A pesar de los fueros, los funcionarios de la Agencia de Criminalidad Organizada convocaron al senador al Centro de Justicia Penal. El legislador podrá dar sus explicaciones. No estará la jueza presente porque no se podrán dictar medidas cautelares.
El senador Armando Traferri fue citado a una audiencia imputativa “en libertad” el próximo viernes a las 9 de la mañana ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes investigan una red de juego clandestino, encabezada por Leonardo Peiti –quien está en libertad- que pagaba coimas a dos fiscales para garantizar su funcionamiento.
Según las fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, Traferri será sometido “a una audiencia imputativa en libertad” en la que no estará presente la jueza Eleonora Verón, que entiende en esta causa, porque los fiscales no podrán pedir medidas cautelares, es decir, la eventual detención del senador provincial ya que lo resguardan sus fueros.
Este paso en la causa apunta a que los fiscales notificarán a Traferri de los hechos y pruebas en su contra. El senador podrá declarar si lo considera necesario ante los funcionarios de la Agencia de Criminalidad Organizada. También puede negarse a presentarse a la convocatoria de los fiscales amparado en sus fueros. En teoría, en esta etapa los fiscales deben tener indicios para atribuirle un posible delito a la persona que convocan a audiencia imputativa.
El artículo 27 del código procesal penal de Santa Fe es que el regula este punto. “Cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente”, indica la norma.
En el segundo párrafo la ley señala: “En la investigación preparatoria que brinde sustento probatorio a la decisión, no se aplicarán las disposiciones que impliquen una sujeción al proceso, o el ejercicio del poder coercitivo respecto del afectado, pero podrán recibírsele a éste las explicaciones y pruebas que quiera proporcionar. A tal efecto podrá llamárselo a prestar declaración, pero, si no concurre, no podrá forzárselo”.
La citación de Traferri se produjo después de que el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que admitió haber cobrado coimas del empresario Peiti y está detenido, declarara durante más de tres horas y media en una audiencia que provocó un escándalo político. Ponce Asahad acusó a Traferri de ser una especie de intermediario entre el empresario de juego clandestino y la justicia.
Ponce Asahad acusó a Traferri de tener influencias directas en la Fiscalía de Rosario para proteger a Leonardo Peiti, un empresario que manejaba una red de casinos clandestinos con la protección de este fiscal y su jefe Patricio Serjal, quienes están imputados por cobrar sobornos de 5000 dólares por mes a cambio de evitar que este hombre que sea investigado. El empresario también le pagaba, según admitió Ponce Asahad, a Los Monos, luego de que balearan un edificio de su propiedad y le dejaran un mensaje escrito en la pared: “Leo pagá”.
Ponce Asahad enumeró las reuniones y llamados que había mantenido con Traferri desde 2017 hasta mediados de este año como intermediario del fiscal regional Patricio Serjal, con quien hasta el viernes compartía calabozo. La jueza Eleonora Verón ordenó el envío de la declaración de Ponce Asahad a la Corte Suprema de Justicia provincial y a la Legislatura de Santa Fe. El exfiscal pidió ser trasladado a otro lugar de detención en el ámbito federal porque su seguridad podría correr riesgos.
“El abogado (Angelo) Rossini (de Peiti, el empresario de juego clandestino) quería reunirse conmigo. Le dije por qué no se reunía con Serjal (el fiscal regional, también preso). Me dijo que no y que el senador (Traferri) estaba al tanto. Automáticamente lo llamé al senador y le dije de la reunión. Me dijo «armala para mañana». El senador me dijo «andá tranquilo y escuchalo»”, contó Ponce en la audiencia en la que declaró.
“Cuando entré a la cochera, él salió a mi encuentro. Es un hombre que usa moños extravagantes. Me dijo: «Peiti se va a entregar, va a hablar y lo vamos a tumbar a Serjal. Así que hay que salir a declarar y tirarle con munición gruesa. Lo único que no hay que nombrar es al senador». Y me ofreció 40 mil dólares. Le dije que no tenía nada más que hablar. Esto para mi fue una emboscada del senador Traferri, de Rossini y de Peiti contra mi”, agregó en su extensa declaración donde se quebró emocionalmente varias veces.
Esta causa estalló luego de la declaración como arrepentido del empresario Leonardo Peiti, imputado por juego clandestino –que nunca estuvo en la cárcel-. Su testimonio derivó en las detenciones de Ponce Asahad el 4 de agosto pasado y seis días después de Serjal, a quienes –según confesó- pagaba 5000 dólares por mes para que custodiaran desde el Ministerio Público de la Acusación que no hubiera investigaciones sobre los casinos clandestinos en el sur de Santa Fe.
El nombre de Traferri había sido mencionado en la primera audiencia imputativa del 5 de agosto. En la investigación que llevaron adelante los fiscales Matías Edery y Luis Shiappa Pietra apareció en uno de los teléfonos que usaba la secretaria de Peiti un llamado que había realizado el exdiputado Darío Scataglini, quien un día después de que se revelara esta llamada fue apartado de la Legislatura, donde trabajaba con el legislador y presidente del PJ de Santa Fe Ricardo Olivera, pero no pertenecía al Frente de Todos, sino que habría llegado a ese lugar por un pedido de un alto funcionario judicial.
Scataglini llamó a la secretaria del empresario imputado el 10 de julio pasado a las 20.41. “Necesitaría hablar con Leo”, le dijo a la mujer y luego agregó: “Llamo de parte de Traferri”. No habló directamente con Peiti, porque uno de los empleados de la fiscalía le había dicho que lo estaban escuchando y que debía destruir el teléfono.
El senador aseguró, a través de un escrito que presentó su abogado en la fiscalía, que “se trata de una maniobra política que surge nítida, a poco que se tenga la entereza de mirar y escuchar la grabación de las declaraciones de Gustavo Ponce Asahad; esto es, la política de la provincia se muda de escenario y traslada el teatro de su realización, en un trasbordo institucionalmente peligroso, al ámbito del Poder Judicial y más precisamente, al ámbito del MPA”.
“Este organismo, se implica en una campaña de desprestigio que lleva a cabo Marcelo Sain, contra el Senado y en particular contra el senador Traferri”, advierte el documento de 11 páginas presentado la defensa del legislador oriundo de San Lorenzo.
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