En un paso significativo hacia la resolución de la problemática de ocupación ilegal de terrenos en la zona Oeste de Reconquista, la Jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), la Doctora Norma Senn, ha emitido un ultimátum a los usurpadores, marcando el inicio de una cuenta regresiva hacia un posible desalojo forzado.
La magistrada, tras minuciosamente analizar los testimonios y las pruebas presentadas, tomó la determinación de declarar el estado antijurídico, considerando las circunstancias que rodean la ocupación ilegal de los terrenos en cuestión. Como consecuencia de esta resolución, emitió una orden de desalojo con un plazo límite: el viernes 18 de agosto a las 13 horas.
En el caso de que los ocupantes ilegales no cumplan con esta orden, la Jueza Senn ha notificado al jefe de la UR IX para que, una vez expirado el plazo, proceda al desalojo utilizando la fuerza pública si es necesario. Esto marca un claro intento de garantizar el cumplimiento de la decisión judicial y la restauración del orden legal en la zona afectada.
Además, la Jueza Senn ha puesto en conocimiento al área de niñez, adolescencia y familia, con el fin de resguardar y proteger a los menores involucrados en esta situación delicada.
El Ministerio Público de la Acusación también ha emitido un comunicado oficial en el que se anuncia que se ha acogido favorablemente la solicitud de desalojo presentada por la Fiscalía y la Municipalidad de Reconquista. La audiencia llevada a cabo en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista fue presidida por la Jueza de la IPP, la Doctora Norma Senn.
El Fiscal Doctor Juan Sebastián Marichal había solicitado el desalojo el pasado 4 de agosto, pidiendo que se ponga fin a la ocupación clandestina de un predio público por parte de un grupo de personas.
Antes de recurrir a la solicitud de desalojo ante el juez de la IPP, el Ministerio Público de la Acusación convocó en dos ocasiones a audiencias de mediación con el objetivo de buscar una solución dialogada al conflicto. Sin embargo, estas instancias no tuvieron éxito en resolver la situación, llevando al representante del MPA a solicitar la intervención judicial para poner fin a la ocupación ilegal.
La Municipalidad de Reconquista, representada por el Doctor Andrés Ghio y el Lic. Nicolás Sandrigo, se sumó al pedido de desalojo presentado por el Fiscal, argumentando que la ocupación ilegal estaba generando perjuicios graves al impedir la ejecución de obras esenciales para la urbanización del predio, así como obstaculizando la adjudicación de lotes.
La Jueza de la IPP, en su resolución, ha establecido que hasta el 18 de agosto de 2023, a las 13 horas, el personal a cargo de la UR IX deberá comunicar de manera efectiva y diaria la orden de desalojo utilizando dispositivos amplificadores de voz en el lugar. De no cumplirse este aviso, se llevará a cabo el desalojo posterior a la hora especificada, con la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en caso de resistencia.
La fecha límite se acerca y las tensiones aumentan en Reconquista, mientras la comunidad y las autoridades esperan ver cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos en esta situación de conflicto que involucra la legalidad, la propiedad y el uso de la fuerza pública.
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