Vicentin: La justicia eliminó la posibilidad de homologación del acuerdo y abrió el período de salvataje

La agroexportadora Vicentin, una de las principales cerealeras de Argentina, atraviesa una crisis sin precedentes desde que entró en cesación de pagos en diciembre de 2019, desencadenando el mayor default privado del país desde 2001. Tras años de disputas judiciales, propuestas de pago frustradas, intentos de salvataje estatal y acusaciones de fraude, la Justicia ordenó finalmente la apertura de un “cramdown” o salvataje concursal, la última instancia antes de la quiebra, en la que terceros podrán presentar ofertas para rescatar a la compañía. A continuación, un repaso crítico de los antecedentes, el fallido acuerdo con acreedores, el significado del cramdown en la ley argentina y los escenarios que se abren en este caso emblemático.

Antecedentes: default de 2019, deuda millonaria y acreedores clave

Vicentin S.A.I.C., fundada en 1929 y convertida en el sexto exportador de granos de Argentina en 2019, sorprendió al mercado al cortar la cadena de pagos a comienzos de diciembre de 2019, pese a haber concretado cuantiosas ventas al exterior ese año. La empresa se declaró en stress financiero y admitió que no podría hacer frente a sus obligaciones, incurriendo en default. Poco después, el 10 de febrero de 2020, Vicentin solicitó la apertura de su Concurso Preventivo de Acreedores en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista (Santa Fe), dando inicio formal al proceso concursal.

La magnitud del pasivo de Vicentin es enorme. La deuda reconocida ronda los USD 1.500 millones, distribuidos entre unos 2.600 acreedores – que incluyen bancos, proveedores de granos, cooperativas y el fisco. Cerca del 64% del pasivo está en manos de bancos, encabezados por el estatal Banco de la Nación Argentina (BNA), al que Vicentin dejó un descubierto de alrededor de USD 300 millones. Detrás del Nación figuran el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y entidades internacionales. También el Estado nacional es acreedor vía la AFIP (por deudas impositivas). En tanto, cientos de productores agropecuarios y acopios quedaron afectados: la firma les adeudaba pagos por granos entregados, muchos de esos pequeños y medianos operadores de Santa Fe y otras provincias. En total, más de 800 productores y proveedores minoristas resultaron damnificados, generando un impacto en la economía regional del norte santafesino.

¿Qué llevó a Vicentin a la cesación de pagos? Si bien la empresa adujo “estrés financiero” por la devaluación de 2019 y dificultades de liquidez, investigaciones posteriores sugieren irregularidades y posible fraude. Bajo la gestión del gobierno anterior (2015-2019), Vicentin había recibido créditos por montos excepcionales: solo entre agosto y diciembre de 2019, el Banco Nación le otorgó cerca de USD 790 millones en préstamos y adelantos para prefinanciar exportaciones. Gran parte de esos fondos no fueron recuperados. La empresa habría incurrido en un endeudamiento vertiginoso, incluso ampliando sus pasivos cuando ya enfrentaba dificultades, y existen indicios de que fondos obtenidos para exportar no fueron utilizados para cancelar deudas como correspondía. Estas maniobras son materia de una investigación penal por administración fraudulenta en la ciudad de Rosario, que más adelante vería imputados y detenidos a ex directivos de la firma.

El Estado interviene (sin éxito): intento de expropiación en 2020

Ante el colapso de Vicentin, y dado el riesgo sistémico por su tamaño, el gobierno nacional de Alberto Fernández intentó un salvataje estatal en 2020. En junio de ese año, el Presidente anunció la intervención federal de Vicentin por 60 días y el envío al Congreso de un proyecto de expropiación de la compañía. La justificación oficial fue “rescatar la empresa” para proteger la producción de alimentos, los puestos de trabajo y los intereses de los acreedores, principalmente el Estado (por los créditos públicos involucrados). “La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo”, afirmaba Fernández entonces, resaltando que Vicentin era una firma de “utilidad pública” dada su relevancia en el sector agroexportador.

Sin embargo, el intento de estatización desató fuertes resistencias. Los accionistas de Vicentin (las familias Padoán, Nardelli, etc.) rechazaron la medida y promovieron movilizaciones en la región agrícola. Amplios sectores de la oposición política y productores agropecuarios denunciaron una expropiación como un abuso. En paralelo, el juez provincial Fabián Lorenzini –a cargo del concurso– dictó una resolución limitando el alcance de la intervención: permitió que los designados por el Ejecutivo actuaran solo como veedores pero mantuvo al directorio original en sus funciones, argumentando que la compañía ya estaba bajo la órbita judicial concursal. Esta decisión judicial bloqueó de hecho la intervención plena del Estado en la gestión.

