Este próximo martes se realizará el sorteo del abogado que integrará el Jury que deberá determinar si la Dra. Ileana Sínchez continúa en su cargo o debe ser desplazada.

La Jueza de Familia de Reconquista, Ileana Sínchez, fue acumulando denuncias por mal desempeño de sus funciones y malos tratos a los empleados y  a abogados de Reconquista y la región.

En tribunales confirman que el procurador tiene “unas 13 causas” por mal desempeño de las funciones más la declaración de todos los empleados del juzgado actuales y otros que debieron dejar su trabajo por no poder compartir espacio con ella.

La situación se Sínchez es realmente complicada de cara a su defensa ya que pocos son los que declararán en el Jury a su favor y los antecedentes, como la denuncia realizada hace algunos años por el Colegio de Abogados representan un antecedente duro para los intereses de la magistrada reconquistense.

El Secretario del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados notificó al Colecio de Abogados de Reconquista sobre la audiencia que se realizará el 29 de noviembre a las 11 de la mañana para sortear el abogado que integrará el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados.

Se trata de un nuevo paso de cara al juicio político donde el Procurador intentará demostrar que la jueza no está en condiciones de continuar al frente del Juzgado de Familia de Reconquista.

Antecedente

En 2021 la jueza había sido sancionada por la Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño en sus funciones”.

El expediente que generó la sanción es de OA c/ ELM por un régimen de visitas y que se tramitaba en ese juzgado.

Las actuaciones inician a raíz de una denuncia que presenta OA ante la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista contra la Jueza del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Familia de Reconquista.

En la denuncia explicó que “en el año 2014 realizó una denuncia en la Subsecretaría de la Niñez de Reconquista por impedimento de contacto con su hija menor -quien residía en dicha ciudad-, y apuntó que ‘allí comenzaron mis obstáculos, no me atendían, u no le daban trámite alguno’ a la causa. Dijo que el expediente iniciado en la Subsecretaría se remitió al Juzgado de Familia, y que si bien allí la Dra. SINCHEZ dispuso en fecha 29.5.2015 un régimen provisorio de visitas, aclaró que éste nunca fue cumplido. Agregó, que en agosto del año 2017 se celebró una audiencia conciliatoria -tras dos audiencias fallidas- para que su hija pase las fiestas y las vacaciones con él, pero que “esto no ocurrió y al presentarme en varias oportunidades en el Juzgado y a través de solicitudes por medio de mis apoderados requiriendo atención personal de parte de la magistrada, ésta siempre se negó a hacerlo”. También manifestó que su hija tiene una discapacidad en el brazo derecho, a raíz de la cual en fecha 2.10.2014 fue autorizado para trasladarla a Rosario –ciudad donde él reside por cuestiones laborales y donde la menor recibía tratamiento médico antes de mudarse con su madre a Reconquista- a fin de realizar una consulta médica, pero -dice- no pudo concretarla; y que concedida la posibilidad a la madre para trasladarla en tres oportunidades, tampoco se efectuó la consulta. 

Señaló, que anoticiada la Magistrada de dicha situación “no sólo no me atendió sino que tampoco dio respuestas ni herramientas para poder efectivizar tal requerimiento” (v. fs. 1). 2. Mediante decreto de fecha 3.12.2018 el señor Vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Dr. SANTIAGO DALLA FONTANA, dispuso tomar declaración a la Dra. SINCHEZ respecto de los hechos denunciados por el señor OA, la que luce agregada a fs. 3/4. En fecha 6.12.2018 dispuso elevar las actuaciones a este Cuerpo (v. fs. 5). 3. De conformidad al criterio auspiciado por el señor Procurador General, se requirió al Juzgado de Familia de Reconquista la remisión de fotocopias certificadas de las actuaciones “OA c/ ELM s/ RÉGIMEN DE VISITAS” CUIJ 21-xxxxx-8 (N° 8xx/2014) (v. fs. 10), las que se encuentran reservadas en Secretaría. 

Asimismo, se le otorgó intervención a la Dra. SINCHEZ para que exprese todo cuanto estime pertinente en relación a lo dictaminado por el señor Procurador en su dictamen N° 1283 (v. fs. 21). Que el descargo respectivo luce agregado a fs. 45/53 de autos. 4. Por último, el señor Procurador General se expidió en su dictamen N° 44 de fecha 14.5.2020 (v. fs. 58/67), entendiendo que la Dra. SINCHEZ había incurrido en irregularidad administrativa en el caso, y estimó que correspondía aplicarle la sanción de prevención. De lo actuado, se dio vista a la Magistrada a los fines de su descargo final, el que luce agregado a fs. 71/74. II.

