El interventor Guillermo Nudenberg elevó un informe al juez del concurso donde acusa al presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Carlos Nóbile, de haber interrumpido el suministro eléctrico de manera deliberada y en contra de una orden judicial, generando una situación de altísimo riesgo para la planta industrial y su personal.
Una nueva crisis se desató este jueves en torno a la planta de etanol de Vicentin en Avellaneda. Según informó formalmente al juez el interventor judicial Guillermo Nudenberg, a las 9.10 horas de la mañana de este 24 de abril, la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (COSEPAV) interrumpió sin aviso previo el suministro eléctrico de la planta industrial. La decisión habría sido tomada por el presidente de la cooperativa, Carlos Rodolfo Nóbile, pese a estar en conocimiento de la resolución judicial que prohibía expresamente esa medida.
“El accionar de la cooperativa ha puesto en serio riesgo la seguridad tanto de bienes como de personas en un accionar manifiestamente intempestivo, irresponsable y reñido con las más mínimas y elementales pautas de buena fe y prudencia”, escribió el interventor Nudenberg en el duro informe presentado al juzgado que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentin.
Según detalló el funcionario judicial, la desconexión del servicio eléctrico puso a la planta en una situación de riesgo inminente de explosión, al vaciarse las calderas de agua utilizadas en el proceso de producción de etanol. Además, las columnas de destilación comenzaron a ventear alcohol, lo que también significaba un alto peligro de incendio.
Gracias a la rápida intervención del personal de Vicentin, se logró mitigar los riesgos, y tras la notificación judicial efectuada por los abogados de la empresa, el suministro fue restablecido a las 11.15 hs. Sin embargo, el daño estaba hecho. La intervención remarcó que se trató de una conducta imprudente con potenciales consecuencias “gravísimas”.
Lo más grave del episodio es que Nóbile estaba al tanto de la resolución judicial que prohibía a la cooperativa interrumpir el servicio, según consta en un mensaje de audio enviado el día anterior al contador público Andrés Shocron, también miembro del órgano de intervención judicial. En ese mensaje, el presidente de COSEPAV admitía conocer la medida cautelar vigente e incluso había solicitado una reunión con los interventores para el día siguiente, viernes 25 de abril.
“Frente a una orden judicial, existen mecanismos legales para cuestionarla. Lo que no puede hacerse es ignorarla deliberadamente, más aún si se tiene conocimiento de ella, como ocurrió aquí”, señaló Nudenberg, quien solicitó formalmente que se dé intervención a la Justicia Penal.
La medida judicial que la cooperativa habría desobedecido fue dictada por el juez del concurso el 22 de abril, y tuvo amplia repercusión en medios locales y nacionales, lo cual, según el interventor, refuerza la gravedad de la conducta de Nóbile. “Una simple búsqueda en internet basta para comprobarlo”, apuntó el escrito.
La decisión de cortar el suministro había sido anticipada como posibilidad por la conducción de la cooperativa días atrás, en medio de un profundo conflicto económico derivado de una deuda millonaria que Vicentin mantiene con la entidad. Sin embargo, el juez había ordenado no cortar el servicio por 60 días hábiles, para evitar despidos masivos y garantizar la continuidad mínima de las actividades industriales.
Ahora, el informe de Nudenberg abre la puerta a una denuncia penal que podría derivar en consecuencias jurídicas para los directivos de COSEPAV. El mensaje de audio y otras comunicaciones que demostrarían el conocimiento de la orden judicial ya están en poder de la intervención y podrían ser utilizados como prueba en sede penal.
La crisis energética y financiera de la planta de etanol de Vicentin parece lejos de resolverse, y los cruces entre la intervención judicial y la cooperativa local podrían agudizar aún más un escenario ya de por sí extremadamente delicado.
El juez del concurso deberá evaluar en las próximas horas si da lugar al pedido del interventor y remite los antecedentes a la fiscalía correspondiente. Mientras tanto, la comunidad de Avellaneda observa con preocupación cómo las decisiones empresariales y judiciales se entrecruzan con consecuencias potencialmente explosivas, en el sentido más literal del término.
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