Condenan al ex jefe de Vialidad de Vera por corrupción

En un juicio que captó la atención de la comunidad local, el exjefe de la Zona VIII de la Dirección Provincial de Vialidad en Vera, Luis Alberto Tallarico, fue condenado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con 65 años, Tallarico recibió una pena de un año y dos meses de prisión condicional, y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de dos años y cuatro meses. La sentencia, dictada por el juez Sergio Olivera, concluyó un juicio oral que tuvo lugar en los tribunales de Vera.

El fiscal Sebastián Marichal, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio, detalló las múltiples irregularidades administrativas que ocurrieron bajo la gestión de Tallarico, entre 2014 y 2018. Estas irregularidades estuvieron relacionadas con compras fraudulentas y manejo indebido de fondos públicos dentro de la Dirección Provincial de Vialidad, afectando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

Los hechos: compras irregulares y control laxo

La investigación contra Luis Alberto Tallarico se inició en 2016, cuando una auditoría interna de la Dirección Provincial de Vialidad detectó una serie de irregularidades en los procedimientos de adquisición de bienes para la Zona VIII. Según explicó el fiscal Marichal durante el juicio, el exjefe de la repartición pública permitió que el personal encargado de las compras operara con total libertad, sin respetar la normativa establecida para la administración de recursos estatales. Las transacciones se realizaban sin controles efectivos, en comercios locales y de otras localidades de la provincia.

Entre las prácticas ilegales se destacó la omisión de firmas en los formularios de solicitud de compras, que eran acordadas verbalmente y desechadas una vez completadas las transacciones. “Estos procedimientos carentes de control permitieron una serie de compras irregulares, beneficiando a ciertos proveedores y afectando seriamente los recursos públicos”, detalló Marichal. Además, se verificó la emisión de facturas por montos superiores a los bienes adquiridos, así como pagos realizados mediante recibos informales o sin documentación alguna.

El fiscal también reveló que en 2016 la Dirección Provincial de Vialidad solicitó a Tallarico que adecuara los procedimientos de compras tras detectar estas irregularidades, sin embargo, un nuevo relevamiento en 2017 constató que las malas prácticas no solo continuaron, sino que se intensificaron.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público: la mirada de expertos en derecho administrativo

La condena a Tallarico se basó en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tipificado en el artículo 248 del Código Penal argentino. Esta figura penal sanciona a los funcionarios que incumplen con sus responsabilidades, ya sea por acciones u omisiones, poniendo en riesgo la correcta administración pública.

El abogado y jurista Juan Carlos Cassagne, en su libro Derecho Administrativo, señala que “el incumplimiento de los deberes de funcionario público es una de las formas más graves de corrupción administrativa, pues atenta contra el principio de legalidad que debe regir la función pública. La falta de control en la gestión de recursos estatales genera una profunda desconfianza en la ciudadanía y socava las bases del Estado de Derecho” (Derecho Administrativo, Editorial Abeledo-Perrot, 2017, p. 233).

Este caso demuestra que no se requiere que el funcionario obtenga un beneficio personal para que se configure el delito. El simple hecho de no ejercer los controles necesarios y permitir que se cometan irregularidades es suficiente para ser condenado. El especialista en derecho penal Mariano Causse, en una conferencia en 2019, explicó que “el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público no exige, para su configuración, una intención dolosa en cuanto a obtener un beneficio personal. Basta con que se omitan responsabilidades inherentes al cargo, lo que pone en riesgo el patrimonio público”. (Conferencia en el marco del Congreso Nacional de Derecho Penal, Buenos Aires, 2019).

En este contexto, las omisiones de Tallarico en la supervisión y control de las compras públicas fueron fundamentales para su condena. Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Tallarico no solo falló en cumplir con sus deberes, sino que activamente instaba a su personal a realizar pagos y transacciones sin la debida documentación.

El impacto de la inhabilitación para cargos públicos

Además de la pena de prisión condicional, la condena incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y cuatro meses. Esta sanción busca prevenir que el condenado vuelva a ocupar un puesto en la administración pública, protegiendo así los intereses del Estado y de la ciudadanía.

El abogado constitucionalista Gregorio Badeni, en su obra Derecho Constitucional Argentino, explica la importancia de la inhabilitación en casos de corrupción administrativa: “La inhabilitación para el ejercicio de la función pública es una sanción prevista por el ordenamiento jurídico para aquellos funcionarios que, a través de sus actos, violan los principios fundamentales que sustentan el servicio público. Su objetivo es garantizar la integridad de las instituciones y evitar la reincidencia en conductas que puedan poner en peligro el interés general” (Derecho Constitucional Argentino, Editorial La Ley, 2016, p. 479).

Esta sanción es especialmente relevante en casos de mal manejo de recursos públicos, como en el caso de Tallarico. La inhabilitación no solo castiga al funcionario, sino que también refuerza la necesidad de una administración pública transparente y responsable.

La prescripción y absolución en otros delitos

Durante el juicio, además de la condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, se investigaron otros delitos como la malversación de caudales públicos y el fraude en perjuicio de la administración pública. Sin embargo, Tallarico fue sobreseído por estos cargos debido a la extinción de la acción penal por prescripción, lo que significa que el tiempo transcurrido desde los hechos hasta el juicio superó el plazo legal para ser juzgado.

La malversación de caudales públicos está contemplada en el artículo 260 del Código Penal y sanciona a aquellos funcionarios que sustraen o desvían fondos públicos. Sin embargo, en este caso, los tiempos judiciales demoraron tanto que no se pudo llegar a una condena por esta figura. Como destacó el abogado Gustavo Feldman, la prescripción en casos de delitos contra la administración pública “es un problema estructural en el sistema judicial argentino, que muchas veces termina favoreciendo a los imputados por la demora en los procesos”. (Conferencia en 2022, Universidad Nacional del Litoral).

Tallarico también fue absuelto de la acusación de fraude en perjuicio de la administración pública, ya que la defensa argumentó que no existía una intención directa de perjudicar al Estado. El especialista en derecho administrativo Carlos Rosales comentó que “el hecho de que los bienes adquiridos, aunque de forma irregular, llegaran a su destino, pudo haber influido en la absolución de este delito” (Conferencia sobre delitos en la función pública, 2020).

Reflexión: un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas

El caso de Luis Alberto Tallarico resalta la importancia de los mecanismos de control en la administración pública. La transparencia es fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, y cualquier desviación en el manejo de recursos públicos debe ser detectada y sancionada de manera oportuna.

Como explicó la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci en una conferencia sobre ética en la función pública, “la transparencia en la gestión pública es un requisito indispensable para la legitimidad de cualquier gobierno. La falta de control y la discrecionalidad en la administración de recursos genera un caldo de cultivo para la corrupción, lo cual debe ser enfrentado con reformas estructurales que garanticen mayor supervisión y rendición de cuentas” (V Congreso Internacional de Ética Pública, Mendoza, 2018).

En definitiva, este caso debe servir como un ejemplo de la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las áreas de la administración pública, para evitar que los recursos del Estado sean mal utilizados y asegurar una gestión eficiente y responsable en beneficio de toda la sociedad.