1. Que del minucioso análisis de las presentes actuaciones, se desprende, liminarmente, que la totalidad de los planteos que surgen de la misma revisten materia eminentemente jurisdiccional -ámbito en el cual el ocurrente contaba con los medios de impugnación idóneos a los fines de encarrilar sus pretensiones- no siendo, por ende, materia susceptible de conocimiento por esta vía de superintendencia. 

Sin embargo, no obstante lo anterior, y teniendo en cuenta las particularidades de la causa traída a consideración, se advierte que la Dra. SINCHEZ, como conductora del proceso jurisdiccional aquí cuestionado, ha incurrido en irregularidades que son pasibles de un reproche administrativo – disciplinario, por haberse constatado un alongamiento en el trámite de causa de referencia. En efecto, surge de las propias constancias de autos un evidente alongamiento del proceso en cuestión de por lo menos 4 años aproximadamente. Esto es, desde el día 15.12.2014 -fecha en que la Magistrada tuvo presente el pedido de aplicación de astreintes formulado por el señor OA ante un incumplimiento de la madre para trasladar a su hija a Rosario a los fines de recibir atención médica- hasta el día 29.11.2018 -momento en el que el señor OA radicó la denuncia que diera inicio a estas actuaciones ante la Cámara de Apelación de esa Circunscripción-. 

2. Que los argumentos esgrimidos por la Dra. SINCHEZ para justificar la demora en el trámite de la causa, tales como: a) las serias dificultades entre las partes que les impidió llegar a acuerdos básicos acerca del cuidado de su hija y que probablemente dieron lugar a los incumplimientos iniciales de la demandada (v. fs. 51, 66, 71/73), como así también del régimen de comunicación provisorio entre el señor OA y su hija dispuesto por resolución de la Magistrada en fecha 29.5.2015 (v. fs. 100/101, 170/172); b) la escasa colaboración de las partes o, en su caso, de los abogados patrocinantes -que se evidencia en los supuestos de no notificación o no concurrencia a las citas por ellos propuestas (v. fs. 189/191 del expte. 844/2014)-; o c) lo alegado en su descargo, en cuanto a la intención de propender en todo el trámite instancias de conciliación para que las propias partes accedan a la solución consensuada del conflicto y prevenir la escalada de virulencia del proceso; son todos elementos que si bien serán merituados en el presente caso como válidos atenuantes para la graduación de una eventual sanción final, de ninguna manera justifican, a criterio de este Cuerpo, el hecho de que el expediente, que se inició con el fin de establecer un régimen de visitas provisorio y luego un plan de parentabilidad, haya tramitado -se insiste- durante ese preciso período de tiempo de cuatro años, sin que pueda resolverse definitivamente la cuestión de fondo, evidenciándose hacia el final de la tramitación de la causa principalmente, una clara falta de respuestas desde el ámbito jurisdiccional ante el creciente conflicto de las partes, contrariando, como bien lo indica la Procuración General, “los principios de celeridad y economía procesal que deben regir los procesos”, y perjudicando en definitiva -aunque más no sea implícitamente- el interés superior de la niña en el caso. Al respecto, resta decir, que ello trajo aparejado, como consecuencia directa, que en fecha 27.8.2019 el señor Procurador General haya emitido la instrucción particular N° 7 a la señora Defensora General de Cámaras de Santa Fe, Dra. ISABEL FRANCIONI DE MOLINARI, a fin de que se imponga de la situación planteada en autos y proceda, a través de la Asesora de Menores de la ciudad de Reconquista, a instar a la pronta resolución del expediente. Intervención ésta, que se concretó en fecha 19.9.2019 (v. fs. 42).

3. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, este Cuerpo considera pertinente requerir, a través de la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista -por haber tenido intervención en las presentes actuaciones-, un informe pormenorizado acerca de las principales alternativas acaecidas y el estado procesal actual del expediente “OA c/ ELM s/ RÉGIMEN DE VISITAS” CUIJ 21-xxxx-8 (N° 8xx/2014)”. 4. Por último, y a los fines de graduar la sanción disciplinaria que corresponde aplicar en el caso, se tiene en cuenta que la Dra. ILEANA JUDIT SINCHEZ no registra antecedentes disciplinarios en su legajo personal (v. informe de fs. 76).

Por ello, luego de un cambio de opiniones, y de conformidad a lo dictaminado la Procuración General; 

SE RESUELVE: 

1. Aplicar a la señora Jueza del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia de Reconquista, Dra. ILEANA JUDIT SINCHEZ, la sanción disciplinaria de prevención (art. 223 inc. 1, de la Ley 10.160). 

2. Requerir a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista un informe pormenorizado acerca de las principales alternativas acaecidas y el estado procesal actual del expediente “OA c/ ELM s/ RÉGIMEN DE VISITAS” CUIJ 21-xxxxx-8 (N° 8xx/2014)”.

