Tras la suba de retenciones, el campo amenaza con cortes de ruta en todo el país

Desde el sector rechazaron las últimas medidas sobre la exportación de productos derivados de la soja y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo. No descartan protestas con cortes de ruta.

Con el fin de “mitigar el impacto de la situación” en Ucrania y evitar que la guerra afecte a los precios locales de los alimentos, el Gobierno confirmó el aumento a las retenciones para la harina y el aceite de soja y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo, para neutralizar “el costo de la tonelada” de dicho producto.

Las medidas fueron oficializadas a través de los decretos 131 y 132, publicados este sábado en el Boletín Oficial.

Tal como estaba previsto, el texto estableció que a partir de ahora y hasta el próximo 31 de diciembre se incrementa la alícuota del derecho de exportación que pagan determinados alimentos, entre los cuales están la harina y el aceite de soja, que pasarán a abonar del 31% al 33%. En los escritos, las autoridades nacionales sostuvieron que “la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”.

“Ambas naciones aportan a la seguridad alimentaria total mundial el 28% del comercio internacional de trigo, el 19% del de maíz y el 78% del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando sus precios internacionales y alcanzado alzas históricas”, señaló el Gobierno.

Y agregó: “Siendo la República Argentina un relevante proveedor global de estos productos, se hace necesario alentar a los productores para que continúen creciendo en la producción de estos cereales y esta oleaginosa que el mundo demanda”.

A pesar de la furia que provocó en el sector agrario esta decisión, en Casa Rosada sostienen que “era necesario dictar una medida transitoria y temporal” que aumente las retenciones de otras mercaderías, como la harina y el aceite de soja, “con el fin de que el excedente que se recaude se destine a garantizar políticas tendientes a evitar un costo adicional en los alimentos para la población en general y, particularmente, para los sectores de menores ingresos”.

En esta misma línea, mediante el Decreto 132/2022 se creó el denominado “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, un fideicomiso de administración y financiero que tendrá el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada” de este cereal “que compran los molinos” a nivel nacional. El mismo se financiará con el dinero adicional que ingresará por el aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja. Con la suba del 31 al 33% se va a subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos que se comercializa a las panaderías.

Con este programa se busca “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto (en Ucrania), de las mercaderías involucradas”.

La noticia llegó horas después del mensaje grabado que emitió el viernes Alberto Fernández en el que lanzó la “guerra contra la inflación”, aunque sin brindar demasiados anuncios.

“He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento”, expresó el mandatario.

La medida generó el rechazo inmediato de diversos sectores de la industria.

“Esto genera un clima de desconfianza e incertidumbre (…) Creo que va camino a una protesta nacional”, dijo a La Nación+ Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el sábado tras conocerse la medida.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja por considerar que es una medida que “no tiene legalidad”, desincentiva las exportaciones y atenta contra “la industrialización de la soja en el país”.

“Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho derecho”, dijo CIARA en un comunicado publicado en Twitter.

Para intentar combatir la inflación, el Gobierno también intervino en mercados de exportación agrícolas en el 2020. El año pasado por unas semanas aplicó cupos a los embarques de maíz, mientras que las ventas al exterior de carne de res aún tienen límites.