La crisis financiera de Vicentin SAIC se agrava. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) informó al juez Fabián Lorenzini que la firma agroexportadora adeuda actualmente $2.118.734.420,91 en concepto de consumo eléctrico correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2025, y advirtió que, de mantenerse la situación actual, la deuda podría superar los $4.500 millones hacia agosto.
El dato surge de una presentación realizada por CAMMESA ante el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, en el marco del concurso preventivo de la empresa, donde la administradora del sistema eléctrico interpuso un recurso de reposición con apelación subsidiaria contra una resolución del magistrado que le impide cortar el suministro eléctrico a Vicentin por un plazo de 60 días hábiles judiciales, a pesar de la mora reiterada.
Energía garantizada, pero sin garantías de pago
La resolución judicial que generó la reacción de CAMMESA fue dictada el 22 de abril de 2025. En ella, el juez Lorenzini ordenó a todos los proveedores de servicios esenciales —entre ellos CAMMESA— abstenerse de interrumpir el suministro a la concursada. El fundamento fue evitar un colapso productivo de la empresa, pero sin establecer un mecanismo claro de pago o garantía del crédito postconcursal generado.
CAMMESA calificó la medida como “una carga pública ilegítima” que obliga a los proveedores de energía a seguir suministrando sin contraprestación alguna. “Se le exige al Mercado Eléctrico Mayorista, por intermedio de CAMMESA, que provea electricidad a cambio de nada”, expresó la empresa en su escrito.
Además, la compañía advirtió que mantener esta decisión podría afectar gravemente la cadena de pagos de todo el sistema eléctrico, incluyendo generadores, transportistas y otros usuarios que dependen del financiamiento que se genera a través del pago regular de los consumos.
El peligro de un efecto dominó
“La conducta morosa de Vicentin, tolerada y apañada por el tribunal con esta medida, podría replicarse y desfinanciar al sistema eléctrico argentino”, subrayó CAMMESA, alertando sobre un riesgo sistémico para todo el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El documento advierte que el juez no puede, en el marco del proceso concursal, extender su competencia para impedir el corte de servicios esenciales cuando no hay garantías de pago, especialmente tratándose de obligaciones nacidas con posterioridad al concurso, las cuales no están sujetas a la negociación concursal.
CAMMESA recordó que, según la Resolución 29/95 de la Secretaría de Energía de la Nación, está obligada a interrumpir el suministro a los grandes usuarios con más de 20 días de mora. En este caso, Vicentin lleva más de tres meses sin pagar y, sin embargo, se le impide aplicar esa normativa.
Repercusiones institucionales
La empresa sostuvo que esta situación configura un caso de “gravedad institucional”, ya que pone en riesgo la provisión de energía a nivel nacional. Argumentó que se está afectando el derecho a la propiedad, a la libre iniciativa comercial y al debido proceso de los generadores y transportistas que integran el sistema.
Además, anunció que si el recurso no es acogido, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso extraordinario federal, invocando violaciones a garantías constitucionales y a normativa federal aplicable al sector energético.
Una deuda que crece y sin horizonte de pago
Según la certificación contable presentada como prueba, los más de $2.100 millones adeudados corresponden exclusivamente al consumo eléctrico de este año y no incluyen los montos ya verificados como deuda preconcursal, que ascienden a más de $124 millones, según admitió el propio juzgado en enero de 2021.
La estimación de CAMMESA es contundente: si no se revierte la medida y Vicentin sigue sin pagar por su consumo de energía, la deuda acumulada al finalizar el período de la medida judicial alcanzará los $4.500 millones, una cifra que supera con creces la capacidad financiera que mostró la empresa en los últimos meses.
¿Próximo paso?
Mientras CAMMESA exige una solución urgente, la intervención judicial de Vicentin permanece activa, con la designación de administradores externos y suspensión de sus directores. El juez, por su parte, sostiene que la prioridad es evitar el colapso total de la empresa y generar un marco de renegociación de deudas postconcursales, aunque todavía no se conocen avances concretos en ese sentido.
La tensión crece en uno de los concursos más relevantes del país, donde el impacto no solo es económico, sino también institucional. El futuro de Vicentin, de CAMMESA y del sistema eléctrico argentino parece cada vez más entrelazado. ¿Quién paga la luz?
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