Abogados denunciaron malos tratos de la jueza en 2020

El Colegio de Abogados de Reconquista demanda por trato “desconsiderado y poco ético” por parte de la Jueza de Familia Ileana Sinchez.

“Hemos recibido innumerables reclamos de los Colegiados en relación al trato desconsiderado y poco ético que Ud. les dispensa en su Juzgado, lo que ya ha sido materia de una nota anterior, sin respuesta de su parte”, comienza diciendo el texto enviado al juzgado.

“Así también, que, mantienen permanentemente cerrada la puerta de acceso al Juzgado, y que, se recepcionan audiencias en la Mesa de Entradas, pese a tener a disposición las salas de la OGJ, y las del Colegio de Abogados (en frente a su Juzgado) donde se prepararon por la Corte Suprema de Justicia, puestos de trabajo a los efectos de recepcionar audiencias, los que “nunca” fueron utilizados”, sigue el texto.

“Por ello, le instamos a Ud., a adecuar su trato a los profesionales que asisten a su juzgado, dado que merecen el mismo e igual respeto y consideración que los magistrados, y, agegamos, el respeto que toda persona de bien, y educada, debe dispensarles a las demás personas de bien en una comunidad civilizada, más allá del título o cargo que tienen o invisten”, agregan los abogados.

Además le piden “mantener las puertas sin cerrojo, y a recepcionar las audiencias en los lugares habilitados al efecto, y no en la Mesa de Entradas como lo están haciendo”.

La nota también fue enviada a la Cámara de Apelaciones que es el órgano superior y que ahora deberá investigar las irregularidades denunciadas.

La denuncia de los empleados

Desgarradores testimonios que demuestran el maltrato de la magistrada y además las arbitrariedades e irregularidades en el desempeño en sus funciones. Como ejemplo pusieron el caso de una mujer que denunció violencia de su marido pero que no actuó porque “es la secretaria del Senador Orfilio Marcón”.

Todos los empleados del Juzgado de Familia denunciaron ante la Cámara de Apelaciones y también ante la Corte Suprema de Justicia la situación de violencia que viven de manos de la jueza de familia Ileana Sinchez.

De forma exclusiva ReconquistaSF accedió a las declaraciones que los empleados, víctimas, denunciaron ante los jueces de la Cámara de Apelaciones y también ante jueces de la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el momento no lograron respuestas y hasta les piden que vuelvan a declarar, generando una nueva revictimización en los denunciantes, como si se tratara de un intento de presión para que desistan.

La Jueza de Familia de la ciudad de Reconquista, Ileana Judit Sinchez ya había sido sancionada hace algunos meses por “mal desempeño en sus funciones”.

Varios de los testimonios de los empleados son realmente desgarradores, incluso algunos presentando ante la Corte certificados médicos por problemas que aducen se debe a la tensión con la que se trabaja en un juzgado que se supone debe estar forjado por la empatía.

“El maltrato es diario, dado que no se dirige hacia mi persona, no me habla y cuando algo le parece incorrecto grita y le dice a otras personas ‘mirá lo que hizo’ refiriéndose a mi”, dice una de las víctimas.

Agrega que “desde que nos mudamos al edificio nuevo dejó de maltratarme porque hay muchos testigos dado que compartimos el ala con el Juzgado de Menores y además hay cámaras, pero de todos modos sigue maltratando a mis compañeros”.

“Ya es imposible trabajar”, sostiene esta víctima en sus declaraciones tanto ante la Cámara de Apelaciones de Reconquista que el año pasado estaba a cargo del Juez Santiago Dalla Fontana y que en este 2022 está a cargo de la Dra. María Eugenia Chapero.

Otra de las víctimas reconoce los malos tratos para con sus compañeros y pese a que la relación con ella al comienzo no era mala luego de algunas situaciones particulares cambió totalmente y comenzaron también los actos violentos. “En un primer momento cuando ingresé teníamos una relación buena mientras que con los demás empleados la relación no lo era. Con los demás empleados tenía actitudes de maltrato y de gritos, básicamente lo que hace es denigrar tu trabajo, siempre le parece todo mal”.

Cuando esta trabajadora, que en ese momento tenía buena relación con la jueza, acata la orden de otro empleado superior a ella comenzó la situación violenta hacia ella. Comenzó a tratarnos mal, a gritarnos, a decirnos que ‘nosotros le hacíamos caso a la Secretaria y no a ella”.

No autoriza las adopciones

Pese a que esto deberían ser datos estadísticos que por sí solos deberían generar alarma en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia nadie parece prestar atención al hecho de que casi no se firman las adopciones, algo clave en ese cargo.

