Sindicatos y acreedores exigen la intervención judicial de Vicentín ante la incertidumbre

El conflicto en torno a la agroexportadora Vicentín continúa escalando. Este viernes, durante una audiencia encabezada por el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, sindicatos aceiteros y acreedores exigieron la intervención judicial de la empresa ante la falta de garantías en el pago de los salarios de febrero. La reunión, que comenzó a las 9 y se extendió hasta pasado el mediodía, dejó en evidencia la crisis financiera que atraviesa la compañía y generó un fuerte cuestionamiento a la conducción del directorio.

Riesgo de paro y crisis salarial

La principal preocupación de los gremios aceiteros radica en la incertidumbre sobre el pago de los salarios de febrero. La empresa reconoció que aún le faltan reunir aproximadamente $1.500 millones de los $2.600 millones necesarios para afrontar el pago de remuneraciones. Mientras los sindicatos establecen como plazo límite el lunes 10 de marzo, Vicentín sostiene que tiene hasta el martes 11 para cumplir con sus obligaciones.

Si la compañía no logra reunir los fondos, los gremios de Aceiteros de San Lorenzo y la Federación Aceitera anunciaron un paro que no solo afectará a las plantas de Vicentín, sino que podría extenderse a todo el cordón industrial.

Hasta el momento, la empresa ha conseguido parte del dinero a través de adelantos por “fazones”, el servicio de industrialización y embarque de granos de terceros. Sin embargo, este mecanismo es solo una solución parcial y deja en evidencia la falta de un plan financiero sostenible.

El directorio, en la mira

Durante la audiencia, el directorio de Vicentín atribuyó la actual crisis a las demoras en la homologación de la oferta concursal por parte de la Corte Suprema de Santa Fe y al fallo adverso que rechazó la propuesta de pago a los acreedores. Según la empresa, esta situación alejó a los “inversores estratégicos” –Bunge, Viterra y ACA– que habían aportado granos con la intención de quedarse con los activos industriales y portuarios de la firma. Sin embargo, la estrategia de culpar a las demoras judiciales sufrió un revés cuando se expuso que la misma Vicentín presentó un recurso en queja ante la Corte Suprema de la Nación, lo que en la práctica imposibilita el avance del proceso de cram down para el rescate de la empresa.

El juez Lorenzini había convocado la audiencia con la expectativa de que Vicentín presentara un plan viable para garantizar la continuidad de la firma. No obstante, la empresa no llevó ninguna estrategia concreta y solo reiteró sus quejas sobre la situación judicial. La falta de respuestas generó un fuerte malestar entre los acreedores y sindicatos, que consideran que la administración de la compañía es la principal responsable del caos financiero.

Acreedores y sindicatos piden intervención judicial

Uno de los puntos más álgidos de la audiencia fue el reclamo del grupo Grassi, segundo acreedor comercial más importante de la empresa, que presentó números que evidencian que Vicentín podría mantenerse operativa si tuviera una administración eficiente. Según Grassi, en el mercado cerealero actual hay demanda de procesamiento y la compañía tiene condiciones competitivas para brindar el servicio de fazones. Sin embargo, acusaron al directorio de falta de previsión y de no haber planificado la producción y los embarques con la debida anticipación.

En este contexto, los acreedores manifestaron que están dispuestos a aportar granos y adelantar fondos, pero solo si la empresa cambia de conducción. Para ellos, la falta de confianza en el directorio es un obstáculo insalvable y la única solución viable es que la Justicia intervenga y desplace a los actuales administradores.

Los gremios aceiteros reforzaron esta postura, señalando que la situación financiera de Vicentín comenzó a deteriorarse aún más desde que en septiembre la firma dejó de estar intervenida judicialmente. La Federación Aceitera fue especialmente crítica y también apuntó contra Bunge y Viterra, cuestionando si su decisión de cortar los fazones responde a una estrategia de presión más que a una cuestión comercial.

Otro punto que generó controversia es la falta de explicaciones sobre el destino de los fondos que la empresa debería estar recibiendo por su participación en Renova, la mayor aceitera del país, de la cual Vicentín aún posee más del 30% de las acciones. Según estimaciones, la compañía debería estar percibiendo unos 15 millones de dólares anuales por esta participación, lo que planteó la incógnita sobre el manejo de estos recursos y su impacto en la crisis de liquidez.

Conclusión: incertidumbre y continuidad del conflicto

Ante la falta de respuestas y el agravamiento del conflicto, el juez Lorenzini decidió mantener abierta la mesa de diálogo en un intento por evitar medidas extremas. Sin embargo, la posibilidad de una nueva intervención judicial de Vicentín está cada vez más presente en la agenda de sindicatos y acreedores, que exigen una solución estructural para evitar el colapso definitivo de la empresa.

Mientras tanto, el tiempo corre y la empresa debe reunir los fondos necesarios antes del próximo martes para evitar un paro que podría paralizar una de las industrias más importantes del país.