Avanza la investigación por presuntas “estafas” que lleva adelante el Fiscal Miguel Moreno en los tribunales de Rosario y ya tiene fecha la indagatoria a ex directivos de la empresa Vicentin.
El Fiscal Miguel Moreno viene investigando las presuntas estafas cometidas por la empresa Vicentin a diferentes proveedores, productores y otras empresas que le brindaron granos, productos o servicios a la empresa oriunda de Avellaneda y que luego no pudieron cobrar.
Los denunciantes sostienen que hubo maniobras deliberadas para triangular el dinero de préstamos, insumos y servicios y sacarlos de la empresa. Esas maniobras administrativas, mediante la creación de otras firmas, algunas de ellas en paraísos fiscales terminaron con el dinero fuera del país, sostienen los investigadores y buscarán las respuestas por parte de los que serán imputados.
El 26 de Octubre, Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Omar Scarel y Raúl González Arceluz deberán prestar declaración, como integrantes del directorio de Vicentin, por la acusación de estafas, promovida por el fiscal Miguel Angel Moreno.
Cuatro de ellos ya habían sido imputados por la justicia federal de Buenos Aires, el 8 de julio de 2020 y le habían pedido embargo de bienes por el delito de lavado de dinero y fuga de capitales en la causa investigada por el fiscal federal Gerardo Pollicita: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Martín Colombo y Roberto Vicentin.
“Son las mismas personas que, además, se repiten en los directorios de varias de las empresas del consorcio. En esa repetición de actores hay, en realidad, un mismo guión: fugar dinero que era propiedad del pueblo argentino”, sostuvo el Diputado Provincial Carlos del Frade, uno de los miembros de la Comisión de Seguimiento de las causas contra Vicentin.
La investigación
Miguel Moreno explicó que las causas penales de Vicentín siguen en Rosario “porque la Cámara de Apelaciones, a través del Dr. José Luis Mascali, entendió que los hechos que investigamos tienen puntos de contacto con la ciudad de Rosario”.
Si bien “la defensa cuestionó que correspondiese la jurisdicción de Rosario (…), lo que discutían los defensores de Vicentín es qué Colegio de Jueces tenían que intervenir, si el de Reconquista o el de Rosario, no qué unidad fiscal era la que investigaba”. En ese sentido, “para el MPA nunca estuvo en duda que la Unidad de Delitos Económicos era quien debía investigar este caso”.
En cuanto a las imputaciones el fiscal mencionó: “Estamos trabajando en las imputaciones desde hace casi un mes. El principal obstáculo es que tenemos cuantiosa información, entonces ahora lo que estamos haciendo es nutrirnos de ese repositorio de información en donde accedemos a diferentes documentos en función al interés que pueda revestir”.
Sobre si las imputaciones tendrían detenidos o no, respondió que “en principio, la libertad es la regla en tanto no entendamos que haya alguna afectación para la investigación en el modo de entorpecimiento probatorio, o en el modo de que intentaran eludir la acción de la justicia, es decir, ponerse en fuga”.
No obstante, “si bien hasta ahora no hemos relevado elementos que nos hicieran sostener que existe una premura en salir a detener o en solicitar prisión preventiva, falta mucha información por relevar”, aseguró Moreno.
Vicentín ofreció pagar solo el 30% de la deuda
La cerealera Vicentin, que está en concurso de acreedores, presentó los lineamientos de una propuesta de pago para cancelar su deuda de U$S 1.573 millones. La empresa ofreció una quita del 70%, todo dolarizada.
“La propuesta es bastante dura, pero también lo es para los accionistas que van a perder el control de la compañía”, dijo Estanislao Bougain, director independiente de la empresa en una reunión con la prensa. Bougain y Omar Scarel, presidente de la firma, conversaron con la banca acreedora extranjera (seis bancos tienen acreencias por U$S 530 millones), interventores judiciales, síndicos y una docena de acreedores granarios relevantes.
Vicentin negocia una capitalización con tres firmas que harían perder a los históricos dueños de la firma el control y tendrían que ceder el 90%. Los socios controlantes pondrían U$S 300 millones por año para la operación de la empresa.
Del pasivo total, son U$S 485 millones los que la firma se compromete a pagar a partir de los activos y el movimiento que genera. Sobre ese monto, ofrece destinar U$S 28 millones. Con ese dinero, todos recibirían U$S 20.000. Luego, el saldo de U$S 457 millones, se cancela en 13 cuotas anuales a partir de 2024. Esto último serían unos U$S 35 millones por año de cuotas.
De acuerdo al detalle presentado, el pago de U$S 20.000 apunta a cancelar el total a más de 1100 productores. Como el juez del concurso, Fabián Lorenzini, había verificado en pesos a los acreedores granarios ($ 32.108 millones) y en dólares a los financieros, se intentó dar un aliciente para los productores más chicos.
Vale recordar que la firma, además de deudas con los productores, tiene pasivos con los bancos. Adeuda unos U$S 530 millones a un grupo de seis bancos internacionales y U$S 300 millones al Banco Nación.
Noticias relacionadas
Un fin de semana brillante para las patinadoras del Club Racing en Las Toscas
El Gobierno de Avellaneda articula estrategias con instituciones para la prevención de adicciones
Podios destacados para el Patín del Club Adelante en Las Toscas