Multimillonaria deuda de Vicentin a la Cooperativa de Servicios Públicos en medio de un silencio político

Los veedores judiciales revelaron cifras alarmantes en su informe, mientras el municipio y la empresa callan ante el impacto sobre los vecinos.

Un nuevo informe presentado por los veedores judiciales designados por el juez Fabián Lorenzini, Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, vuelve a encender las alarmas sobre el estado financiero de la empresa Vicentin. La documentación remitida en las últimas horas da cuenta de un pasivo total cercano a los 10.000 millones de pesos, entre los que se destaca una deuda particularmente sensible: más de 400 millones de pesos impagos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda por los consumos energéticos de los meses de enero y febrero. Se trata de $84 millones de un saldo de enero más $320 millones del mes de febrero.

La cifra, por sí sola, es significativa. Pero lo que la vuelve especialmente grave es el impacto directo que podría tener en toda la comunidad avellanedense. La Cooperativa, al ser el único proveedor energético de la ciudad, pertenece a todos los vecinos, quienes son socios obligados por la naturaleza monopólica del servicio. En ese marco, una deuda de semejante magnitud deja a la Cooperativa en una encrucijada: recortar inversiones en mantenimiento y mejoras del servicio, o bien trasladar el costo a los usuarios, es decir, a cada hogar de la ciudad.

Mientras tanto, el silencio del gobierno municipal, fuertemente vinculado a la conducción de la empresa, resulta ensordecedor. Tampoco hubo pronunciamientos públicos por parte de Vicentin, pese a que la situación amenaza no solo con deteriorar aún más la ya desgastada imagen de la compañía, sino también con desatar un nuevo conflicto social en Avellaneda.

El informe de los veedores no solo deja al descubierto el volumen de la deuda, sino también la falta de previsibilidad financiera y responsabilidad institucional de la empresa que, pese a estar en un proceso de intervención y bajo la mirada de la Justicia, continúa acumulando compromisos impagos que afectan directamente a servicios esenciales.

Cabe preguntarse: ¿cómo llegó Vicentin, aún bajo la tutela judicial, a generar una deuda de semejante volumen en apenas dos meses? ¿Qué mecanismos de control están fallando? ¿Quién responde por los vecinos que podrían enfrentar un aumento en las tarifas de luz o un deterioro del servicio energético, simplemente por vivir en la ciudad donde la empresa nació y operó durante décadas?

La respuesta parece esconderse en un pacto de silencio. La cercanía entre los directivos de Vicentin y parte de la dirigencia local, así como la falta de una reacción institucional por parte del Ejecutivo municipal, evidencian una preocupante connivencia o, al menos, una incomprensible pasividad ante un hecho que compromete el bienestar de toda una comunidad.

El caso Vicentin no solo es un escándalo financiero que ya lleva años en la agenda judicial y mediática. Es también un espejo de cómo las decisiones empresariales —o su falta— repercuten directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y mientras los millones de pesos siguen sin pagarse, crece el riesgo de que el costo lo asuman los vecinos. Como siempre.

Deuda con la Municipalidad de Avellaneda

Vicentín registra además una deuda con la Municipalidad de Avellaneda, es decir con toda la ciudad, por un total de $9.6 millones solo del mes de enero. Los veedores no tienen registro de una nueva factura ingresada en el mes de febrero por parte del gobierno.