La huelga azucarera de septiembre de 1974 en Tucumán: un hito del movimiento obrero durante el tercer gobierno peronista

Interesante investigación de la Doctora en Historia Silvia Nassif sobre la lucha obrera en territorio tucumano.  Silvia habló este viernes en La Grieta (FM 94.5) sobre sus investigaciones.

Resumen

En septiembre de 1974, los obreros azucareros, nucleados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, paralizaron la zafra por más de dos semanas en plena cosecha, desafiando de hecho a la política del Pacto Social del gobierno peronista y ocasionando pérdidas a los empresarios. En este artículo nos proponemos realizar una reconstrucción de la huelga junto al análisis de sus causas. Asimismo, nos planteamos indagar en las formas de organización y los posicionamientos de las distintas corrientes sindicales. Para ello utilizaremos la bibliografía disponible junto a la prensa -nacional, local, sindical y partidaria-, y entrevistas a ex obreros en ese período.

Introducción

El presente trabajo se inscribe en una línea de investigación que incluye el análisis de las transformaciones de la estructura económica y social durante los años ’60 y ’70, la confrontación entre el capital y el trabajo en los ámbitos de producción, como así también la radicalización del movimiento obrero y su preponderancia como actor central en la lucha económica y política. Este proceso de significativos cambios económicos y de radicalización política de amplios sectores sociales, y en especial de la clase obrera, tuvo su expresión en América Latina y en distintas partes del mundo (Basualdo, V. 2010; Schneider, 2006).

De este proceso fue parte la huelga azucarera de septiembre de 1974 cuando, en plena cosecha, los obreros paralizaron por más de dos semanas los trapiches y suspendieron el envío de caña, ocasionando pérdidas significativas a las patronales. Mientras tanto, a nivel nacional, se registraba una disminución de los conflictos obreros (Jelin, 1978). Ello sucedió en un momento delicado para el gobierno peronista tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón, en el que se agudizó la disputa por la hegemonía del gobierno y se incrementaba la represión junto al aumento de las acciones realizadas por organizaciones armadas (Rapoport, 2007; Pucci, 2007).

La huelga azucarera estuvo organizada por la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), que nucleaba entre 50.000 y 60.000 obreros organizados en 40 sindicatos de base, y que se expandió a las provincias de Jujuy y de Salta. En Tucumán la agro-industria azucarera fue desde fines del siglo XIX la principal actividad económica. Las fábricas se encuentran diseminadas junto a los campos de cultivo por distintas localidades, creando verdaderos poblados obreros en los que la vida cotidiana se encuentra organizada alrededor de los ingenios. Por el lugar estratégico que ocupa esta agro-industria, la interrupción en septiembre de 1974 de esta actividad significó la paralización económica de la provincia.

No era la primera vez que la FOTIA, conducida por peronistas, le realizara una huelga a un gobierno justicialista. A mediados de octubre de 1949 la FOTIA, que en ese momento representaba a 130.000 obreros nucleados en 64 filiales, llevó a cabo una huelga que duró más de 45 días, con manifestaciones en los pueblos azucareros y altos niveles de represión por parte del gobierno. La Federación fue intervenida por la Confederación General del Trabajo (CGT) y sus dirigentes fueron detenidos y expulsados de sus sindicatos. A su vez, fruto de la lucha, los trabajadores obtuvieron un aumento salarial (Piliponsky, 2014; Gutiérrez, 2012; Rubinstein, 2006). Esta huelga años después sería rememorada por los obreros.

Los estudios sobre la historia reciente de Tucumán han incrementado su volumen en los últimos años, nutriéndose de aportes de campos disciplinares distintos. No obstante, ese crecimiento en la producción científica ha sido desigual respecto a los períodos abordados. Así han proliferado, por un lado, trabajos sobre la etapa del cierre de ingenios azucareros durante la Revolución Argentina -1966-1973- (Nassif, 2016; Pucci, 2007) y, por otro lado, estudios que enfocan su atención en el período del Operativo Independencia (OI), que se inicia en febrero de 1975 (Artese & Roffinelli, 2012; Crenzel, 2010; Pucci, 2009). Sin embargo, se observan pocos estudios para los primeros años del tercer gobierno peronista.

Precisamente llenar esa vacancia es uno de los objetivos de este trabajo, a través de la reconstrucción histórica de la huelga azucarera junto a un análisis de sus causas. Respecto a la huelga azucarera de septiembre de 1974 nos apoyamos en el trabajo del periodista Marcos Taire (2008), que la llamó El último grito al considerar esta huelga como la última de trascendencia en la provincia. Su trabajo constituye la primera y única crónica sobre aquel conflicto obrero, incluyendo además un significativo acervo documental. También se encuentra un estudio en curso que analiza la huelga a partir del caso del sindicato del ingenio San Juan (Cattaneo, 2016). Asimismo, para este trabajo resulta significativo el informe, elaborado por instituciones estatales y privadas, que estudió la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores/as durante el terrorismo de Estado, especialmente el análisis de los casos de los ingenios tucumanos Concepción y La Fronterita, en donde se registraron víctimas obreras previas al golpe de Estado (Programa Verdad y Justicia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Centro de Estudios Legales y Sociales y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2015).

En este artículo nos abocaremos al estudio de uno de los momentos cruciales en la historia nacional, después de la muerte de Perón y previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, constituyendo la huelga de septiembre de 1974 una bisagra entre estos dos períodos. Ello fue así también para la historia provincial ya que, por el peso que ocupó el movimiento obrero organizado en la FOTIA, la culminación de esta huelga significó el fin de las grandes movilizaciones realizadas por la Federación y la antesala del terrorismo de Estado en Tucumán con la implementación del OI.

En el análisis de la huelga azucarera señalamos las distintas contradicciones que se presentaron en el conflicto, tensiones que se habían manifestado con anterioridad pero que se agudizaron a niveles superiores durante la medida de fuerza. Agudización de la conflictividad y enfrentamiento de clases sociales entre los obreros de fábrica y de surco en defensa de sus fuentes de trabajo y por mejores condiciones salariales y laborales, por un lado, y los industriales azucareros que intentaban obtener mayores ganancias a través de bajos salarios y la aplicación de innovaciones tecnológicas que implicaba la eliminación de mano de obra, por el otro. También entre los obreros de surco y los productores cañeros por aumentos de salario; y entre los productores cañeros y los industriales por el precio de la materia prima. Asimismo se manifestaron tensiones en el seno del movimiento obrero azucarero con el gobierno peronista y su política económica del Pacto Social; entre la Comisión Directiva de la FOTIA – hegemonizada por un sector del peronismo encabezado por Atilio Santillány la conducción de la CGT provincial -liderada por Florencio Robles de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), referenciado con las corrientes vandoristas-; y entre la conducción de la FOTIA y las distintas corrientes políticas sindicales existentes en el movimiento obrero azucarero.

Sostenemos que una de las causas que subyacen en este conflicto se vincula al desplazamiento de mano de obra a través de la tecnificación en la agroindustria. Este proceso de eliminación de fuentes de trabajo fue resistido por el movimiento obrero azucarero durante el tercer gobierno peronista, obteniendo algunas conquistas en este terreno. Además, los obreros pudieron imponer ciertos límites a algunos sectores de las patronales azucareras, en un contexto de gran conflictividad social y aumento de la represión estatal. Afirmamos también que la dirección peronista de la FOTIA fue empujada por las bases obreras a iniciar la medida de fuerza y que, al mismo tiempo, ésta estuvo dirigida por la conducción de la Federación, que fue quien pactó finalmente con el gobierno, en un contexto de gran incertidumbre política. Asimismo, mientras la huelga duró se establecieron formas de organización democráticas que permitieron altos niveles de participación de las bases obreras y mantener la unidad de las distintas corrientes políticas sindicales.