Tras dos meses de intensa controversia, el Gobierno dio marcha atrás. El 1° de agosto de 2020, el Presidente anuló mediante DNU la intervención y el proyecto expropiatorio. Fernández explicó que el juez interviniente “no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, ni desplazó a los directores que “siguen sin entregar el Balance y Memoria 2019”. El Gobierno se negó a “estatizar deuda privada” mientras los mismos administradores cuestionados siguieran al mando, y aclaró que no pondría recursos públicos en un fideicomiso compartido con ellos. En cambio, instruyó a los organismos correspondientes a profundizar acciones legales para recuperar los créditos y determinar responsabilidades. Así, la intención oficial de rescatar Vicentin quedó trunca, dejando el destino de la empresa atado al proceso judicial en curso.

El largo concurso: dilaciones, sospechas y pulseada judicial (2020-2023)

Con la empresa ya en Concurso Preventivo desde febrero 2020, comenzó un extenso proceso de verificación de créditos y búsqueda de acuerdos. Desde el inicio, sobrevolaron sospechas de falta de transparencia en la administración de Vicentin. Tal como señaló el Presidente Fernández, la compañía demoró la presentación de sus estados contables de 2019, a pesar de ser información clave para entender qué provocó su insolvencia. Durante 2020 y 2021, la empresa también vendió activos para obtener liquidez –por ejemplo, una parte de Renova (planta de biodiésel y molienda de soja de primer nivel mundial)– aunque ese dinero no alcanzó para recomponer su situación.

Paralelamente, la causa penal avanzaba en Rosario: en 2021 la Unidad de Información Financiera (UIF) involucró incluso al ex Presidente Mauricio Macri en la investigación de los créditos irregulares, y en 2022 fiscales acusaron a altos ejecutivos de Vicentin de armar una “asociación ilícita” para vaciar la firma. Finalmente, en mayo de 2023 cuatro exdirectivos (Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti) fueron imputados por estafa y quedaron en prisión preventiva por 120 días, ante evidencia de que entre 2019 y 2020 habrían malversado unos $6.000 millones de la empresa en perjuicio de los acreedores. Esta medida extrema reflejó el quiebre de confianza: la Justicia penal consideró que existía riesgo de fuga o entorpecimiento si los exgerentes seguían en libertad, dados los montos defraudados. En simultáneo, Vicentin paralizó sus operaciones industriales; llegó a frenar la actividad en sus dos plantas (Ricardone y Avellaneda), dejando miles de puestos de trabajo en vilo. La economía local de Avellaneda/Reconquista –donde Vicentin era un pilar– sufrió una severa contracción por la caída de la actividad y la incertidumbre.

En el plano concursal civil, la compañía buscó ganar tiempo. Logró sucesivas prórrogas de los plazos legales para presentar su oferta de acuerdo, alegando la complejidad del caso (y también beneficiada por las demoras que impuso la pandemia de Covid-19 en 2020). Esto generó malestar en los acreedores más grandes, que veían a Vicentin maniobrando para eludir un desenlace desfavorable. Pese a todo, hacia finales de 2021 la empresa finalmente delineó una propuesta de pago y empezó a tejer apoyos entre sus acreedores –sobre todo los más pequeños– para lograr las mayorías exigidas por la Ley de Concursos (Ley 24.522).

La propuesta de acuerdo de Vicentin: oferta y rechazo

En febrero de 2022, Vicentin presentó formalmente su propuesta concursal de pago: un complejo esquema que incluía la participación de terceros inversores y una fuerte quita. En esencia, la empresa ofreció cancelar solo alrededor del 30% de su deuda total, a lo largo de 12 años. El plan contemplaba un pago inicial en efectivo para los acreedores más pequeños: se comprometía a cubrir el 100% de los créditos de 816 acreedores individuales mediante el pago de USD 30.000 a cada uno (beneficiando así a productores chicos y proveedores cuyos montos adeudados no superaban ese umbral). Esos pagos iniciales sumarían unos USD 170 millones. Al resto de los acreedores –principalmente bancos y grandes empresas comerciales– les tocaría una quita de hasta el 80% de sus acreencias y la cancelación del saldo en un plazo de 12 años, eventualmente mediante entregas de fondos provenientes de la operación de la compañía. Los detalles incluían la creación de dos fideicomisos: uno de garantía (al que Vicentin aportaría el 95% de sus acciones como respaldo de pago) y otro de administración de los activos para generar los recursos. Como “inversores estratégicos” se anunciaron tres gigantes del sector agrícola: la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la multinacional Viterra (ex Glencore) y la norteamericana Bunge, quienes –según la propuesta– ingresarían en el capital y se repartirían ese 95% del paquete accionario de Vicentin una vez cumplido el acuerdo. En otras palabras, la familia propietaria quedaría reducida a una tenencia minoritaria (5%) y la gestión pasaría a ese consorcio, que a cambio pondría fondos y negocios para pagar a los acreedores.

