La conducción nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, aseguró hoy que los trabajadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos “son estratégicos para el país y deben ser vacunados”, y sostuvo que “la emergencia en la actividad, agravada por la Covid-19, requiere de esa garantía”.
Piumato sostuvo en un comunicado que solo “la vacuna contra la pandemia de coronavirus ofrece garantías”, y subrayó que “es necesario retomar la presencialidad y las actividades propias del normal funcionamiento judicial, como las audiencias”, pero ante “las serias y apremiantes deficiencias del sector ello implicaría un alto y cierto riesgo”.
“Las deficiencias judiciales representan un alto y cierto riesgo de propagación del virus. Hay una preocupante cantidad de contagios en la actividad, no obstante las medidas de prevención y los protocolos desplegados, y aun ante la escasa presencialidad”, afirmó.
La organización sindical reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y a los Ministerios Públicos, que ante esta “realidad”, realicen “las necesarias gestiones ante el Poder Ejecutivo para lograr que todos los agentes judiciales sean incluidos en la vacunación”.
Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, aseveró que los agentes judiciales deben ser incluidos en el “Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19”, y ello tiene que contemplar a magistrados, funcionarios y trabajadores de la actividad, remarcó.
“Los judiciales que en primer término deben ser inmunizados son aquellos más vulnerables al contagio, es decir, quienes cumplen sus tareas en la morgue, OVD, cuerpo médico forense, medicina preventiva y laboral, oficiales y los de los fueros que por su procedimiento requieren una marcada afluencia de público y más presencialidad”, señaló.
Entre ellos, destacó los fueros penal, de familia y laboral, e hizo especial énfasis en la justicia electoral, ya que este año habrá comicios nacionales y “están atrasados los padrones como consecuencia de la grave emergencia sanitaria”, remarcó Piumato.
“El proceso electoral implica una multiplicidad de actos constitutivos que deben cumplirse antes de la votación y requiere presencialidad. Aún no se atravesó la ‘segunda ola’, y las autoridades sanitarias coinciden en que se producirá un rebrote y un ritmo de contagio mucho más vertiginoso. Por ello existe premura para que se realicen todas las gestiones a fin de tutelar la integridad psicofísica de todos los trabajadores”, concluyó.
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