En la sesión ordinaria pasada, al momento del tratarse la expulsión de su asesor legislativo, la concejala manifestó que recién el pasado martes se enteró que Pietropaolo le había iniciado un juicio laboral al Estado nacional. Dando a entender que justo después que hiciéramos público desde este medio la demanda de su mano derecha en el Concejo, recién ahí se enteró del hecho y por eso decidió desvincularlo del bloque radical Arturo Illia. Decisión que no fue compartida por todo el arco de la UCR reconquistense. De hecho, muchos lo siguen viendo como un destrato inmerecido de parte de la abogada hacia el ingeniero al tomar una medida un tanto apresurada e injusta. Ahora se aguarda la resolución que va a tomar el partido, o no, con quien es uno de sus vocales.
Durante su alocución en el Concejo Municipal de Reconquista, Capparelli afirmó: “Lisandro es una persona de bien, con valores éticos, un trabajador incuestionable con vocación de servicio y sobre todo transparente en su función. Trabaja conmigo, de lunes a viernes, de 8 a 13 y por la tarde también. Siento por él un profundo afecto. Esa decisión personal de él nos pone en un punto de inflexión, dado que choca con una de las cuestiones que prioritariamente sostenemos: cuando un espacio político deja de gobernar sus funcionarios se tienen que ir. Como esto choca con uno de nuestros principios, hemos consensuado y Pietropaolo presentó su renuncia que luego yo acepte. Creo que hay decisiones que son dolorosas desde lo afectivo pero responsables desde lo político. Nosotros desde la política debemos dar ejemplos inequívocos de honestidad y ética”. Discurso que cerró diciéndole al Intendente Vallejos, su potencial competidor en las próximas elecciones, que la tome como ejemplo y actúe con la misma vara que lo acaba de hacer ella.
Nótese que primero lo define a Pietropaolo como una persona de bien con valores éticos para luego, segundos después, afirmar que consensuaron su renuncia (puertas adentro aseguran que lo echó) porque lo que hizo choca con sus principios de ética y honestidad. Lo que no hace más que meternos en un mareo de principios y valores donde no queda muy en claro cuáles son los buenos y cuáles los que rechaza la edil. De todas maneras, estos no son los únicos puntos que no terminan de cerrar en el relato de Capparelli sobre el hecho que sacudió parte de la credibilidad pública de su espacio político.
La presidenta de la Comisión de Obras Públicas asegura que Pietropaolo decidió contarle que le había iniciado juicio laboral al Estado, para que lo reincorporen al Anses junto al pago de varias sumas, horas después de que hiciéramos pública su demanda. Quien trabaja con ella todos los días como asesor, mañana y tarde, desde el 24 de mayo de 2021 nunca le comunicó nada sobre la demanda que había iniciado. Nada de nada. Pese a la gran relación no solo laboral y política sino también afectiva que tienen, según lo expuesto por Capparelli, su ahora ex asesor le ocultó todo durante algo más de 15 meses.
Pero suena aún más inverosímil la explicación pública que dio la máxima exponente que tiene hoy el radicalismo local, cuando confirmamos que ella misma integra la lista de testigos presentados por Pietropaolo en su demanda contra las arcas públicas. O sea, Lisandro la integró al juicio sin que Natalia supiera de la existencia del mismo. No sólo no sabía del juicio, sino que tampoco estaba al tanto de que su empleado la había presentado como testigo.
Y la veracidad de sus dichos, se tambalea frente a las evidencias de los hechos a medida que avanzamos con la investigación. Puesto que, en otra parte de la demanda, aparece Federico Pezz como el escribano que constató parte de la documentación que Pietropaolo presentó en su acción legal contra la Anses. El oriundo de Las Toscas no es otro que el verdadero jefe político del bloque de la UCR Arturo Illia, el mismo sector de Lisandro y Natalia. Lo que marca que Pezz también habría sido engañado por el ex gerente de la UDAI Reconquista, salvo que éste nunca le haya preguntado para que necesitaba de sus servicios profesionales. O, en su defecto, el escribano nunca le informó de esto a su máxima y única candidata por la intendencia en el año que se avecina. Resulta, cuanto menos, muy raro que haya tanta falta de comunicación entre los distintos actores de un mismo espacio político.
A esta altura, nos siguen dando vuelta las mismas preguntas. ¿Será verdad lo que contó Natalia Capparelli en la sesión del último jueves? ¿Puede haberse enterado recién el pasado martes de una demanda que inició su asesor en el 2020? ¿Nadie de su espacio lo sabía? ¿Tampoco Nadia Montiel, secretaria del Concejo Municipal proveniente del mismo bloque, quien también figura como testigo en la demanda judicial de Lisandro Pietropaolo? ¿Y en caso de que sí lo supiera desde un principio, y no como cuenta, por qué decidió expulsarlo luego de que hiciéramos público el caso?
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