Se trata de acreedores que rechazan el plan de pagos que propuso la empresa y que estira los pagos a ocho años.
Ya son más de diez las denuncias presentadas contra Vicentín por parte de corredores, acopiadores y productores afectados por el default de la aceitera, a solo dos días del comienzo de la actividad judicial.
Entre lunes y martes fueron 11 las denuncias que se realizaron en los tribunales civiles de Rosario. Todas responden a la misma nomenclatura -son medidas cautelares y preparatorias- que tienen por fin lograr el cobro de la deuda que la aceitera defaulteó en diciembre y por la que presentó la semana pasada un plan de pagos.
Entre las firmas que presentaron demandas se destaca BLD, la corredora de granos que estuvo al tope de la agenda el año pasado por estar en la misma situación que Vicentín, aunque logró presentar su propuesta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) en diciembre. En este caso le reclama a Vicentín el pago de unos $180 millones. “Son los pasos legales ante este tipo de situaciones. Es simplemente eso”, se limitó a decir una voz de la firma ante la consulta de PuntoBiz.
Además están las presentaciones de Alz Mercados S.A., Agro Giuorgi SRL (que realizó tres denuncias), Alianza Semillas S.A., Willgan S.A., Bessone Nestor Raquel, Rauten S.A., Pincen S.A. y la corredora de la familia Bollatti. La primera de las ofensivas en tribunales la dio Corredora Pampeana que pide el pago de unos 10 millones de dólares.
Lo que tienen en común estas empresas es el rechazo al plan de pagos ofrecido por Vicentín, que obliga a aesperar hasta ocho años par ael cobro de la deuda (se podría reducir a 6 peso solo si siguen operando con la aceitera). El camino judicial es el lógico para este tipo de situaciones.
Para Vicentín el frente judicial asoma complejo. Necesita avanzar con los acuerdos extrajudiciales de pago, que aceptaran todos sus proveedores más pequeños, con acreencias por debajo de los 30 mil dólares (que cobrarían de contado), pero algunos de los más pesados ya dieron muestras de que están dispuestos a resolver el tema en los tribunales. Por ahora se trata de medidas cautelares, pero sigue latente la posibilidad de que alguna inicie un pedido de quiebra, que obligaría a tomar una determinación a la justicia.
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