Para la realización de este trabajo partimos de la bibliografía disponible. En cuanto a la reconstrucción de la conflictividad obrera, los procesos represivos y la situación económica de la zafra consultamos de manera sistemática la prensa local entre los meses de mayo a diciembre de 1974 (La Gaceta) y nacional entre los meses de septiembre a octubre de 1974 (Clarín, La Nación y La Razón). Respecto al estudio de los posicionamientos de los sectores gremiales y empresariales azucareros examinamos las publicaciones de carácter mensual durante la totalidad del año 1974 de los Documentos de Información Laboral (DIL), y la revista del Centro Azucarero Argentino (La Industria Azucarera). Asimismo, para la indagación de las distintas interpretaciones de las corrientes políticas sindicales sobre el conflicto azucarero consultamos la prensa partidaria que cubrió la huelga durante el mes de septiembre y octubre de 1974 (El Caudillo de la Tercera Posición, ligada a sectores de la derecha peronista; El Combatiente, del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Estrella Roja, del Ejército Revolucionario del Pueblo; Evita Montonera, de Montoneros; Izquierda Popular, del Frente de Izquierda Popular; y Nueva Hora, del Partido Comunista Revolucionario). En relación a las cifras de las zafras azucareras, leyes y decretos examinamos documentos gubernamentales; también consultamos otras publicaciones y volantes disponibles en el Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires. Para enriquecer la reconstrucción de la conflictividad realizamos entrevistas semiestructuradas a seis ex obreros azucareros de distintas corrientes políticas y que ocuparon cargos sindicales durante el tercer gobierno peronista, elaboradas durante los años 2013 a 2018. Los entrevistados nos dieron autorización para utilizar sus testimonios y sus nombres reales para este trabajo; sólo uno de ellos pidió que se reservara su identidad con el uso de un pseudónimo.

El artículo se encuentra dividido en tres grandes apartados. El primero resume elementos necesarios para comprender el proceso histórico en el que se desarrolló la huelga de septiembre de 1974, dividido en los siguientes puntos: a) contextualización de la política del Pacto Social del gobierno peronista; b) reseña de la situación provincial del gobierno y la descripción del proceso represivo desde mayo de 1974; c) análisis de la producción azucarera tucumana; y d) descripción de las corrientes en la FOTIA y enumeración de sus reivindicaciones. El segundo apartado analiza específicamente la huelga azucarera, dividido en tres ítems: a) reconstrucción del inicio y las formas de organización; b) reseña del Plenario Combativo en Tucumán; y c) explicación del desenlace de la huelga. El tercer apartado reseña los diferentes balances sobre la huelga y describe el aumento del proceso represivo posterior a la huelga.

Contexto nacional y provincial

1. La política nacional del Pacto Social

Tras el regreso de Perón a la Argentina en noviembre de 1972, luego de 17 años de exilio, se abría un nuevo período en la historia nacional, prolongándose el auge de lucha abierto con los levantamientos populares de fines de los años ’60 y principios de los ’70. La clase obrera ocupó un lugar central en este auge, que adoptó nuevas formas. La llegada de Perón a la presidencia suscitó grandes expectativas en sectores del movimiento obrero y popular. En Tucumán la fórmula Juan Domingo Perón–María Estela Martínez de Perón obtuvo en septiembre de 1973 el 76% de los votos, siendo las marcas más altas registradas en el país (Litchmajer, 2017: 201).

El tercer gobierno peronista expresaba una alianza de diferentes fuerzas. Como parte de esa heterogeneidad en el grupo gobernante, en el plano económico-social se sostuvo el Pacto Social -que tuvo sus antecedentes en el gobierno de facto de Alejandro Lanusse-, acordado entre el gobierno, la Confederación General Económica (CGE), dirigida por José Ber Gelbard, y la CGT, liderada por José Ignacio Rucci. En junio de 1973, bajo la presidencia de Héctor Cámpora y con Gelbard como ministro de Economía, el Pacto fue ratificado por el Congreso de la Nación. Éste continuará durante el gobierno de Perón. Uno de los objetivos del Pacto Social era estabilizar el nivel de precios hasta reducir los elevados índices de la inflación. Para ello el gobierno estableció un congelamiento de precios junto a un aumento salarial del 20%, a la vez que suspendió los mecanismos de negociación colectiva salarial por un plazo de 2 años, entre otros puntos.

Frente al aumento del costo de vida, a principios de 1974, el Pacto comenzó a ser cuestionado por sectores obreros que veían disminuir el poder adquisitivo de sus salarios. El gobierno convocó a la CGT y a la CGE entonces a renegociar el Pacto pero no llegaron a un acuerdo. Perón estableció un incremento salarial del 13%, que dejó descontentos a ambos sectores, intensificándose la lucha social por la distribución del ingreso. No fue casual entonces que en 1974, y en gran medida producto de esta puja, a nivel nacional los trabajadores hayan logrado una participación salarial del 45% en el Producto Bruto Interno (Basualdo, 2010). Estas luchas fueron protagonizadas por sectores combativos de la clase trabajadora en las que se destacaron los mecánicos de Córdoba, los metalúrgicos de Villa Constitución del sur de Santa Fe y los azucareros, entre otros.

Luego de la muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, la lucha obrera contra la política de contención salarial del Pacto Social se intensificó. Bajo la débil presidencia de Martínez de Perón se fueron acentuando las divisiones en el seno del movimiento peronista a la vez que aumentaba la política represiva estatal y paraestatal junto al accionar de las organizaciones armadas. También se incrementaba la puja entre diferentes sectores económicos, que trascendía el ámbito nacional. Fue en este complejo contexto en el que se desarrolló la huelga azucarera de septiembre de 1974.

1. Proceso político en Tucumán

En las elecciones a gobernador de Tucumán en 1973 ganó el peronista Amado Juri -un cañero importante de la provincia- con un poco más del 50% de los votos. El peronismo provincial se había mostrado dividido ya que un sector del movimiento obrero azucarero, con dirigentes de larga trayectoria como Benito Romano y Atilio Santillán, se presentaron en una lista aparte en el Frente Único del Pueblo (Nassif, 2016; Siviero, 1991), consiguiendo el 5% de los votos sin obtener ningún escaño legislativo nacional o provincial (Litchmajer, 2017).

A mediados de 1974, en simultáneo con el recrudecimiento del accionar represivo a nivel nacional, el 19 de mayo, bajo el mando del jefe de la Policía Federal Alberto Villar, Tucumán fue ocupada por más de 500 efectivos, apoyados por la Policía provincial, la Gendarmería y el Ejército. El operativo fue calificado por la prensa local como un “sorpresivo y espectacular procedimiento antisubversivo”, advirtiendo que no había una declaración oficial que explicase los motivos, y señalando que circulaban dos hipótesis: Villar llegaba para controlar un posible acuartelamiento de la Policía provincial o venía en búsqueda de “extremistas”.

A través de un vasto despliegue -que implicó una decena de helicópteros, aviones de reconocimiento y tanquetas-, los policías Federales ingresaron en las localidades del interior, y apostaron retenes a lo largo de la ruta n°38, en donde se encuentran emplazados muchos de los ingenios. En este operativo fueron detenidas al menos 150 personas, entre ellos dirigentes como Eduardo Arturo González, secretario del sindicato de Santa Lucía. Esto fue impugnado por los gremios, que interpretaban que esta detención era una “ofensa a los obreros azucareros”. También los pobladores de las zonas rurales fueron interrogados y maltratados, registrándose el apaleamiento de una persona mayor. Por su parte, el movimiento estudiantil realizó actos de repudio en San Miguel de Tucumán.

El gobierno no dio ninguna explicación, aún después de concluido el operativo a fines de mayo, y hasta el diario La Gaceta señalaba que la opinión pública se encontraba sorprendida sin que “se hayan logrado resultados visibles que justificasen semejante despliegue…”. Advertía que las fuerzas habían permanecido ostentosamente sin buscar a los “extremistas” ubicados en la montaña, y que además “según las versiones más exageradas, no había más de 50 hombres haciendo prácticas de guerrillas”. Días después, a fines de mayo de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) del Partido Revolucionario de los Trabajadores – El Combatiente, anunciaba la instalación de un frente militar en la zona rural del sur de Tucumán, bautizándolo compañía del monte Ramón Rosa Jiménez, en homenaje a un trabajador azucarero del ERP, asesinado en 1972. Según Pablo Pozzi (2004), la cantidad de combatientes rondó entre 50 y 100 personas.

