Vicentin: “La caja se está deteriorando” por las demoras

Vicentin dio marcha atrás con su pedido de que Grassi pague los costes de la intervención de la Corte en el concurso. Como la avanzada se le empantanó ante las posiciones diferentes en el máximo tribunal, busca ahora que la reactivación de la convocatoria de acreedores no se siga demorando.

Vicentin desistió este jueves de pedir que el acopio Commodities (del grupo Grassi) se haga cargo de pagar los costes del “incidente” procesal que llevó a que su convocatoria de acreedores tenga que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.

La marcha atrás de la defaulteada agroexportadora, que llegó a aventar que la empresa cerealista que había pedido la intervención del alto tribunal y con la que mantiene un fuerte enfrentamiento debía pagar hasta u$s30 millones, obedece a que tratar el tema de los costes demoraría la vuelta del expediente al juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, y por ende el avance del concurso de acreedores, que es lo que busca.

En rigor, en Commodities -que es segundo acreedor comercial de la aceitera- nunca le dieron demasiada entidad a la avanzada por los costes, ya que no solo calculaban que debía estar en el millón de pesos (argumentando que todo el proceso puede tener un costo de 10 millones de dólares) sino que sostenían que debían ser compartidas porque, si bien la Corte desistió en hacerse cargo del concurso (como le pidieron) lo devolvió a Lorenzini con señalamientos que, aseguran, deben traducirse en una mejora en la oferta de pago presentada.

Como sea, en un escrito presentado esta mañana, Vicentin puso reversa y desistió de pedirle al máximo tribunal que el grupo Grassi pague la cuenta y apuesta ahora que Lorenzini pude avocarse al expediente.
Con la firma del abogado Maximiliano Toriceli, la empresa sostiene que “dado que no hay mayoría de opiniones para adoptar una decisión al respecto, vengo por el presente a expresar que a efectos de poder retomar el trámite concursal sin dilaciones, mi mandante se ve en la necesidad de declinar la aclaratoria interpuesta y solicitar la inmediata remisión de las actuaciones al juez del concurso preventivo”.

La caja de Vicenctin, complicada

“Cabe indicar que el recurso de aclaratoria que esta parte interpuso contra la categórica sentencia que rechazó el pedido de avocación versa exclusivamente sobre la imposición de costas omitida, y que el escrito por el que esta parte solicitó la remisión de las actuaciones al juez de primera instancia dio debida cuenta del perjuicio que provoca a mi mandante la suspensión del trámite concursal, que a esta altura lleva ya ocho meses”, agrega.

“En efecto, durante los ocho meses que ha insumido el pedido de avocación que ha finalizado con el rechazo unánime de los seis integrantes del Alto Tribunal, la situación financiera de mi mandante se ha ido complicando progresivamente. En la época de la suspensión del trámite la sociedad tenía una caja importante y suficiente para transitar el trámite de homologación, no había pasivos postconcursales y la sociedad giraba normalmente. Ocho meses después, esa situación es distinta por causas independientes de la empresa. La caja sufre deterioros por la situación macroeconómica del país, el sector agroindustrial ha perdido ventajas competitivas y hay un estado de incertidumbre respecto de la empresa que la suspensión del concurso agrava”, agrega.

“Toda demora en regresar el expediente redundará en días de inactividad de las plantas, en pérdidas crecientes y en inestabilidad en toda la zona de influencia de las plantas, que no puede predecirse dónde conducirá en un escenario macroeconómico de por sí complicado. En base a estas circunstancias, me veo compelido a desistir formalmente del recurso de aclaratoria”, concluye.

Cómo sigue el proceso

Una vez en sus manos, el juez debe definir si homologa la oferta presentada por Vicentin (que tiene las mayorías en capital y cápitas) y que está atada la venta al traspaso del capital a ACA, Bunge y Viterra; si la da por rechazada y abre la instancia del cram down (permitiendo a otros interesados en hacer ofertes de pago y quedarse con los activos, que es lo que impulsa Grassi) o si busca el espacio normativo para que la empresa mejore las condiciones de pago a los medianos y grandes acreedores. // Rosario3