Arrancó la audiencia imputativa a los exdirectivos de Vicentin: retrasos, reclamos y nuevas acusaciones

Con una hora de demora y en un clima tenso, este jueves se inició en el Centro de Justicia Penal de Rosario la audiencia imputativa contra cuatro exdirectivos de Vicentin detenidos desde el fin de semana pasado en el marco de una megacausa por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. La jornada comenzó pasadas las 15 con la presencia de Daniel Buyatti y Roberto Gazze, mientras se aguardaba el traslado de Omar Scarel y Alberto Macua desde la Oficina de Recepción de Detenidos (Order), donde permanecían bajo un protocolo de alta peligrosidad.

La defensa de los empresarios, encabezada por el abogado Jorge Ilharrescondo, solicitó el aplazamiento de la audiencia argumentando que recién a las 3.18 de la madrugada de este jueves habían recibido el escrito de imputación. “No hemos tenido tiempo suficiente para interiorizar a nuestros defendidos sobre los cargos que se les atribuyen. Lo mínimo que exige un Estado de Derecho es poder ejercer adecuadamente la defensa”, sostuvo Ilharrescondo, advirtiendo que no descarta recurrir a instancias internacionales por supuestas irregularidades procesales.

Finalmente, cerca de las 16, Scarel y Macua llegaron al edificio judicial, lo que permitió avanzar con la exposición de la acusación. Mientras tanto, el tribunal decidió iniciar el procedimiento abordando temas colaterales, sin ingresar de lleno al contenido central de la imputación.

Una causa con derivaciones políticas y empresariales

Los cuatro detenidos —Buyatti, Gazze, Scarel y Macua— fueron señalados por la Fiscalía de Delitos Económicos como los líderes de una asociación ilícita que habría montado una estructura criminal para llevar adelante la quiebra fraudulenta de Vicentin en 2019. La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es que el default de la cerealera no fue producto de una crisis repentina, sino la consecuencia de un prolongado proceso de endeudamiento y ocultamiento que se habría iniciado años antes.

Según los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, el grupo empresario habría presentado balances falsos, simulado operaciones y desviado fondos hacia sociedades vinculadas para seguir tomando crédito de bancos y proveedores, aun cuando la situación financiera de la compañía era terminal. Una parte central de la maniobra habría consistido en la utilización sistemática del mecanismo “a fijar precio”, muy habitual en el comercio de granos, pero que terminó generando un colapso de confianza con los productores y acopiadores.

El operativo que terminó con las detenciones incluyó 20 allanamientos en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y la Ciudad de Buenos Aires. Buyatti y Gazze fueron apresados el viernes anterior, mientras que Scarel y Macua se entregaron el sábado en la sede de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en Rosario.

¿Qué se les imputa?

En diciembre de 2023, los fiscales presentaron un extenso escrito de más de 500 páginas donde solicitaron la apertura del juicio oral para 16 exdirectivos, auditores y síndicos de la empresa. Entre ellos, solicitaron duras penas de prisión:

• Roberto Gazze: 17 años

• Daniel Buyatti y Alberto Macua: 16 años

• Omar Scarel: 14 años

• Máximo Padoan: 12 años

• Martín Colombo: 13 años

• Cristian Padoan, Sergio y Pedro Vicentin: 10 años

• Yanina Colomba Boschi y Javier Gazze: entre 8 y 10 años

• Miguel Vallaza: 8 años

Además, solicitaron penas para quienes, según el MPA, colaboraron desde afuera:

• Eduardo Harnan, socio de la auditora KPMG: 7 años

• Síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut: 3 años

Uno de los puntos más controvertidos de la audiencia de este jueves fue la mención por parte de la defensa de que en el nuevo escrito de imputación figuran montos facturados por sus clientes, información que consideran confidencial. El equipo legal pidió que esa información se maneje con la reserva debida y cuestionó el avance del proceso sin las garantías mínimas del derecho de defensa.

Un proceso judicial con proyección internacional

La causa Vicentin, que comenzó a investigarse en 2020, no solo tiene impacto económico y político por el peso que la empresa tuvo en el agro argentino, sino que podría escalar a organismos internacionales si, como advirtió Ilharrescondo, no se respetan las garantías procesales mínimas.

Mientras tanto, desde el Ministerio Público se preparan para presentar nuevas evidencias y ampliar la acusación en base a documentación recolectada en los últimos meses, que incluiría movimientos financieros recientes y vínculos con otras empresas.

El proceso recién comienza, pero ya promete ser uno de los más relevantes del sistema judicial santafesino en la última década. El derrumbe de Vicentin no solo dejó una estela de acreedores impagos, productores estafados y bancos embaucados, sino que también dejó en evidencia las fragilidades de control sobre grandes conglomerados económicos en Argentina.