El ERP, el 30 de mayo de 1974, en repudio al operativo de Villar realizó su primera demostración pública en la localidad de Acheral, de 2.000 habitantes, ubicada en el departamento de Monteros. Acheral se encuentra en el llano y es la puerta de entrada a la zona montañosa occidental de la provincia y fue uno de los pueblos que había visto descender su población drásticamente cuando cerró en 1968 el ingenio Santa Lucía, ubicado a 7 kilómetros. La acción en Acheral duró pocos minutos. Consistió en la ocupación de la estación del ferrocarril y la Comisaría -en la que había tres policías-. Luego, y sin efectuar un solo disparo, se retiraron. La prensa del ERP señaló que este acto era el comienzo de “la primera unidad rural de nuestra organización guerrillera”.

Dos meses después, el 13 de agosto, Famaillá volvía a ser ocupada por fuerzas del Ejército y de la Policía Provincial y Federal. En esa oportunidad también una numerosa cantidad de personas fueron detenidas. El objetivo anunciado era buscar “grupos subversivos” y estuvo dirigido por el jefe del Comando de la V Brigada de Infantería, el general Luciano Benjamín Menéndez.

De ese modo, casi medio año antes de la firma del decreto del OI de febrero de 1975, en mayo de 1974 primero bajo la conducción de Villar y luego en agosto del mismo año bajo el mando de Menéndez, una parte de la provincia fue ocupada bajo el pretexto de la búsqueda de guerrilleros. Sin embargo, el accionar represivo estuvo dirigido especialmente contra los pobladores y dirigentes sindicales de la zona. Así lo denunció el secretario adjunto de la FOTIA, Manuel Brandán, indicando que los obreros del surco eran detenidos y sometidos a atropellos. También manifestó que la Policía Federal había ingresado a la casa de uno de los dirigentes de Santa Lucía, José Ramón Castellanos, recibiendo éste y su familia maltratos. Advertía que lo mismo les ocurría a otros miembros de ese sindicato quienes eran torturados por la policía.

1. La zafra 1974: se cuestiona el Pacto Social

Con el propósito de comprender más cabalmente las bases materiales del conflicto que desembocó en la huelga obrera azucarera de septiembre de 1974, resulta necesario remontarnos a los años de la Revolución Argentina, cuando se produjeron cambios de proporciones en la producción azucarera tucumana. Después de la cosecha record y crisis de sobreproducción azucarera del año 1965, en la que se calcula que participaron 100.000 obreros, con el posterior cierre de 11 de los 27 ingenios existentes en Tucumán, el crecimiento de la producción de azúcar de la provincia estuvo por debajo de la media del país. Esta disminución se mantuvo prácticamente hasta el año 1972. A partir de allí, en un contexto de aumento de los requerimientos del mercado internacional de azúcar, se incrementó la producción nacional, superando incluso la cosecha de 1965. Tucumán se recuperó e incrementó su participación porcentual, llegando en el año 1973 a valores del 60,6% de la producción total del país frente al 35,6% de los ingenios del Norte (Nassif, 2016).

La mayor parte de la producción de azúcar argentina se destinaba al consumo interno y los altos niveles de exportación representaban solo una coyuntura sujeta a la regulación de los cupos. El contexto internacional favorable continuó durante el tercer gobierno peronista. Para el sector industrial local las ganancias obtenidas en la zafra 1973 fueron significativas no sólo por el aumento del precio del azúcar en un 11% en el mercado interno y en un 50% en el mercado internacional sino también por la mayor explotación de la fuerza de trabajo, dado que en Tucumán con casi 50.000 puestos de trabajo menos se producía más azúcar que en 1965, a ello se sumaba el congelamiento salarial por medio del Pacto Social del gobierno peronista.

Aunque la cosecha de 1973 fue la más importante desde 1965, con una producción de 1.541.837 toneladas de azúcar -933.819 correspondientes a Tucumán-, no se logró cosechar la totalidad de la caña existente (Gobierno de la Provincia de Tucumán, 1980). Ante la campaña 1974, el secretario de la FOTIA, Atilio Santillán, señaló que la capacidad de molienda de la provincia en 1973 había sido insuficiente -a pesar de haber iniciado la cosecha con la caña inmadura y finalizándola tardíamente11 y que no se había molido la totalidad de la caña plantada, representando una pérdida de 100.000 toneladas de azúcar, equivalente a unos 40 millones de dólares. Por esa razón y frente a la perspectiva de una campaña igual de exitosa en 1974, señalaba que era necesario reabrir los ingenios azucareros cerrados por Juan Carlos Onganía.12 Por su parte, los industriales azucareros pronosticaban sustanciosas ganancias, calculando que los ingenios tucumanos obtendrían 370.000 toneladas más que en 1973, mientras que los de Salta y Jujuy aumentarían en 270.000.

En vísperas de la campaña 1974, como históricamente sucede en cada inicio de zafra en Tucumán, la puja por la distribución de los beneficios entre los sectores de la actividad se exacerbó: entre los industriales y los productores cañeros por el costo de la materia prima, y entre estos y los trabajadores por el salario. Los precios internacionales del azúcar eran alentadores, entre 650 y 750 dólares la tonelada por lo que un sector de los industriales intentó iniciar la cosecha de 1974 anticipadamente. Con este propósito, a fines de abril, el Centro Azucarero Regional (CAR) demandó asistencia crediticia al gobierno provincial y la obtuvo (Taire, 2008). A partir de allí distintos sectores de la actividad azucarera comenzaron las protestas en la provincia. Primero, los productores cañeros realizaron medidas de fuerza para obtener un aumento del precio al que venderían la caña a los ingenios. Tiempo después, los obreros elaboraron un pliego reivindicativo y un plan de lucha, con paros escalonados.

En Tucumán la mayor parte de las plantaciones de caña se encontraba en manos de los productores cañeros. En el año 1974 se calculaba que a los industriales tucumanos les correspondía sólo el 12,5% del total de la caña plantada. Ello les otorgaba un lugar estratégico a los productores cañeros a la hora de negociar los beneficios por el precio de la caña. De todos modos, los cañeros eran un grupo heterogéneo. Los medianos y pequeños productores se agrupaban en la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), y los grandes cañeros se nucleaban en el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU). A fines de mayo de 1974, ambas entidades cañeras decidieron no levantar la cosecha hasta que no aumentara el precio de la caña. UCIT en asamblea decidió que no darían inicio a la zafra hasta que no fuera modificado el precio de la materia prima y reclamaba además una nueva ley azucarera, ya que regía la que se había elaborado durante la dictadura. Por su parte, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) reclamó la derogación del artículo 31 de la Ley 19.597, dictada en 1972, que prohibía la instalación de nuevos ingenios por el plazo de 10 años, indicando -al igual que Santillán- que la producción actual de caña de azúcar excedía la capacidad de molienda de los ingenios y que por tanto se hacía necesario la radicación de nuevas fábricas azucareras.

Con el reclamo de los productores cañeros comenzaba a cuestionarse la política del Pacto Social en Tucumán. La zafra de 1974 no sólo no se adelantó, como habían intentado los industriales, sino que se paralizó. Por ello, el Centro Azucarero Argentino (CAA) alarmado protestaba por la falta de entrega de caña, advirtiendo que sólo se elaboró la cuarta parte de las 124.000 toneladas que habían procesado en el mismo mes de junio en 1973.

Finalmente, el 20 de junio, frente a la promesa del Ministerio de Economía de modificar el precio de la caña, UCIT decidió dejar sin efecto la protesta. CACTU se posicionó en igual sentido. La zafra se normalizó recién en la primera semana de julio y, tiempo después, el 4 de septiembre, el ministro Gelbard aprobó el aumento del precio mínimo de tonelada de caña de 180 a 200 pesos.

1. La FOTIA, sus corrientes y las reivindicaciones de los obreros azucareros

En el seno de la FOTIA se desarrollaron distintas corrientes políticosindicales, que tuvieron su correlato a nivel nacional. Durante el tercer gobierno de Perón, la Federación estuvo hegemonizada por un sector del peronismo, a través de la figura del dirigente Atilio Santillán, quien había llegado a la secretaría general por tercera vez en mayo de 1973. Como es sabido, el peronismo no representaba un todo homogéneo, y ello se expresaba también en el seno de la FOTIA. Así, se manifestaba un sector de derecha, como el que expresó Hugo Bustos del ingenio San Juan o Rodolfo Nicolás Chávez -secretario del sindicato Concepción-, quien en la huelga de septiembre de 1974 fue depuesto por un sector de trabajadores que lo acusaron de haber intentado negociar con la empresa a sus espaldas (Programa VyJ y otros, 2015). También se expresaron sectores de izquierda identificados con la organización Montoneros, al tiempo que se desarrolló una corriente peronista con posiciones antiimperialistas y clasistas de la que Benito Romano sería su mayor representante (Nassif, 2016, 2017).

