Tucumán avanzó hacia una justicia digital integral: Sistema de Administración de Expedientes (SAE) con consultas, presentación de escritos, notificaciones, comparendos y atención íntegramente por medios telemáticos. Un repaso de los logros del Poder Judicial durante la pandemia.
No pretenden estas líneas explicarles lo que todos ya saben de sobra: la tremenda crisis económica, sanitaria y social generada a escala global por la pandemia de Covid 19, que tomó de sorpresa a la humanidad en febrero de este año.
Y cuando lo inesperado ocurre, y es de una importancia lo suficientemente grande como la crisis generada por el coronavirus, las personas se dividen en dos clases: las que se inmovilizan y son incapaces de reaccionar, y las que reaccionan rápidamente ante la magnitud del desafío y lo toman como una amenaza real y actual que pretenden convertir en una oportunidad de mejora.
No existen garantías de éxito, claro, pero se elige afrontar el grave problema con mucha decisión, en base a realizar un análisis de riesgo con elevado componente intuitivo y en tiempo récord.
Con ese escenario como punto de partida, en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán analizamos básicamente 3 factores de riesgo en nuestro Poder Judicial: infraestructura, equipamiento tecnológico y Recursos Humanos; y decidimos avanzar hacia una justicia digital integral, en plena pandemia y con un plan de acción con tiempos de ejecución sumamente exigentes.
Y hoy podemos decir, con orgullo compartido por todos nuestros magistrados, funcionarios y empleados, que estuvimos a la altura de tamaño desafío. Que, sin pretender incurrir en comparaciones odiosas con otros Poderes Judiciales del país, Tucumán hoy se ubica a la vanguardia de la Gestión Judicial Digital en Argentina.
¿Y por qué lo digo? Porque creamos nuestro propio Sistema de Administración de Expedientes (SAE) con presentación de escritos digitales, casillero digital, notificación a la oficina y comparendo digital, oficios digitales a organismos, consulta digital de expedientes, consulta digital a Unidades Judiciales y mesas de atención virtual en distintos puntos de la provincia.
Para ello, previamente tuvimos que:
- implementar la firma digital y electrónica de magistrados y profesionales, e
- implementar, en forma coordinada con la institución bancaria que presta servicios a nuestro Poder Judicial, el pago digital.
Pero eso no es todo, ya que para completar el cuadro de digitalización integral avanzamos instrumentando las audiencias virtuales y semipresenciales.
Y todo ello, es decir cada uno de esos nuevos pasos digitales que nos imponía nuestro plan de acción, estuvo acompañado de un protocolo, de un manual o una circular de la Corte Suprema de actualización del expediente digital. Una tarea realmente titánica de nuestras Direcciones y Oficinas Judiciales: de Sistemas, de Gestión, de Coordinación estratégica y de todos nuestros magistrados, funcionarios y empleados que estuvieron a la altura de los tiempos y se pusieron al hombro el desafío de la digitalización en plena pandemia.
No pretendo desconocer que un cambio de tamaña magnitud siempre trae aparejadas resistencias: sobre todo de las personas de mayor edad que están lejos de ser nativos digitales. Es más, yo mismo me incluyo en esa franja etaria que tuvo que poner todas sus energías y amplitud mental al servicio del objetivo que como Corte nos impusimos.
Así, si bien tuvimos una inicial resistencia al cambio de un importante sector de los abogados que reclamaba mantener el sistema presencial con mayoría de trámites escriturales, a las pocas semanas de ponerse en marcha el sistema (y solucionándose los lógicos primeros inconvenientes suscitados) una notoria mayoría de abogados comenzó a advertir las bondades del expediente digital: ingreso de escritos las 24 horas del día los siete días de la semana, eliminar gastos y trastornos de traslados a las Unidades Jurisdiccionales y, por supuesto: cuidado de su salud y de sus familiares en plena pandemia.
Los datos estadísticos que manejamos, desde la puesta en marcha del expediente digital en las unidades jurisdiccionales (desde el 27 de abril al 15 de noviembre de 2020), son reveladores del éxito de su implementación:
Actividad Jurisdiccional:
- 27.941 Expedientes Ingresados
- 155.523 Expedientes Trabajados
- 1.750.861 Actuaciones Trabajadas
- 40.637 Sentencia Dictadas
- 2.496 audiencias remotas agendadas
- 1.167.602 notificaciones a la oficina
- 226.370 cédulas digitales
- 68.709 oficios con firma digital
- 65.714 boletas de pago generadas
Presentaciones digitales ingresadas:
- 548.780 presentaciones ingresadas desde el 27 de abril.
Los ingresantes fueron en paulatino aumento: desde los 447 iniciales la primera semana hasta los 5.345 ingresantes de la última semana (82 % de ellos abogados).
A pesar de todo el esfuerzo realizado durante este año, somos conscientes que cuando se ponen en marcha estos procesos, sólo cabe la mejora continua. Así, ya está en marcha la compra de nuevos servidores, mejorar la interconectividad entre edificios del Poder Judicial y certificar normas de calidad para los procedimientos de seguridad en la Dirección de Sistemas: para ello, ya estamos documentando los procedimientos, realizando análisis de riesgos y elaborando el plan de acción.
Entramos en la etapa de consolidar este gran cambio de paradigma que implicó la implementación del expediente digital. Con esta herramienta fundamental, el paso gigante para mejorar la administración de justicia está dado. Pero ahora tenemos, además, mayor capacidad de planificar y diseñar políticas de gestión judicial que posibiliten cambios profundos de la realidad de justiciables y operadores de justicia en general, para beneficio de la comunidad tucumana en su conjunto.
Daniel Leiva es Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán
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