Vicentin: Banco Nación respalda la idea de un cramdown

Tras las declaraciones de Alberto Fernández sobre la posible intervención de Vicentin y el paso de la causa a la Corte provincial, el titular del Banco Nación apoyó la propuesta de cramdown, el diseño de un fideicomiso financiero que impulsan acreedores comerciales.

En medio de las polémicas que generaron las declaraciones de Alberto Fernández sobre la posible intervención de Vicentin, tras el intento frustrado que ocurrió hace dos años, el Banco Nación apoyó la propuesta de cramdown, el diseño de un fideicomiso financiero que impulsa un grupo de 72 acreedores comerciales, que integran el ala más crítica de los acreedores de Vicentin.

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En línea con los dichos del mandatario, el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, consideró que “a partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad, se abre una etapa, que probablemente sea la del cramdown”.

En el reportaje que le hizo el domingo Página 12 a Fernández, el Presidente indicó que, en 2020, descartó la estatización “porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, pero aclaró que ahora estudia el caso “en el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino y se podría dar un cramdown”.

En ese sentido, Hecker señaló que, en esta instancia, “se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado, y el funcionamiento a pleno de la compañía, generando empleo y alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado”.

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De igual modo, el Nación ratificó, una vez más, su rechazo a la propuesta de pago que realizó la cerealera a los acreedores. “Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta implica convalidarlo y una quita del 80% en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación, lo que significa un daño al patrimonio colectivo”, aseguró Hecker.

A su vez, recordó que “como parte de la política del Gobierno, el Banco Nación manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo”. “Lo que se perfilaba en la propuesta es la posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando”, explicó.

Anteriormente, la entidad bancaria tildó a la oferta como “inviable” y “vacía de contenido sanatorio”.

El banco estatal es el principal acreedor del gigante agroexportador. Vicentin le adeuda u$s 300 millones por créditos otorgados. Por tener el mayor monto del pasivo, buena parte de su acreencia verificada -u$s 246 millones, con la actualización de intereses- recibe un ‘tratamiento privilegiado’, lo que le confiere un poder de negociación diferente a la hora de acordar las condiciones. Es decir, el pago de la ‘deuda privilegiada’ al Nación corre por otra vía.