Asimismo, en la FOTIA se expresaron corrientes de la izquierda marxistas, principalmente el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) -El Combatiente, que dirigía el sindicato de obreros del surco de San José. Leandro Fote era uno de los dirigentes más importantes del PRT, quien luego del cierre del ingenio San José comenzó a trabajar como empleado de la FOTIA. Este Partido preconizó la conformación de un núcleo guerrillero a través del ERP, instalando un foco rural en los cerros tucumanos. También en la Federación se exteriorizaron otras corrientes políticas como radicales, socialistas, comunistas, trotskistas, entre otras. Además, tenían influencia la Izquierda Popular y el PRT-La Verdad.

En cuanto a las condiciones materiales, los obreros todavía soportaban las consecuencias de la crisis del cierre de los ingenios de 1966, con la disminución de casi el 50% de los puestos de trabajo. Hacia el año 1974 la FOTIA nucleaba en época de cosecha a más de 60.000 trabajadores. El proceso de eliminación de mano de obra continuaba junto a bajos salarios y malas condiciones de trabajo en los establecimientos laborales, situación que se agravaba aún más en los obreros del surco. Por esta razón la huelga de septiembre se enmarcó en un proceso histórico más amplio que la mera coyuntura de ese año. Ello fue señalado por Eduardo Farías, uno de los dirigentes obreros del ingenio La Providencia: “[…] la lucha era anterior al ’74. Después del ‘66 con el cierre de los 11 ingenios, uno quedó esperando el momento. Estábamos en alerta permanente…”.

En los años ’60, la implementación de innovaciones tecnológicas, en especial en el campo con el uso del tractor, habían significado una reducción de la cantidad de obreros empleados en el surco. También en las fábricas se registró una disminución de alrededor del 25% respecto al período previo a los cierres (Nassif, 2016). A inicios de la década del ’70, el proceso de tecnificación se acentuó significativamente con la incorporación de la cosechadora integral importada de tipo australiana, que implicaba la cosecha mecanizada de manera integral. Las primeras máquinas fueron introducidas en 1972 por el ingenio Ledesma y luego fueron adquiridas por distintos empresarios locales (Vicini & Vicini, 2010). La Gaceta anunciaba que en 1974 era una “…nota descollante las millonarias inversiones de los cañeros en tractores, carros de transportes, cortadoras de caña, cargadoras y hasta cosechadoras integrales”. Por su parte, los trabajadores denunciaban que cada máquina cosechadora reemplazaba entre 100 y 260 obreros del surco. Ello además ocurriría en una provincia en la que los niveles de desocupación -altos en comparación con la media a nivel nacional debido a las políticas impulsadas por la dictadura anterior- eran alarmantes.

El proceso de mecanización de las tareas agrícolas del cultivo y de la recolección de la caña afectaba al sector de obreros de campo, generando tensiones y debates inclusive hacia el interior del movimiento obrero. No obstante, en aquel momento la FOTIA pudo fijar una posición, explicando que no se oponía a la mecanización en sí pero que evaluaba que más de 30.000 trabajadores se verían afectados. Por ello la Federación rechazaba la mecanización integral de la zafra y se oponía a la importación de máquinas cosechadoras que podían fabricarse en la Argentina.

Otro de los puntos era la defensa de la Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA), creada en 1970 e integrada por cinco ingenios tucumanos: Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, Bella Vista y San Juan, y también por los ingenios Arno de Santa Fe y Las Palmas del Chaco. Las fábricas de CONASA permanecían en una situación jurídica-legal indefinida ya que si bien la dictadura había decretado la administración estatal de las fábricas todavía el Estado nacional no había resuelto la quiebra de las compañías propietarias.21 Ante ello la Federación pedía la expropiación sin indemnización de todas las fábricas de CONASA.

La FOTIA obtuvo una significativa conquista al lograr que sean incorporados, aunque minoritariamente, obreros en el directorio de CONASA. Los trabajadores vinculados a la Compañía lograron una serie de mejoras que servían de aliciente para el resto de los obreros, tales como la incorporación de los temporarios de fábrica y de surco a los beneficios sociales contemplados en la Ley 11.729 junto a la estabilidad laboral de los trabajadores del surco, con la obligación de las patronales a que empleasen un obrero y medio cada mil surcos de caña. La FOTIA exigía la extensión de estos beneficios al conjunto de los trabajadores azucareros del país.

Además, la Federación reclamaba la reapertura de los ingenios cerrados por la dictadura de Onganía, comenzando por el Esperanza pues, custodiado por los propios ex trabajadores, era el único que no había sido desmantelado en 1966 (Nassif, 2017). Asimismo, pedía la participación de las utilidades de los ingenios, la reinversión de las ganancias empresarias en nuevas fuentes de trabajo y exigía sanciones para las empresas que no cumpliesen con el convenio vigente. También proponía la explotación de todos los subproductos derivados de la caña de azúcar. En ese sentido, a mediados de 1974, Santillán refería que la fabricación de papel a partir del bagazo -residuo que se obtiene luego de triturar la caña- generaría en Tucumán entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo, y el autoabastecimiento del país de papel.

La huelga azucarera de septiembre de 1974

1. Desarrollo de la huelga y sus formas de organización

El 6 de septiembre, mientras la organización Montoneros pasaba a la clandestinidad, se reunió el Congreso de Delegados de la FOTIA con la participación de 37 filiales y 238 delegados. También estuvieron representantes de la Federación Azucarera Regional (FAR), Ledesma, La Mendieta y San Isidro. El Congreso resolvió realizar un plan de lucha con paros progresivos. El primero de 24 horas, convocado para el día 11. Como metodología estableció que luego de cada paro debería realizarse un nuevo Congreso, pues se le quitaba al Consejo Directivo la facultad de levantar la medida de fuerza, a excepción de que fuesen aprobados todos los puntos requeridos.

Cabe tener presente que, con la retirada de la Revolución Argentina en 1973, la FOTIA había comenzado un proceso de democratización que abarcaba desde el Consejo Directivo hasta los sindicatos de base, algunos de ellos antes en manos de conducciones participacionistas o colaboracionistas con las patronales y el gobierno de facto. Asimismo, en amplios sectores obreros, en los que predominaba el peronismo, se manifestaba también un proceso de radicalización política en la búsqueda de la concreción de aquellas reivindicaciones por la que desde hacía tanto tiempo venían peleando, particularmente en Tucumán con el cierre de los ingenios.

El proceso de democratización de la Federación quedó de manifiesto en las formas organizativas a través de las que se motorizó la huelga, ocupando un lugar central el Congreso de Delegados. Eduardo Farías, ex secretario general del sindicato de La Providencia, destaca que con Santillán: “…tenía mucho prestigio la FOTIA y no gobernaba cualquiera en Tucumán si la FOTIA no intervenía… Tenía mucho poder porque era muy democrática. No se resolvía nada si no había Congreso, todo se resolvía en el Congreso”.

La reincorporación del Congreso al estatuto de la FOTIA como órgano máximo de dirección constituía una reivindicación de larga data. En los orígenes de la FOTIA, en 1944, el Congreso había constituido la instancia en la que los delegados de los sindicatos debatían y decidían los puntos de acción, siendo el único órgano con poder de declarar la huelga general. Pero bajo el segundo gobierno peronista en 1954, el estatuto sufrió modificaciones con la eliminación de la supremacía del Congreso sobre las otras instancias organizativas (Gutiérrez, 2012). Desde ese entonces, las corrientes más combativas exigieron su reincorporación. Veinte años después, entre mayo y junio de 1974, la FOTIA determinó jerarquizar al Congreso como su órgano máximo, entre otras reformas al estatuto.

Uno de los rasgos más significativos de los Congresos, algunos desarrollados en la clandestinidad para evitar la persecución policial, fue la representatividad de los delegados, no sólo por su cantidad -entre 200 y 500 personas en 1974- sino también porque cada uno de ellos representaba una sección específica de la producción de la actividad agro-azucarera. No sólo había una representación específica para los obreros de fábrica por un lado y los obreros de surco por otro, sino que además había delegados que representaban a cada una de las secciones y actividades dentro de la fábrica y a cada una de las colonias en el campo.

