El máximo tribunal no avanzó con el avocamiento y con algunas recomendaciones restituyó al juez de Reconquista el expediente concursal, cuyo trámite había suspendido.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió ayer restituir el expediente del concurso de acreedores de la empresa Vicentin al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a quien le había quitado el trámite del mismo luego de que dos fiscales, en la Justicia Penal, señalaran irregularidades en el trámite concursal que ya cumplió tres años.
Pese a esa decisión, la Corte provincial estableció en su escrito una serie de recomendaciones al magistrado orientadas a “proteger los intereses de los trabajadores, las cooperativas, pequeños productores y el Banco de la Nación Argentina” y señalaron que del cumplimento de estas pautas dependerá el futuro del expediente.
El retorno del expediente al juzgado de Reconquista puede interpretarse como un triunfo para la agroexportadora que, luego de declararse en default, siempre logró el aval de Lorenzini a sus propuestas, la mayoría de las cuales fueron cuestionadas y rechazadas al menos por los acreedores más grandes.
Este último proceso arrancó el 16 de junio de este año, cuando el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, le quitó el trámite del concurso de acreedores de Vicentin al juez Lorenzini.
La determinación se dio una semana después de que en audiencias públicas en el Centro de Justicia Penal de Rosario, dos fiscales señalaran irregularidades en el trámite concursal de la agroexportadora y luego de que uno de sus principales acreedores solicitara al máximo tribunal que se avocara directamente a la causa, en el criterio de que el magistrado civil no está tomando en cuenta los ilícitos señalados.
El pedido de avocamiento fue realizado por la empresa Commodities, cuyo titular es Mariano Grassi, que formalizó ante la Corte Suprema un reclamo para que se impida la convalidación de parte de Lorenzini de un acuerdo de salida que sería satisfactorio a los intereses de la concursada.
Commodities es una de las más críticas del proceso concursal y junto con un núcleo de 50 empresas del agro dio pelea para que la resolución de la crisis de Vicentin sea a través del denominado cram down, en el que sean los propios acreedores quienes ofrezcan una salida al conflicto.
En septiembre de este año, el Procurador General Jorge Barraguirre presentó su dictamen sobre el caso Vicentin en el cual aconsejó desestimar el pedido de avocamiento formulado por Commodities. A partir de entonces la palabra la tuvo la Corte Suprema que ayer decidió devolver el expediente al juez de Reconquista.
Poco antes de que la Corte se decidiera suspender el trámite concursal, todo indicaba que Vicentin lograría las mayorías legales para aprobar su acuerdo preventivo. Solo restaban las adhesiones de los bancos extranjeros, que venían brindando señales inequívocas de aprobación.
En su pedido de avocamiento, los representantes legales de Commodities tildaron al juez de “complaciente” para con la agroexportadora, porque le permitió “violar la ley de manera flagrante”.
En su réplica, Lorenzini defendió cada una de sus actuaciones, algunas de las cuales incluso fueron criticadas por la propia Vicentin, que en su momento calificó algunas medidas como una “aventura inquisitoria”, entre ellas la autorización para realizar una auditoria forense. El magistrado puso de relevancia este tipo de decisiones, a las que sumó también la colocación de interventores y veedores.
La semana pasada Cámara Federal de Casación revocó parcialmente una medida cautelar que le impedía a Vicentin Saic modificar su composición accionaria y la situación económico-financiera de empresas que integran ese grupo.
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