoradas. Permitir que fiscales como Gerosa o González operaran durante años, con centenares de víctimas desatendidas, no es solo una falla individual: es una falla sistémica.
¿Y ahora qué? El caso Gerosa como punto de inflexión
La destitución de Aldo Gerosa generó una ola de reclamos que no se detienen allí. Diversas voces políticas ya piden abrir una auditoría completa de la Fiscalía Regional de Reconquista.
Incluso desde el Ministerio Público se reconoce en privado que la región necesita una reestructuración: desde nuevas designaciones hasta cambios de protocolos. La fiscalía especializada en violencia de género está sin titular y decenas de causas esperan reactivarse.
¿Puede Rubén Martínez seguir al frente de esa reestructuración? ¿No sería razonable que, al menos, rinda cuentas por lo que no hizo cuando debió?
Para evitar cualquiera de estas investigaciones Rubén Martínez solicitó la jubilación e inició los trámites para dejar el MPA con un millonario sueldo como jubilado, evitando así que cualquier investigación caiga sobre su espalda. ¿Debería la Legislatura investigarlo antes de que reciba la jubilación y en caso de ser necesario bloquearle este beneficio que sale del erario público? ¿Habrá algún interés del Poder Político de investigarlo o la protección política finalmente lo dejará impune?
Vale recordar que su última aparición pública fue para amenazar a un Juez con un mensaje absolutamente mafioso. El Juez Santiago Banegas denunció que lo amenazó, a través del Juez Gonzalo Basualdo, con “dejarlo sin trabajo” gracias a sus vínculos con el poder político. ¿Qué pasó con estas amenazas? Para Martínez nada, Banegas no seguirá siendo juez desde el mes de Octubre.
Martinez fue concejal de Avellaneda, quién protege al Fiscal Martinez…? Re pregunto…