Vicentin contraataca: Denuncia a Mariano Grassi y empresas por estafa y extorsión en el prolongado conflicto concursal

En un giro inesperado dentro del prolongado proceso concursal de Vicentin, la empresa ha presentado una denuncia penal por “estafa y extorsión” contra Mariano Grassi, propietario de Commodities S.A., y otras entidades asociadas.

La acusación, radicada en la Fiscalía Regional 4 de Reconquista bajo la dirección de Juan Sebastián Marichal, también involucra a las firmas Commodities S.A. y Olzen Industria y Comercio del Calzado S.A. Según Vicentin, estas entidades habrían ejecutado maniobras destinadas a obstruir el acuerdo con los acreedores, con el objetivo de tomar el control de la compañía de manera irregular.

La denuncia, respaldada por el abogado Andrés Ghio, sostiene que los acusados llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas para impedir la concreción del acuerdo concursal. Entre las tácticas mencionadas se incluye la presentación de denuncias falsas y la utilización de sociedades supuestamente independientes para entorpecer el proceso judicial. Vicentin argumenta que estas acciones lograron influir en funcionarios judiciales, quienes habrían sido inducidos a error debido a la complejidad del ardid empleado.

Un punto central de la denuncia es la acusación contra Commodities S.A., una corredora de granos con sede en Rosario, propiedad de Mariano Grassi. Vicentin alega que Commodities presentó una denuncia infundada contra Renova S.A., acusándola de transferir una deuda a Vicentin, a pesar de que Commodities había verificado su crédito en el concurso. Además, se señala que Commodities cedió su crédito a sus accionistas sin informar adecuadamente al juzgado, continuando con acciones legales contra Vicentin sin tener legitimidad para hacerlo.

La denuncia también destaca que Commodities solicitó una medida cautelar al juez Posma, actualmente bajo investigación penal en Rosario, para que ordenara al juez Fabián Lorenzini abstenerse de homologar el concurso de Vicentin. Según los abogados de la empresa, esta maniobra formó parte de una estrategia para perjudicar a Vicentin, incluyendo la solicitud de juicio político contra el juez Lorenzini y el pedido de avocamiento de la Corte Suprema de Santa Fe, lo que habría demorado el proceso concursal en detrimento de los acreedores.

Mariano Grassi es señalado como el autor intelectual de un plan para adquirir Vicentin, presentado junto a CIMA, ahora conocida como CFS Advisors, una ALyC del mercado de capitales. La denuncia sugiere que Grassi utilizó diversas sociedades para entorpecer el concurso, destacando especialmente a Olzen Industria y Comercio del Calzado S.A. Esta firma, representada por los abogados Farina, Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino, habría realizado acciones judiciales destinadas a obstaculizar el acuerdo de Vicentin con sus acreedores, como el pedido de nulidad de la apertura del concurso preventivo.

Vicentin también acusa a Grassi de intentar trasladar el concurso a Rosario, donde tendría mayor influencia, y de haber falsificado la existencia de un fideicomiso que nunca recibió los bienes fideicomitidos. La empresa sostiene que las mismas personas y estudios jurídicos estuvieron detrás de las acciones que buscaban entorpecer el concurso, incluso después de que la mayoría de los acreedores aceptara la propuesta de pago.

La querella subraya que el estudio jurídico “Casanova, Mattos, Salvatierra, Freser”, donde trabaja la abogada Cosentino, representa al Grupo Grassi, a Olzen y a una asociación civil llamada Red de Consumidores. Este estudio habría realizado distintas presentaciones ante la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor para solicitar medidas cautelares que suspendieran provisoriamente los efectos de los contratos celebrados con los inversores estratégicos, logrando en algunos casos resultados favorables.

Además, Vicentin acusa a Grassi de presentar una denuncia falsa por presunta violación de medidas cautelares, lo que llevó a la detención del presidente de Vicentin por haber suscripto los contratos definitivos con los inversores estratégicos. Según la contradenuncia, las víctimas de este plan orquestado han sido la propia Vicentin y los verdaderos acreedores de la sociedad, quienes ven demorado el pago de sus acreencias en los términos del acuerdo concursal. También se menciona a los trabajadores de Vicentin, que hoy enfrentan un Procedimiento Preventivo de Crisis debido a la pérdida de liquidez de la empresa, motivada por la demora de dos años y medio en homologar el expediente.

Este contraataque judicial de Vicentin se produce en un contexto de complejas disputas legales y financieras que han marcado el proceso concursal de la empresa desde su inicio en diciembre de 2019, cuando entró en cesación de pagos por aproximadamente 1.300 millones de dólares. La situación se ha visto agravada por diversas acciones judiciales y denuncias cruzadas entre la empresa y sus acreedores, lo que ha prolongado la resolución del concurso y generado incertidumbre tanto para los acreedores como para los trabajadores de la firma.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de admitir un recurso de inconstitucionalidad presentado por Commodities S.A. ha añadido una nueva capa de complejidad al proceso. Esta medida podría demorar aún más la posibilidad de cobro por parte de los acreedores y afecta las negociaciones de Vicentin con los grupos interesados en asumir el control de la empresa, como Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

En este escenario, la denuncia de Vicentin contra Mariano Grassi y las empresas asociadas representa un intento de la compañía por defenderse de lo que considera maniobras fraudulentas destinadas a perjudicarla y apropiarse de sus activos de manera irregular. La resolución de estas disputas legales será determinante para el futuro de la empresa y la satisfacción de las demandas de sus acreedores y trabajadores.

Es importante destacar que este conflicto no solo tiene implicancias económicas, sino también sociales, dado el impacto que la situación de Vicentin tiene en las comunidades donde opera y en la cadena de valor agroindustrial de Argentina. La prolongación del proceso concursal y las disputas legales asociadas generan incertidumbre y afectan a múltiples actores, desde productores y proveedores hasta empleados y clientes de la empresa.