“En su totalidad desde diciembre de 2020 y hasta la fecha (diciembre de 2021 cuando ocurrieron las denuncias) se ha realizado un solo trámite de adopción y se ha hecho una vinculación sin guarda preadoptiva con las consecuencias que  acarrea para un niño y su familia, en atención a la obra social y al derecho de identidad”, remarca otra de las víctimas y da ejemplos con nombres y apellidos que evitamos por cuestiones obvias.

En la explicación del caso la empleada remarca que “la angustia que le acarreó, lo que debería haber sido una alegría, son los resultados de la negligencia y falta de humanidad de la Jueza Dra. Sinchez. Frente al reclamo su respuesta era ‘le voy a sacar a la nena, y va a ver lo que es’. Xxx me manifestó sentir miedo de continuar ejerciendo su justo derecho, que es el mismo que sentimos nosotros”, agrega la denunciante.

Obsesión con los “negros” y “los de Avellaneda”

“Yo soy la Jueza, nadie me va a decir que hacer, yo decido, a los negros hay que quemarlos, los de Avellaneda se tienen que morir, no les voy a dar las medidas”, solían ser algunos de los dichos de la jueza y que son parte de las declaraciones de los denunciantes que dan fe de estos dichos como algo “habituales”.

El caso Gabriela Marcón, el punto de inflexión

Claramente el caso de la ex secretaria del Senador Orfilio Marcón fue una marca que quedó grabada a fuego en los empleados, algunos de ellos incluso que se tomaron licencia psiquiátrica luego de lo ocurrido.

Gabriela Elisabet Marcón había denunciado violencia contra su esposo y pidió que sea apartado del domicilio porque la situación ya era insoportable. La jueza no hizo lugar al pedido de exclusión y finalmente la mujer se suicidó. El caso pasó casi desapercibido en la población y solo tuvo la repercusión por el hecho de estar trabajando en el despacho del Senador.

Lo que nadie sabía, hasta este momento, es lo que ocurría en el Juzgado de Familia con este caso y con las denuncias que la mujer había realizado.

Dejando helados a los empleados, la jueza a viva voz declaró “no le voy a hacer lugar porque es la secretaria del Senador Marcón”.

Son varios los empleados que hacen referencia a que este fue el caso que terminó por empujarlos a realizar las denuncias y llevar el caso hasta la propia Corte Suprema de Justicia.

Empleados piden ser trasladados a otros juzgados

Todos los empleados que realizaron las denuncias remarcan la necesidad de dejar de trabajar en ese ámbito de violencia y para eso la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia tienen dos opciones o cambian a todos los empleados a otros juzgados o apartan a la Jueza Ileana Sínchez e investigan a fondo las denuncias.

“Hay que recordar que cuatro empleadas mujeres han sido trasladadas y/o concursado para otros puestos por la violencia de género que la Dra. Sínchez ejercía sobre ellas en relación a sus hijos, hijas, relaciones personales y quejas infundadas, en la gran mayoría de los casos, sobre su desempeño laboral sobre las cuales aún hay dos denuncias pendientes de resolución”, remarca otra víctima.

Concejales de Avellaneda presionan para apurar la destitución

Los concejales de Avellaneda tomaron el guante del caso tras las declaraciones de los trabajadores del juzgado que muestran una clara discriminación hacia los habitantes de esa localidad por parte de la magistrada.

Los concejales del Bloque UCR fueron los que presentaron el proyecto pero salió aprobado por “unanimidad” y piden conocer cuáles son las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha tomado en el escándalo de la jueza de familia que fuera revelado en exclusiva por ReconquistaSF.com.ar.

La resolución, que también se hará llegar a la Cámara de Apelaciones de Reconquista y al Colegio de Abogados, aclara que los concejales ven “con preocupación la situación” ya que además de las denuncias realizadas por el Colegio de Abogados y los empleados por malos tratos y acoso laboral “se encuentran las acusaciones hacia la magistrada, sobre la discriminación hacia los ciudadanos de Avellaneda, y/o en los asuntos judiciales en los que estos eran parte”.

“En el último mes tomaron conocimiento público las actuaciones que se iniciaron a raíz de los reclamos del Colegio de Abogados de Reconquista ante el propio juzgado y ante la Cámara de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Ciudad de Reconquista,a las que se sumaron los reclamos de los empleados del juzgado, acusando a la magistrada de violencia y maltrato laboral”, dice uno de los párrafos de la resolución.

Los concejales están al tanto de la situación y ahora buscan conocer en detalle todas las actuaciones que tomó la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y en los pasillos del gobierno de Avellaneda aseguran que no ven voluntad de resolver el caso y pareciera que buscan que se vaya diluyendo con el tiempo.