Vicentin: la Provincia advierte que con intervenir la empresa ya no alcanza para rescatarla de la crisis

Funcionarios del gobierno provincial y directivos de la firma se volverán a reunir este lunes en Reconquista, a pedido del juez que entiende en la convocatoria de la defaulteada agroexportadora.

Que la Justicia provincial dicte ahora la intervención de Vicentin y desplace a su directorio pero sin que los interventores obtengan los derechos políticos sobre las acciones de la empresa, no alcanza para reactivar el plan de rescate y venta que impulsaron el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe. Así se lo comentó días atrás el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, a los directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, con quienes mantuvo un encuentro virtual para ponerlos al tanto de la marcha del caso.

Y el dato viene a cuento, a raíz de que funcionarios del gobierno de Santa Fe y directores de Vicentin se volvían a ver las caras este lunes a las 10.30 en Reconquista, luego de que el 30 de julio fracasaran las negociaciones para que la defaulteada empresa entregue sus acciones a un fideicomiso que buscaría acordar con acreedores e inversores el rescate de la agroexportadora.

La reunión de este lunes fue convocada por el juez que entiende en la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini, en el marco del pedido de intervención que –en paralelo al concurso- presentó la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe argumentando la existencia de muchas irregularidades en el manejo de la compañía.

Precisamente, fue en el marco de las audiencias que el magistrado convocó para intentar una salida acordada a ese pedido de intervención cuando el gobierno provincial propuso que Vicentin ceda sus acciones a un fideicomiso administrado por terceros que –sin la intervención de los directores que perdieron toda la confianza del mercado- pueda tejer un acuerdo con acreedores y nuevos inversores para capitalizar y rescatar la empresa.

Pero cuando el 30 de junio el directorio de Vicentin finalmente se negó a ceder sus acciones, el gobierno provincia dio por terminadas las conversaciones y le pidió al juez que se pronuncie sobre su pedido de intervenir la empresa. Con la reunión anunciada para este lunes, el juez tiene como objetivo avanzar en la toma de una decisión final sobre la intervención.

No obstante, tal como se los anticipó Somaglia a los directivos de la Bolsa, la mera intervención de la empresa sin el control de las acciones (que sólo pueden dar los socios) podría servir para evitar maniobras de vaciamiento y desmanejos financieros durante la convocatoria, pero no parar emerger como los conductores de un proceso de capitalización, venta y reactivación del grupo aceitero que supo ser el principal exportador de harinas del país.

Lo cierto es que luego del corte de conversaciones, los grupos empresarios interesados en participar del rescate bajaron varios cambios a las gestiones y quedaron expectantes a la decisión del juez. Pero sin horizontes de venta cercana, empezó a cobrar fuerza el escenario de una convocatoria larga que licue pasivos o hasta una posible quiebre de la firma. Y ante esas perspectivas en las últimas semanas los acreedores comerciales (a lo que le deben 350 millones de dólares) empezaron a tomar temperatura y analizan avanzar con demandas judiciales, como pedir la nulidad de la convocatoria aferrándose a particularidades polémicas del proceso concursal como que la defaulteada pidió la convocatoria sin presentar todavía su último balance.

Sobre la marcha de la convocatoria, el juez y la Sindicatura ahora deben avanzar en la consolidación del monto total de la deuda, luego de que en la presentación para verificar los créditos los acreedores presentaron un pasivo un 15 por ciento mayor al previsto por la empresa, lo que complica más aún la situación financiera de la compañía.

Finalmente, en paralelo a la convocatoria, se le complica el escenario judicial a la empresa con el anuncio que hizo la semana pasada el Banco Nación, principal acreedor financiero de Vicentin (le deben 300 millones de dólares), de que le pedirá a la Justicia federal que investigue maniobras de vaciamiento patrimonial, como sospecha que ocurrió con la reciente venta del frigorífico Friar al grupo financiero internacional Baf.