La causa, iniciada en octubre de 2023, apunta a altos ejecutivos por presunto vaciamiento de la empresa.
En el día de ayer, viernes 22 de diciembre, se llevaron a cabo seis allanamientos en las localidades de Reconquista, Avellaneda y Rosario, en el marco de la investigación por presunta administración fraudulenta de la empresa Vicentín SAIC. La orden, solicitada por el fiscal de Delitos Complejos, Miguel Moreno, tenía como objetivo recopilar pruebas relevantes para la causa.
Entre los lugares allanados se encuentra, una vez más, la administración central de Vicentín SAIC, ubicada en la esquina de calles San Martín y 14 de la Ciudad de Avellaneda. También fueron registrados domicilios particulares de los sospechosos, incluyendo a altos ejecutivos de la empresa.
La acción contó con la participación de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. Curiosamente, no se involucró a ningún agente local, incluso a modo de colaboración, lo que podría indicar la necesidad de preservar la confidencialidad de la operación.
La investigación, centrada en la ciudad de Rosario, se inició en octubre de 2023 a raíz de denuncias presentadas por algunos socios de Vicentín SAIC, quienes se consideran perjudicados por la presunta gestión fraudulenta de los administradores. Estos últimos son identificados como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Boschi.
Los fiscales a cargo de la investigación sostienen que los imputados conformaron una asociación ilícita que operó de manera coordinada desde 2017, utilizando la estructura de Vicentín SAIC y las empresas vinculadas que integran el grupo económico. Según la acusación, llevaron a cabo un plan delictivo con división de roles, aprovechándose de la estructura societaria para cometer diversos ilícitos.
La causa cobra relevancia en el contexto de la historia reciente de Vicentín, que fue centro de atención nacional cuando el presidente Alberto Fernández intentó la expropiación de la empresa, generando polémica y sospechas de persecución política. En esta ocasión, la investigación se centra en la presunta actividad delictiva interna que habría llevado a la cesación de pagos de la empresa. El desarrollo del caso será seguido de cerca por la opinión pública ante la magnitud del impacto económico y social que tuvo la situación de Vicentín en el pasado.
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