Previamente a la declaración de la huelga fue de gran importancia la actuación de la Comisión de movilización, designada en un Plenario de FOTIA a fines de junio de 1974. Ésta tenía la responsabilidad de dar a conocer las opiniones de las bases. Con este propósito la comisión organizó una serie de asambleas zonales en los primeros días de julio. Eduardo Farías fue uno de los encomendados en organizar la Comisión junto a Leandro Fote. Señala que la FOTIA les pagaba los salarios pues se ausentaban de sus lugares de trabajo. Recuerda también:

[…] nosotros salíamos a alertar porque ya estaban las máquinas… Y entonces nosotros andábamos desde Salta a todo Tucumán a visitar ingenio por ingenio. Los dirigentes gremiales no sabían nada y nosotros íbamos y hacíamos asambleas en los sindicatos de esos ingenios y les informábamos a la gente de lo que estaba pasando. […] Nos faltó ir al Chaco nada más… Lo hicimos todo con [Leandro] Fote…”.

El Congreso de Delegados de la FOTIA, los sindicatos de base, la comisión de movilización -que recorrió las distintas zonas azucareras del país-, las asambleas zonales fueron los instrumentos que posibilitaron un mayor nivel de conciencia y organización del conjunto de los trabajadores azucareros y también democráticamente establecer un plan de lucha y sostenerlo. Estas instancias no fueron armónicas ni homogéneas, poniéndose de manifiesto los distintos planteos políticos de las corrientes sindicales. No obstante, fue allí en donde el movimiento obrero logró acordar los puntos por los que los trabajadores lucharían como así también los métodos que utilizarían para conseguir esas reivindicaciones

Uno de los puntos más conflictivos para la corriente peronista que encabezaba el secretario de la FOTIA, estuvo vinculado al Pacto Social. Políticamente la conducción se había posicionado en defensa del mismo y del gobierno nacional, indicando que a éste se le oponían las patronales azucareras que utilizaban el Pacto como un instrumento para someter a los trabajadores. En ese Congreso, ante la presión de los delegados de realizar medidas de fuerza, Santillán esgrimió que el aumento del precio de la caña había sido resuelto sin consultar a los trabajadores y que constituía “[…] una violación al Pacto Social por parte del gobierno y de los cañeros…”. Además, el secretario indicó que la FOTIA se había quedado “[…] con las manos vacías…”. Por ello Santillán exhortó a que los obreros adoptasen medidas que no “sean locuras ni debilidades…”.

Como se lo hicieron saber los funcionarios gubernamentales, declarar la huelga implicaba una ruptura del Pacto y la confrontación con el gobierno nacional. Frente al paro, el gobierno provincial llamó a la Federación a que “reflexionase” sobre las “graves consecuencias” que traería la paralización de la actividad azucarera. Advirtiéndole que “[…] como FOTIA tiene una indiscutible trayectoria peronista, debe comprender que en este momento no puede haber nada superior a la unidad de la clase obrera en torno a la señora presidente de la Nación…”. Aseguraba además que el paro podía “ser aprovechado por quienes buscan alterar el clima de paz, armonía y entendimiento que caracterizan las relaciones del gobierno con todas las fuerzas políticas, empresarias y gremiales de Tucumán”. El gobierno señalaba que mantendría su política de diálogo pero que también garantizaría la libertad de trabajo.

La dirigencia de la FOTIA no sólo era cuestionada por el gobierno sino también por distintas corrientes sindicales que desde los inicios de la cosecha reclamaban la realización del paro. En ese sentido, el PRT-El Combatiente expresó que el Congreso adoptó medidas de fuerza “…largamente postergadas por maniobras de la burocracia sindical que encabeza Atilio Santillán…”-

Finalmente, el 11 de septiembre y a pesar de las intimaciones realizadas por el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, y el gobernador, la FOTIA realizó la primera etapa del plan con un paro de 24 horas, cuestionando en los hechos la política del Pacto Social, sumando a sus reclamos un aumento salarial de 1.000 pesos. La FOTIA evaluó que ese día el paro fue acatado en un 100% en todos los ingenios de Tucumán, incluido el Ñuñorco que en esos momentos no era parte de la FOTIA. Indicaba que, aunque la FEIA había decidido no adherir al paro, algunos de sus afiliados se sumaron a la huelga.

La reacción del gobierno no se hizo esperar y ese mismo día el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza. A pesar de ello, los 240 delegados en representación de 30 sindicatos reunidos en un nuevo Congreso decidieron continuar con las medidas de fuerza, con la realización de un paro de 48 horas para la semana siguiente. El gobierno subió la apuesta y el viernes 13 por la tarde, nombró como delegado normalizador de la FOTIA a Antonio Do Campo facultándolo para requerir el auxilio de la fuerza pública. La Federación estaba siendo intervenida, del mismo modo que ya había ocurrido con el SMATA cordobés, la Federación Gráfica Bonaerense y el sindicato de Fideeros. Sobre el edificio de la FOTIA, Santillán afirmó: “Es una vergüenza […] que a pesar de ser un gremio que siempre fue peronista, tengamos que verlo en este momento rodeado de soldados”.

El accionar del Ministerio exacerbó aún más los ánimos de los obreros. Ese mismo día los sindicatos de los ingenios Concepción, Bella Vista y Cruz Alta, a través de asambleas decidieron continuar con la huelga, prolongándose la medida de fuerza a lo largo de la provincia. Eduardo Farías, que fue uno de los dirigentes que acompañó a Santillán a las negociaciones en Buenos Aires, tiempo después recuerda las causas de la continuidad de la huelga, advirtiendo que ésta:

[…] fue prácticamente provocada […]. Una gran discusión entre Atilio Santillán y Otero […] le saca una carpeta a Santillán y le dice: ‘mira el currículum que vos tenes’… lo acusaba de Montonero… ¡Y para qué le habrá sacado eso a Atilio! Atilio comenzó a darle… y ahí se pudre todo. Cuando vamos a la FOTIA estaba la Policía, estaba el Ejército… ¡Vamos a Tucumán y nos encontramos con que estaba intervenida la FOTIA!. Nosotros fuimos a los ingenios y paramos todos los ingenios…

El edificio de la Federación fue ocupado por el delegado normalizador con la policía y tiempo después éste congeló todas las cuentas bancarias de la FOTIA. En esa determinación tuvo un rol activo el delegado regional del Ministerio de Trabajo en Tucumán, Florencio Robles, secretario general de la UOM y delegado de las ’62 Organizaciones. Posteriormente, las mesas conductoras de la CGT y las ‘62 Organizaciones locales aprobaron la designación del delegado.

1. Plenario combativo en Tucumán

De ese modo, y con todos los ingenios tucumanos paralizados por los obreros en huelga, Tucumán nuevamente se convertiría en uno de los puntos neurálgicos de la lucha popular en la Argentina. Así lo interpretaron las comisiones directivas y cuerpos de delegados de todo el país, entre los que se destacaban la Federación Gráfica Bonaerense, el SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba, que se convocaron allí para realizar un Plenario Nacional Sindical Combativo los días 14 y 15 de septiembre. Los puntos programáticos más importantes estaban vinculados a la lucha por el aumento salarial y a la vigencia de la democracia sindical.

Cabe recordar que unos meses antes, el 20 de abril, en Villa Constitución se había llevado a cabo el Plenario Antiburocrático convocado por las comisiones internas en conflicto de Acindar, Marathon y Metcon, con la perspectiva de establecer un frente de lucha de todos los trabajadores sin distinciones partidarias. En el Plenario, realizado en el Club Ribera del Paraná en Villa Constitución, participaron alrededor de 6.000 personas y contó con la presencia de distintos gremios combativos junto a sus direcciones. Entre los oradores estuvieron Rene Salamanca, Agustín Tosco y Alberto Piccinini. Los asistentes se unieron en los siguientes puntos: brindar su solidaridad a los obreros metalúrgicos de Villa Constitución; luchar por la democracia sindical, en contra del congelamiento salarial y el “matonaje” sindical; exigir el castigo a los responsables de los atentados cometidos contra organizaciones y activistas obreros y populares, y reclamar por la libertad de presos gremiales (Andujar, 1994: 140).

