Pymes reclaman el impuesto a las grandes fortunas

El aporte extraordinario ya tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y sólo afectará a 9.298 contribuyentes que tributan en concepto de Bienes Personales y representan al 0.02% de la población.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) llamó este sábado a los legisladores nacionales a tratar de modo urgente el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, la entidad resaltó que este proyecto “de ningún modo afecta a las inversiones ni a los sectores productivos”.

Por el contrario, sostuvo, “los $307.000 millones que se espera recaudar por parte personas con fortunas superiores a los 200 millones serán destinados a paliar las graves consecuencias económicas, sociales y productivas que está dejando la pandemia global, que golpea particularmente a los sectores más vulnerables, los trabajadores y las Pymes”.

El aporte solidario alcanzaría a un universo potencial de 9.298 contribuyentes que tributan en concepto de Bienes Personales, lo que a su vez significa 0,02% de la población, recordó la entidad.

“Quienes obstaculizan su tratamiento son pequeños grupos ligados con grandes intereses especulativos, fuertemente extranjerizados y concentrados”, aseguró Apyme.

Para la entidad, se trata de “los mismos que en medio de la pandemia presionan por una devaluación que multiplicaría sus ingresos una vez más a costa de un mayor empobrecimiento de la población y la paralización del trabajo y la producción nacional”.

Este proyecto es coherente con los lineamientos del Presupuesto Nacional recientemente aprobado, que prevé asignar recursos del Estado a prioridades sociales, productivas, de innovación y desarrollo, señalaron.

También consideraron oportuno recordar que “este horizonte es posible tras una ardua renegociación soberana de la deuda pública que alivió al país del pago de intereses durante los próximos cuatro años”.

“Esa deuda fue contraída con los bonistas privados durante el anterior periodo de endeudamiento y desindustrialización en provecho de una minoría de empresas concentradas y grupos financieros que no han realizado ni realizan inversiones en nuestro país; esos mismos sectores son los que hoy se oponen al aporte solidario, desconociendo la voluntad mayoritaria que se expresa en el Parlamento”, concluyó.