Denuncian en la Corte Suprema al Juez José Mántaras

Al Juez de la Cámara de Apelaciones de Vera se lo acusa de desconocer las normas más elementales del Derecho y se lo denunció por abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En base a la información que pudo recabar este medio, tres serían las denuncias presentadas contra el Dr Mántaras en los últimos meses.

En la primera de ellas, el letrado denunciante afirma que hay dolo en su accionar ya que un Camarista no puede desconocer que nunca se puede cambiar una sentencia que ya se ha tomado, para además hacerlo en el sentido contrario al antes expresado. Eso fue lo hecho por Mántaras, según la denuncia, teniendo como resultado que se prorrogue (de forma extraordinaria) una “prórroga extraordinaria” de una prisión preventiva para un acusado que ya había permanecido más de 2 años tras las rejas. Lo acusan de anular fácticamente su propia sentencia, recayendo así en un prevaricato inusitado. Y que jamás podría un Juez detentar la facultad de anular sus propias sentencias, ya que ni la Constitución Nacional ni la Provincial conceden semejante facultad.
El segundo de los hechos denunciados contra el Juez José Mántaras, también se presenta durante el tratamiento de una prisión preventiva. Se lo acusa de haber cerrado el debate de las partes sin darle lugar a la palabra de la defensa. Negándole que pueda expresarse, afectando el derecho de defensa más elemental de una persona.
Y en el último de los casos denunciados, a los que desde este medio se pudo acceder, el Juez del Tribunal de Apelaciones fue acusado de manejarse con absoluta falta de imparcialidad al informar de manera particular al Fiscal de la causa. Permitiendo que una Cámara Gesell sea realizada por la misma persona encargada de realizar un estudio interdisciplinario en idéntico hecho. 

Según los abogados denunciantes, el Magistrado estaría incurso en las causales de enjuiciamiento y remoción del cargo establecidos en el Art. 7, incisos 1° y 4° de la Ley Prov. 7050 (ignorancia manifiesta del derecho comprobada de manera reiterada y comisión de delitos dolosos). Lo acusan de evidenciar un grado superlativo de desconocimiento jurídico (desde la faz administrativa) o, en su caso, de dolo (en lo estrictamente penal).