No fue casual entonces que apenas se diera a conocer el plan de lucha del Congreso de Delegados de la FOTIA a nivel nacional distintas organizaciones sindicales eligieran a Tucumán como la sede del Plenario Sindical Combativo, anunciando además la participación de Santillán, Tosco (Luz y FuerzaCórdoba), Raimundo Ongaro (Gráficos-Buenos Aires), Salamanca (SMATACórdoba), Piccinini (Acindar-Villa Constitución), entre otros.

Sin embargo, en medio de una intensa persecución a los obreros que se aprestaban a participar, el Plenario no pudo llevarse a cabo de la manera programada. La delegación del SMATA fue detenida antes de ingresar a Tucumán mientras que la sede de la FOTIA se encontraba bloqueada por carros de asaltos. El gobernador tucumano había declarado a la prensa que no iba a permitir la realización de una reunión de gremios combativos, pues “[…] me quieren traer Córdoba a Tucumán…”.

De todas maneras, el 14 de septiembre, según Agustín Tosco, llegaron a congregarse en Tucumán más de 100 entidades gremiales y dieron por constituida la Coordinadora Nacional de Gremios Combativos y Trabajadores en Lucha. En aquella ocasión Tosco y Ongaro se convirtieron en los voceros de la entidad, afirmando que el propósito de la convocatoria fue solidarizarse activamente con los azucareros tucumanos. Además, destacaban como objetivos de este nucleamiento la defensa de salarios justos y la plena vigencia de la democracia sindical. Aclararon que esta entidad no pretendía conformar una CGT paralela y que se había acordado dejar de lado las ideologías partidarias.

Distintos medios de comunicación quisieron minimizar e inclusive negar la participación de los obreros azucareros. Ello contrasta con lo que señalaron, tiempo después, diferentes obreros de aquel período. Uno de los asistentes de ese Plenario, el ex dirigente del ingenio Concepción, Cesar Bustos, recuerda que allí:

Se discutió la política general, lo que se venía, la necesidad de organizarse… y algunos fueron más allá… Se discutió toda la situación de los trabajadores argentinos. Es decir fue amplísimo pero fue una sola jornada… No dio para más porque los servicios de información ya habían tomado conocimiento del desarrollo de ese Congreso y pararon en la ruta.

Sectores de la derecha peronista cuestionaron a los dirigentes de FOTIA por permitir la realización del Plenario, acusándolos de convertirse en anfitriones de “[…] Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, Salamanca y toda su comparsa de zurdos para el intento de formar una especie de CGT paralela destinada a bombardear al actual gobierno”. Días después del Plenario, en su defensa Santillán afirmó en una entrevista: “No me gusta cuando hablan de gremios combativos. Yo participé en la convocatoria a todos los gremios en conflicto del país.” Cuando el periodista le consultó por qué los azucareros habían decidido participar, el secretario de la FOTIA indicó: “Porque no sabíamos cuánto tiempo duraría nuestra lucha […] y necesitábamos buscar aliados. Pero era un plenario para que cada uno exponga su problema gremial.” Respecto a si él no había advertido las consecuencias políticas, señaló: “[…] no dudábamos que los nombres de Tosco y Salamanca iban a ser utilizados políticamente. Pero nosotros […] teníamos que apoyar a los compañeros mecánicos de Córdoba. Y ahora la empresa les dio la razón y les ofreció aumentos. Entonces teníamos razón cuando coincidíamos con Salamanca, aunque no ideológicamente. Nosotros somos peronistas y él no. Pero hay que tener conciencia de clase. Eso es elemental”.

1. Profundización de las medidas de fuerza

La huelga continuaba. El 15 de septiembre, con la sede de la FOTIA rodeada de policías, el Congreso de Delegados sesionó a puertas cerradas en el sindicato de Bella Vista. Allí se decidió por unanimidad ratificar la decisión que espontáneamente habían adoptado los obreros de continuar con el paro que, con excepción del ingenio Ñuñorco, se realizaba en toda la provincia. Mientras tanto las patronales clamaban por las pérdidas de sus ganancias, indicando que ya habían procesado 100.000 toneladas menos que en 1973. Además, señalaban la repercusión de la medida de fuerza en la economía nacional pues Tucumán suministraba el 60% del azúcar que proveía el país.

La huelga sumaba adhesiones de distintos sectores del campo popular. Los estudiantes realizaron una asamblea en el comedor universitario y decidieron apoyar activamente la medida de fuerza de los obreros. También organizaciones sindicales se solidarizaron. Entre los días 17 y 18 de septiembre, a nivel nacional la medida de fuerza de los azucareros coincidió con la de la Confederación General de la Educación, motorizado en Tucumán por los maestros nucleados en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), que evaluó luego que el paro había sido acatado masivamente.

El 17 de septiembre fue uno de los días de mayor tensión, cuando los obreros azucareros planificaron efectuar un acto frente a la Casa de Gobierno, con el propósito de confluir con los distintos sectores en conflicto del movimiento obrero y el movimiento estudiantil, como había ocurrido durante los Tucumanazos de 1970 y 1972. Ese día, el sindicato del ingenio Ñuñorco decidió plegarse a la medida de fuerza nuevamente, por lo que la paralización de la actividad azucarera fue total. A ello se sumaba la huelga docente, y el paro de la Unión Tranviaria Automotor en repudio al asesinato de Atilio López, ex vicegobernador de Córdoba y uno de los protagonistas del Cordobazo, por la Alianza Anticomunista Argentina.

El gobierno provincial utilizó la represión abierta, al tiempo que el Ministerio de Trabajo intentó dividir a los trabajadores azucareros, otorgándole la personería gremial a la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuarios de Tucumán (FOSIAAT), una entidad paralela a la FOTIA. Esta treta también había sido promovida en el gobierno de Onganía, utilizando diferencias objetivas entre los obreros del surco y de fábrica para partirlos en dos federaciones (Nassif, 2016).

Con el propósito de marchar hacia la Capital, los trabajadores acordaron dos puntos de encuentros. Los obreros de los ingenios cercanos a San Miguel, se reunieron en la Banda del Río Salí, mientras que los obreros de los ingenios del sur se nuclearon en el Bella Vista. El gobierno, para evitar la entrada a San Miguel y un posible estallido, dispuso un gran despliegue policial con retenes montados en los accesos a la Capital.

De todas formas, los trabajadores intentaron sobrepasar los controles policiales y casi de manera simultánea ambas columnas fueron reprimidas. Algunos obreros de la abultada caravana de Bella Vista, encabezada por el propio Santillán, pudieron dispersarse entre los cañaverales mientras que otros fueron detenidos como el dirigente del ingenio San Pablo, Miguel Lazarte. En la represión policial Luisa Lemos Beltrán, esposa de un zafrero santiagueño, murió a causa de un paro cardíaco producto de los disparos de armas de fuego y los gases lacrimógenos.

En la Banda del Río Salí se desarrollaron los hechos de mayor represión cuando más de medio millar de trabajadores de los ingenios Concepción, San Juan, La Florida y el cerrado ingenio Esperanza intentaron ingresar a San Miguel. En el puente de acceso a la Capital, las fuerzas policiales dispararon para disolver a los manifestantes. Frente a ello los trabajadores organizaron barricadas y los enfrentamientos duraron dos horas, registrándose heridos de bala. Los obreros que pudieron sortear los controles realizaron una concentración en la Capital junto a los estudiantes, que también fue reprimida por la policía. En la zona cercana al rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, los manifestantes resistieron por unas horas los gases lacrimógenos a través de barricadas.

Al finalizar la jornada se contabilizaron un centenar de detenidos -entre ellos dirigentes de la FOTIA-, heridos y la muerte de una mujer. Al día siguiente, para garantizar la libertad de trabajo, aterrizaron en Tucumán más de 200 efectivos de la policía Federal. No obstante, los conflictos continuaron. En las cercanías del ingenio San Juan los obreros cortaron la ruta y se enfrentaron a la policía. Mientras que en la Capital los estudiantes realizaron actos relámpagos en solidaridad con la FOTIA.

