El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe anunció que se levanta el plan de lucha luego de que la Corte Suprema de Justicia informara la firma de los decretos pendientes por parte del gobernador Maximiliano Pullaro.
Este hecho marca el fin de un conflicto que generó tensiones entre los empleados judiciales y el Ejecutivo provincial, en un contexto de duros enfrentamientos entre el mandatario y los gremios de empleados públicos.
El conflicto, que paralizó parcialmente la actividad judicial en la provincia, tuvo como eje la demora en la firma de decretos que habilitaban el ingreso de nuevos trabajadores y la regularización de vacantes. Esta situación llevó al sindicato a implementar medidas de fuerza que afectaron significativamente el normal funcionamiento de los tribunales.
382 nuevos juramentos y el compromiso de seguir firmando decretos
El gremio confirmó que, entre el viernes 6 y el lunes 9 de diciembre, 382 nuevos empleados judiciales prestarán juramento en diferentes puntos de la provincia: 191 en la zona norte y 191 en la zona sur. Además, destacaron que desde el Ejecutivo provincial se asumió el compromiso de continuar con la firma de los decretos pendientes durante el mes de diciembre, un punto central en las demandas gremiales.
Pullaro y los gremios: una relación tensa
La resolución del conflicto se produce en medio de una relación conflictiva entre Maximiliano Pullaro y los sindicatos de empleados públicos, incluidos los judiciales. Desde el inicio de su gestión, el gobernador ha mantenido una postura firme frente a los gremios, generando enfrentamientos en torno a demandas salariales y laborales.
La firma de estos decretos puede interpretarse como un intento del gobernador de descomprimir la situación, aunque las tensiones de fondo entre el Ejecutivo y los trabajadores públicos persisten.
El gremio celebra un triunfo de la unidad
Desde el sindicato destacaron que este desenlace es producto de la unidad y la firmeza de los trabajadores judiciales en la defensa de sus derechos. En un comunicado, señalaron: “La unidad de los judiciales garantiza la defensa de los derechos laborales y la independencia del Poder Judicial”, dejando en claro que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno provincial.
El fin del conflicto permite la reanudación de las actividades judiciales con normalidad, una noticia que beneficia a toda la ciudadanía que depende de estos servicios. Sin embargo, el trasfondo político de la relación entre Pullaro y los gremios promete seguir siendo un tema candente en la provincia.
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