Este miércoles 14 de mayo, la provincia de Santa Fe se ve nuevamente atravesada por una jornada de paro docente convocada por Amsafé, en rechazo a la última propuesta salarial presentada por el gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro. Pese a la advertencia oficial de que se aplicarán descuentos a quienes adhieran a la medida, el gremio docente reporta un alto nivel de acatamiento en escuelas de toda la provincia.
La oferta del Ejecutivo consiste en un incremento del 8% escalonado en tres meses: 3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio, con base en los salarios de marzo. También contempla un salario garantizado de 75.000 pesos, pero limitado a docentes en actividad. La propuesta fue rechazada por Amsafé en asambleas departamentales y provinciales, donde se destacó que la inflación acumulada hace que dicho aumento sea insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido.
La tensión crece por la decisión del Ministerio de Educación de descontar el día a quienes paren. Según el ministro José Goity, “la política del gobierno provincial es clara: el que no trabaja, no cobra”. Esta postura ha sido reiterada en paros anteriores, donde efectivamente se aplicaron descuentos, generando un efecto disciplinador que afectó el nivel de adhesión.
Sin embargo, esta vez el escenario es distinto. Según fuentes gremiales, la participación docente sería mayor que en otras jornadas, producto de un hartazgo creciente frente a lo que consideran una política de ajuste y persecución por parte del gobierno radical. “Los docentes estamos cansados. No solo nos ofrecen una suba que no alcanza ni para cubrir los aumentos de servicios, sino que además nos quieren callar con amenazas de descuento. Esta vez no nos vamos a quedar callados”, expresó un maestro de nivel secundario.
Además del rechazo a la política salarial, los docentes exigen mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas, actualización de asignaciones familiares, estabilidad laboral para los reemplazantes y cobertura de cargos vacantes. El malestar no se agota en lo económico, sino que expresa una serie de demandas estructurales postergadas.
En distintas ciudades de la provincia se están realizando movilizaciones y actividades de visibilización. En Santa Fe capital, Amsafé se suma a una protesta conjunta con Sadop –el gremio de la docencia privada– denominada “marcha de los banquitos”, una forma simbólica de reclamar que el salario docente se ha quedado “sentado” frente a una inflación que corre.
Sadop también rechazó la propuesta salarial, aunque decidió no realizar paro. En cambio, optó por sumarse a la protesta en la calle. Esta acción conjunta evidencia una unidad creciente entre los distintos sectores de la docencia, algo que el gobierno provincial busca neutralizar con la aplicación de sanciones económicas.
Desde Amsafé remarcan que el derecho a huelga está protegido por la Constitución Nacional y que cualquier descuento aplicado será considerado ilegal y arbitrario. “No vamos a permitir que se criminalice la protesta. El gobierno debe garantizar las condiciones para el diálogo y no avanzar con una política de amedrentamiento”, manifestó Rodrigo Alonso, secretario general del gremio.
El conflicto, lejos de resolverse, parece escalar. Las bases docentes exigen una nueva convocatoria a paritarias y una oferta que contemple mecanismos de actualización automática frente a la inflación. Si esto no ocurre, los gremios anticipan que podrían definirse nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
En tanto, las familias vuelven a enfrentar un día sin clases, con incertidumbre sobre el desarrollo del ciclo lectivo. Desde el gobierno se insiste en que las escuelas deben permanecer abiertas y se alienta a los padres a enviar a sus hijos, aunque en muchas instituciones el ausentismo docente es masivo.
La crisis entre el gobierno provincial y los docentes santafesinos deja en evidencia una tensión de fondo: el intento de disciplinamiento salarial frente al reclamo de los trabajadores de la educación por condiciones dignas. La resolución del conflicto parece lejana, en un escenario donde el malestar docente va en aumento y la respuesta estatal sigue siendo la amenaza de descuentos.
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