La huelga llevaba casi una semana cuando el delegado del Ministerio, Florencio Robles, urdió una nueva maniobra con el propósito de concluir la medida de fuerza. Unilateralmente notificó a los empresarios la reanudación de la molienda y les garantizó que utilizaría las fuerzas de seguridad emplazadas en la zona de los ingenios. Sin embargo, cuando las sirenas de varios ingenios sonaron, convocando a la reanudación de tareas, los trabajadores no se presentaron y las pocas personas que intentaron ingresar fueron detenidas por piquetes de obreros. La huelga continuaba siendo acatada masivamente.

El día 20 se volvió a reunir el Congreso con más de medio millar de delegados obreros, quienes ratificaron continuar con la huelga y el emplazamiento de ollas populares por todo Tucumán, retomando un instrumento de protesta utilizado durante las luchas contra el cierre de los ingenios. Santillán destacó que era “[…] una huelga de las bases y que los trabajadores han tomado el programa de la defensa de la organización y ‘los pelearán a capa y espada’”. Mientras el conjunto de los obreros protagonizaba esta acción de masas, discutiendo en el Congreso el curso de la huelga, en la localidad de Santa Lucía el ERP realizó un operativo. Según su prensa la compañía del monte “[…] ajustició a responsables directos del asesinato por torturas de nuestro inolvidable compañero ‘Zurdo’ Jiménez…”. Este acontecimiento generó valoraciones distintas y polémicas en el seno de la FOTIA. Lo cierto es que las organizaciones del movimiento obrero no lo reivindicaron como propio ni sumaron esta metodología a su repertorio de modalidades de protesta.

El 23 de septiembre, después de casi 10 días de huelga, el sindicato del ingenio Ledesma, liderado por Melitón Vázquez, -que representaba entre 8.000 y 12.000 obreros en época de zafra- en asamblea estableció un paro de 48 horas en solidaridad con la FOTIA, y también para exigir un aumento salarial, mejoras en las condiciones laborales y el desplazamiento de mano de obra por la mecanización de la cosecha. Con los obreros de Ledesma, la huelga azucarera se extendía por el Noroeste Argentino. Luego, los dirigentes señalaron que la medida se realizó también en Calilegua en Jujuy y Abra Grande en Salta.

1. Desenlace

A pesar del acatamiento masivo de la huelga tanto por los obreros de fábrica como por los del surco, la situación de la FOTIA era cada vez más difícil y Santillán junto a otros dirigentes viajaron a Buenos Aires con el propósito de buscar soluciones. Mientras tanto, el sindicato del Ñuñorco decidió reanudar la molienda luego de acordar con el Directorio un incremento de 400 pesos a partir de septiembre.

Así, con su personería gremial suspendida, su sede ocupada, su Comisión Directiva no reconocida y sus fondos congelados, la FOTIA se encontraba además presionada por un gobierno con el que se identificaba. También actuaban las patronales, que denunciaban que los canchones y los campos estaban abarrotados de cañas. La Cámara Gremial de Productores de Azúcar informó que luego de 10 días de huelga se habían perdido 250 millones de pesos.

En ese contexto, la noche del 25 de septiembre, a dos semanas de la declaración de la huelga, el Congreso reunido en San Pablo sometía a discusión la continuidad de la medida de fuerza. En un clima de intenso nerviosismo trascendió que en las reuniones en Buenos Aires que llevaba adelante Santillán, los funcionarios le exigían para negociar primero el levantamiento del paro. A su vez se divulgó que el secretario de la FOTIA también había entablado conversaciones informales con sectores empresariales y que éstos habían afirmado que estaban dispuestos a discutir un aumento salarial con tal de que finalizara la medida de fuerza.

Al interior del Congreso se manifestaron dos posiciones: los que apoyaban el fin de la huelga -propuesta que contaba con el beneplácito de Santillán-; y los que querían mantenerla hasta conquistar todos los puntos del petitorio. Los resultados de la votación fueron: 22 sindicatos a favor de la finalización del paro, 9 en contra y 2 abstenciones. De todos modos, el Congreso decidió pasar a un cuarto intermedio con el propósito de refrendar a través de asambleas con las bases el levantamiento de la medida de fuerza. Mientras tanto los sindicatos de los ingenios salteños San Martín de Tabacal y San Isidro anunciaron una huelga por 48 horas en apoyo a la FOTIA para el día 26.

Finalmente, después de la consulta por sindicato, el 28 de septiembre el Congreso de Delegados resolvió, sin ningún tipo de condicionamiento, dar por finalizada a una de las huelgas más importantes de la historia de la FOTIA. Algunos de los dirigentes que anteriormente se habían manifestado en contra de levantar el paro, cumpliendo el mandato de sus bases, acataron la decisión de la mayoría. Uno de ellos señaló: “Si es necesario levantar para ganar, hay que poner fin a la huelga”.

Días después se le restituyó la personería gremial a la FOTIA y el Consejo asumió sus funciones y el conjunto de los obreros obtuvo un aumento de 510 pesos mensuales, la mitad de lo que habían reclamado. Primero el Congreso de Delegados reunido el 12 de octubre, con la participación de 35 sindicatos, rechazó el aumento y dispuso la realización de “asambleas informativas” en los establecimientos laborales, acción que pronto generó el repudio de los industriales por considerarlas paros parciales de dos horas. Frente a ello, el Ministerio de Trabajo formuló una advertencia a la FOTIA pues consideraba que ese procedimiento implicaba en realidad la “paralización del trabajo”. Finalmente, la FOTIA desistió de la medida.

El 23 de octubre se reunieron los distintos gremios de los trabajadores con los grupos empresarios en el Ministerio de Trabajo. Allí se fijó el aumento de 510 pesos. El Centro Azucarero Argentino se comprometió además a pagar los salarios familiares desde el mes de septiembre y acordó establecer una Comisión de Estudio -integrada por 12 miembros, 6 en representación de los obreros y 6 por los empresarios- para precisar el número de obreros permanentes “realmente necesarios” para la actividad rural azucarera con referencia a mil surcos de caña (Ostengo de Ahumada, 1977). El aumento salarial que obtuvieron los trabajadores azucareros estuvo por encima de la inflación, situación que no se volvería a repetir en los años siguientes.

La zafra se extendió extraordinariamente hasta el mes de enero de 1975. El hecho de que los empresarios hayan perdido posibilidades de lograr mayores ganancias -primero por la paralización de la entrega de la materia prima por parte de los productores cañeros, y luego por la huelga de los trabajadores en defensa de mejoras en sus condiciones de vida- no impidió que éstos obtengan grandes beneficios. Esto quedó de manifiesto en los resultados finales de la producción de azúcar a nivel nacional, que arrojaron que en la campaña 1974 se elaboraron 1.432.136 toneladas, de las que 857.653 correspondían a Tucumán, es decir casi un 60%. En comparación con la zafra anterior, ello significó una disminución del 7%. Asimismo, un informe parcial de la Dirección Nacional de Azúcar advertía que la cifra final de producción de azúcar de 1974 había logrado el abastecimiento del mercado interno y también el cumplimiento de las cuotas de exportación.

Balances posteriores de la huelga y persecución a los dirigentes

En relación al significado de esta huelga y las causas por las que finalizó se realizaron balances contradictorios que perduran hasta el presente. Así, más de cuarenta años después, ello fue reflejado en las entrevistas realizadas a los ex dirigentes que sobrevivieron el terrorismo de Estado. César Bustos – secretario del ingenio Concepción desde 1975, secuestrado el 7 de enero de 1976 y liberado a fines de 1979- explica que la huelga de 1974 finaliza:

Porque se obtiene primero la restitución de su personería. Luego un aumento salarial. (…) Por eso decidimos levantarla… Era realmente una recuperación del poder adquisitivo del sueldo bastante importante…

Algunos sectores gremiales, especialmente los vinculados al PRT-El Combatiente, manifestaron su disconformidad con la decisión de levantar la huelga y también con la conducción de la Federación. Uno de los dirigentes del ingenio San José, se expresa realizando un balance negativo de aquella disposición:

[…] Terminó el paro, levantamos el paro a los 17 días… y sin conseguir nada… Entonces había toda una discusión, todo un malestar en algunos dirigentes que tampoco han estado a la altura de la situación… En esa época nosotros planteábamos salir a la calle, cortarles las calles y no… No se podía sacar… porque la mayor parte de los dirigentes eran peronistas, no impulsaban esto… capaz que el obrero por ahí estaba dispuesto a eso pero al no impulsarlo el gremio, los dirigentes, no se lo podía hacer… Terminamos mal…

Por otra parte, el ex dirigente peronista del ingenio Bella Vista y hermano de Santillán, Hugo, señala las contradicciones entre las diferentes corrientes políticas sindicales:

[…] yo soy el que encabezó los planteos de un grupo de dirigentes a Atilio Santillán. ¿Por qué? Porque sucedían algunos hechos que nada tenían que ver con nuestro movimiento, y se estaba tratando de utilizar ese hecho o esa medida de fuerza para hacer otra cosa.

