Tensión: más de 200 policías frente a Algodonera Avellaneda

Tras la audiencia judicial de ayer unos 200 policías y más de una decena de móviles policiales llegaron a la empresa del Parque Industrial que está parada por un reclamo laboral.

Los policías comenzaron a llegar minutos antes de las seis de la mañana de este viernes al frente de la empresa para liberar el acceso principal y que puedan entrar los trabajadores que quieren volver al trabajo.

Los manifestantes se convocaron rápidamente cuando comenzaron a notar la llegada de los uniformados por temor a una represión.

Son más de 200 policías y unos 14 patrulleros los que están apostados frente a la empresa en el momento más tenso desde que comenzó el conflicto hace ya más de dos meses.

Desde algunos sectores empresarios y también desde algunos medios de comunicación se viene fogoneando, desde hace varios días, la represión policial para terminar con el reclamo de los trabajadores que tienen salarios que no alcanzan los $30.000 mensuales.

Frente al Juez, uno de los abogados de los trabajadores Iván Bordón, denunció la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación.

Los trabajadores de Algodonera Avellaneda están reclamando un bono por producción de $20.000 mensuales para sumar así un salario que les permita salir de la línea de pobreza.

En la actualidad los obreros ganan sueldos que no alcanzan los $30.000 pero la empresa está cerrada en no pagar más allá del convenio colectivo de trabajo que hoy tiene salarios de hambre en todo el país.

El conflicto laboral lleva ya dos meses y no parece tener fin pese a todos los intentos que se realizaron, por el contrario da la impresión de que se busca que se extienda en el tiempo.

Algodonera con las cuentas embargadas

El Banco Nación le pidió al Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que trabe embargo sobre tres cuentas corrientes que pertenecen a la empresa Algodonera Avellaneda, de grupo Vicentín.

Son cuentas que están dentro del propio Banco Nación en las sucursales de Reconquista, Charata y Bandera. El banco también le pidió al Juez que embargue un inmueble que es propiedad de Algodonera Avellaneda.

Este pedido lo realizó en el marco del pedido de lograr cobrar los cinco millones de dólares que Vicentín se comprometió a pagar mediante un pagaré que está sin cumplirse desde el año pasado.

El Juez Aldo Alurralde entendió que la entidad bancaria tenía suficientes argumentos para realizar la petición y decidió acceder a ello y trabar embargo de estas cuentas bancarias.

La situación económica de Algodonera Avellaneda ahora está más comprometida que nunca ya que no podrán disponer de un solo peso de todo lo que tenían en las cuentas bancarias.

Empresa inhibida

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy la inhibición general de bienes de Algodonera Avellaneda S.A., del grupo Vicentin, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos entregados durante el macrismo a la cerealera.

El pedido de inhibición había sido presentado por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, que pretendía que también fueran inhibidas la firma Vicentin SAIC y 26 personas (todos los directivos y funcionarios que, según su investigación, intervinieron en las operaciones objeto de la causa). Fuentes judiciales dijeron a la LA NACION que Ercolini no inmovilizó los bienes de Vicentin porque la sociedad ya estaba inhibida por el juez del concurso y que, por ahora, no avanzó sobre ninguna de las personas físicas acusadas.

Además de la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda, el juez dispuso la “prohibición de innovar la composición accionaria” de esa misma firma. Y ordenó el levantamiento de “los secretos fiscal, bancario y bursátil” que protegen la confidencialidad de la información de más de una veintena de acusados, incluido el expresidente del Banco Nación Javier González Fraga.

Este caso, que tiene imputado a González Fraga desde febrero pasado, cobró especial relevancia política después de que el presidente Alberto Fernández anunció que planeaba expropiar Vicentin y la intervino, medida que fue frenada por el juez de Reconquista Fabián Lorenzini. Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con sus planes.

El fiscal Pollicita, que tiene delegada la causa, investiga presuntas maniobras en perjuicio del Estado Nacional a través de un supuesto otorgamiento irregular de préstamos que le permitieron a Vicentin acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, deuda que -según Pollicita- ahora es de “cobro incierto” porque la empresa está en cesación de pagos.

La causa se inició por una denuncia presentada el 27 de enero pasado por Fernando Miguez, quien como presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, manifestó que tomó conocimiento de los supuestos delitos a partir del “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentín” que había elaborado once días antes el director del Banco Nacion Claudio Lozano.