Rodríguez: “Al no haber una solución pacífica se solicitó el cese de los efectos antijurídicos”

El fiscal de la causa por la usurpación en el campo de la familia Roberts habló en La Grieta sobre la solicitud de desalojo en el terreno.

El fiscal Alejandro Rodríguez relató cómo se hizo cargo del caso: “El día 19 de junio de este año se hizo una denuncia, Ernesto Roberts manifestó que en un predio que tiene ubicado a final de calle Iriondo y las vías del tren, lo que denominan también el barrio La Cortada, se estaría produciendo el ingreso de personas con fines de usurpar. Cuando estaba de turno me consultó el personal policial y a partir de ahí queda asignado el legajo”.

“Los fiscales tenemos un protocolo cuando las usurpaciones tienen alguna característica particular como esta, con una enorme cantidad de personas, en lo que se avizora a simple vista que estamos ante la presencia de un problema social. En primer lugar, se hizo presente el personal policial, y lo que dice el protocolo de actuación es que la policía tiene que identificar a quienes están realizando la intromisión en el lugar, no se quisieron identificar, dijeron también que no se retirarían. También, según informa la policía se hicieron presentes la directora de Tierra y Vivienda y una de las propietarias, que es la señora Karen Roberts. También se hizo presente un equipo de trabajo, trabajadoras sociales de la Municipalidad, se intenta un diálogo pero no llegaron a un acuerdo”, contó Rodríguez.

También explicó que “los fiscales tenemos como dos funciones: En el plan A los fiscales ante la comisión un delito, deben buscar evidencias, si hay evidencias atribuir el delito al imputado, acusarlo ante el juez, llevarlo a juicio y si hay elementos pedir una condena. Esa es la esencia del trabajo de un fiscal, yo lo llamo el plan A”. “Pero también estamos convocados por la 13013, que es la ley que rige el estatuto de los fiscales, a solucionar pacíficamente los conflictos, es decir, no todo es acusar, llevar a juicio y pedir condena. En estos casos, donde casualmente hay un problema social, lo que establece el protocolo es que se dialogue, que se busque pacificar el conflicto y si eso no funcionara recién avanzar en la cuestión de judicializar penalmente el conflicto”, aseguró.

“Se hicieron reuniones, pero lo cierto es que de esas reuniones no se obtuvo una solución favorable al conflicto, algunos se fueron y otros quedaron. Se ha dado herramientas para que puedan pacificar el conflicto”, agregó.

“Como el conflicto no ha tenido una solución pacífica, hemos solicitado a la Oficina de Gestión Judicial la revisión del cese de los efectos antijurídicos, mal llamado desalojo, porque se tiene el mismo fin pero con otra finalidad. Cuando alguien ocupa un lugar, la ley civil establece el desalojo; cuando esa ocupación lo es de carácter delictivo se opera lo que es la investigación del delito de usurpación y lo que existe en el Código Procesal Penal es la solicitud del cese de los efectos antijurídicos. Entonces, se llega al mismo resultado que sería el desalojo”, detalló.

El fiscal mencionó que “se trabajó sobre los instigadores y eventualmente eso va a ser motivo de un llamado de audiencia imputativa de tres personas”. Pero descartó que sean funcionarios o empleados municipales.