En ese sentido se expresó Julio Lescano, dirigente del ingenio Bella Vista y uno de los dos directores obreros de CONASA:

Hacemos la huelga y la gente que estaba en los cerros era muy adversaria nuestra, porque ellos nos han querido poner una ideología que no era para nosotros. Nosotros hemos cantado clarito: ‘nosotros los queremos a los trabajadores, defendemos a los trabajadores, yo defiendo mi casa, mi mujer, mi vieja y mis hijos. Ideología política no’.

Más allá de las discrepancias manifiestas por los entrevistados acerca de los resultados y causas de la finalización de la huelga del ‘74, resulta importante señalar que en aquel momento -a mediados de los años ’70- los balances sobre la medida de fuerza quedaron cercenados por los posteriores acontecimientos. A fines de 1974 recrudeció la represión y fueron detenidos algunos de los dirigentes obreros que habían motorizado la huelga. En cierta medida ello imposibilitó elaborar conclusiones colectivamente a través de los Congresos de Delegados y las asambleas en los sindicatos, tan importantes durante la huelga.

Ello ocurría un mes y medio antes de que la presidenta Martínez de Perón firmara el decreto del Operativo Independencia, con el que autorizaría la participación del Ejército en la represión interna. En diciembre de 1974, los trabajadores vinculados a la Comisión de movilización de la huelga fueron los primeros en ser detenidos. Mario Rodríguez, ex secretario general del sindicato del surco de San José, señala en su testimonio en uno de los juicios de lesa humanidad:

Después de ese paro nosotros comenzamos a ser perseguidos; me refiero a los miembros de esa Comisión y a otros compañeros nombrados por ella, que colaboraron en la preparación de la medida de fuerza.” “En cuanto a mí, la persecución la sufro a partir de la terminación del paro. El 9 de diciembre va la ‘Triple A’ a mi casa…

Durante la noche del 12 de diciembre de 1974, mientras los dirigentes de La Providencia Farías y Juan Medina se encontraban en sus respectivos domicilios familiares durmiendo, la Policía los fue a buscar. En este operativo participó activamente Roberto Heriberto El Tuerto Albornoz, quien durante la dictadura de 1976 será el jefe de inteligencia de la Policía Provincial. Medina recuerda:

[…] con un culatazo abrieron la ventana y entonces yo salté de la cama… No sabía quién era… Y ahí me apuntaron con itacas y me decían: ‘abrí la puerta’. Y ahí fue que me llevaron…”. “Lo único que me dijeron: ‘vamos al sindicato’. […] De la forma que golpearon acá, golpearon el sindicato rompieron la puerta y entraron…

Antes de que Medina llegara al sindicato, el camión que lo transportaba paró cerca del ingenio Santa Rosa en donde recogieron a dirigentes sindicales de ese ingenio. Cuando Medina llegó al sindicato, éste estaba tomado por la policía y apresado el dirigente Farías. Luego, ambos fueron trasladados a la Jefatura de Policía, y fueron encuadrados en la Ley 20.840 -casualmente sancionada el 28 de septiembre de 1974, el mismo día en que se dio por finalizada la huelga azucarera- que aplicaba penalidades “a las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. A partir de allí comenzará para los dos un largo peregrinar por distintas cárceles del país hasta su liberación siete años después a fines de la última dictadura.

Un mes después de estos sucesos, en febrero de 1975, se instaló el OI que implicó la ocupación de las Fuerzas Armadas del espacio público y limitó drásticamente el accionar de la FOTIA por sus reivindicaciones sociales y en su influencia en el plano político. Tiempo después, el primer comandante del OI, Adel Vilas, explicó que el epicentro de su accionar en la provincia se llevó a cabo en el “[…] ámbito gremial y dentro del mismo el objetivo principal era la FOTIA…” (Programa Verdad y Justicia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Centro de Estudios Legales y Sociales y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2015: 32). Muchos establecimientos azucareros sirvieron de base de operaciones militares y Centros Clandestinos de Detención, como los ex ingenios Lules, Nueva Baviera, Santa Lucía y los ingenios La Fronterita y Bella Vista, entre otros. Así, durante el OI el movimiento obrero tucumano sufrió la detención, el secuestro y la desaparición de trabajadores además del control extremo en sus lugares de trabajo. Años después, la causa judicial en la que se juzgaron crímenes de lesa humanidad denominada Operativo Independencia destacó explícitamente la elevada cantidad de víctimas obreras en ese período. Luego en marzo de 1976 sería asesinado Atilio Santillán y después serían desaparecidos Benito Romano y Leandro Fote, y muchos obreros azucareros más.

Conclusiones

La huelga obrera azucarera de septiembre de 1974 fue impulsada y protagonizada por las bases. Pesaba en ellas los años de crisis y de miseria luego del Onganiato, los nuevos intentos de eliminación de puestos de trabajo en la actividad y los bajos salarios. La huelga se realizó a pesar de las distintas maniobras de las patronales y de los funcionarios del gobierno peronista nacional y provincial.

Las distintas corrientes existentes en el seno de la FOTIA pudieron articularse en torno a esta medida de fuerza, que implicó la paralización de la economía provincial por más de dos semanas, con un importante despliegue organizativo y de discusión democrática que tuvo como centro los congresos de Delegados Seccionales, algunos de ellos realizados en la clandestinidad, en los que participaron al menos medio millar de delegados obreros. El sector peronista que encabezaba el secretario general Atilio Santillán mantuvo la dirección de la huelga. La huelga finalizó cuando el Congreso de Delegados accedió al pedido del gobierno, concretándose días más tarde un aumento de la mitad de lo que los obreros habían reclamado pero que, sin embargo, rompió con el congelamiento salarial impuesto por el Pacto Social y superó los índices de la inflación. Asimismo, los obreros del surco pudieron evitar, al menos temporalmente, el masivo desplazamiento de mano de obra, poniéndoles un límite a las patronales en su intento de mecanización de las tareas rurales.

Al finalizar la huelga se expresaron con fuerzas las profundas diferencias entre las corrientes en el seno de la FOTIA. La raíz de estas diferencias residía en el posicionamiento político frente al gobierno peronista, en un clima cada vez más enrarecido y difícil en el que diversos sectores impulsaban desestabilizar al gobierno. Así, mientras una parte del movimiento obrero centraba sus ataques en el gobierno peronista, otro sector se diferenciaba de éstos, aunque ello significó realizar distintas concesiones. Primero aceptaron levantar las medidas de fuerza, tras lo que el pliego de reivindicaciones fue concretado parcialmente. Luego decidieron no continuar con las asambleas en los lugares de trabajo.

La huelga obrera azucarera de 1974 fue el punto culminante de la lucha de los trabajadores nucleados en la FOTIA. Luego, los trabajadores llevaron a cabo distintas protestas a través de sus organizaciones de base. Pero la situación para el movimiento obrero azucarero y demás sectores populares se fue tornando cada vez más compleja. Sobre todo, a partir de la intensificación del proceso represivo en febrero de 1975 con la ocupación militar de la provincia en el marco del OI y los planes de golpe de Estado que ya se empezaban a poner en marcha contra el gobierno peronista. El OI pretendió justificarse en la defensa del gobierno constitucional frente a la guerrilla. Pero a la luz de los acontecimientos posteriores en realidad vino especialmente a disciplinar a la clase obrera, como ya se había visto en los operativos de mayo y de agosto de 1974 a cargo de Alberto Villar y Benjamín Menéndez respectivamente. La huelga organizada por la FOTIA constituyó así una bisagra entre dos momentos: entre un período de lucha creciente de los obreros azucareros y la antesala del golpe de Estado.