Vicentin presentó este acuerdo como la única alternativa viable para evitar la quiebra. Argumentó que, dada la crítica situación, ningún acreedor cobraría más en una liquidación judicial, y que mantener la empresa operativa de la mano de ACA, Viterra y Bunge permitiría honrar al menos una parte de las deudas. “Nuestra propuesta ofrece un 30%. En el caso de los acreedores en pesos, el valor real es superior al 100%”, llegó a afirmar un vocero de la empresa, sugiriendo que considerando la devaluación, los acreedores locales recuperarían todo su capital en términos reales. Además, señalaban que quedaría “blindada” por 12 años con el apoyo de esas compañías líderes.

Sin embargo, las reacciones de los principales acreedores fueron de rechazo frontal. Para el Banco Nación y otros grandes afectados, el plan implicaba convalidar un fraude. Eduardo Hecker, entonces presidente del BNA, advirtió que Vicentin pretendía una quita del 80% en valor presente neto sobre la deuda con el banco, lo que calificó de “inaceptable” y “un atentado al patrimonio colectivo” dado el carácter público del Nación. En términos parecidos se expresaron el Banco Provincia y el BICE, además de la AFIP. Estas instituciones –junto a la firma corredora de granos Commodities SA (Grupo Grassi)– presentaron impugnaciones formales ante el juzgado, objetando la homologación del acuerdo propuesto por considerarlo abusivo, desigualitario e ilegal. Argumentaron, entre otras cosas, que la oferta discriminaba a los acreedores medianos y grandes (con quitas exorbitantes) para privilegiar a unos pocos, que trasladaba el peso del rescate a quienes no cobraban en el primer año y que escondía riesgos de ejecución.

La controversia llegó a un punto crítico a mediados de 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino preventivamente en el concurso: en junio de ese año, a instancias de Commodities SA, el máximo tribunal provincial suspendió los plazos del proceso y pidió al juez que remitiera el expediente para su revisión. Esta inusual medida respondió al temor de ciertos acreedores de que Vicentin estuviera forzando un acuerdo irregular aprovechando “simpatías” en la justicia local. De hecho, había acusaciones de parcialidad contra la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que eventualmente debía entender en el caso.

Recién en septiembre de 2023 se destrabó la situación en primera instancia. El juez Fabián Lorenzini –quien durante gran parte del proceso había sido considerado condescendiente con la empresa– finalmente rechazó homologar la propuesta de Vicentin y dio un giro decisivo al habilitar el camino del salvataje por terceros. En su fallo del 15 de septiembre de 2023, Lorenzini enumeró serias falencias en el acuerdo presentado. Señaló que el esquema “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo” ni prevé mecanismos para que aquellos que reciban acciones o títulos puedan obtener liquidez inmediata si lo desean. También cuestionó la ausencia de un plan empresarial detallado que explicite qué pasará con las unidades de negocio y los trabajadores de la planta de Avellaneda durante el largo período de pago –información que el juzgado había requerido sin éxito en 2021–, lo cual implicaba una grave incertidumbre operacional. Por último, subrayó que la oferta no organizaba un mecanismo jurídico claro para la emisión y entrega de las acciones que irían al fideicomiso y terminarían en manos de los acreedores, dejando un aspecto esencial “en un terreno de incertidumbre que el proceso concursal no puede soslayar”. En síntesis, el juez consideró que, más allá de haber reunido las mayorías necesarias de adhesión, la propuesta de Vicentin era abusiva y violaba principios básicos del derecho concursal, como la igualdad de los acreedores y la viabilidad real de la empresa.

La respuesta de Vicentin fue inmediata: apeló la resolución calificándola de “manifiestamente arbitraria e infundada” y pidió su suspensión. La compañía insistió en que su propuesta contaba con el apoyo de una mayoría suficiente de acreedores (muchos habrían preferido cobrar algo y mantener la empresa en marcha, antes que arriesgarse a la quiebra). Directivos de la firma advirtieron además que la apertura de un salvataje generaba “incertidumbre” extrema: temían que los inversionistas estratégicos (ACA, Viterra, Bunge) se retiraran, dejando a Vicentin en tierra de nadie, y enfatizaron que la empresa ya venía golpeada por la fuerte sequía que redujo la cosecha 2022/23. Pese al recurso de la concursada, el juez mantuvo su postura y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones.

¿Qué es el “cramdown” o salvataje concursal?

La figura del “cramdown” –término del derecho estadounidense adoptado coloquialmente en Argentina– se refiere al proceso de salvataje de una empresa concursada por terceros. En la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) argentina, esto está previsto como “período de concurrencia” (artículo 48 y siguientes de la ley 24.522) una vez que fracasa la etapa de negociación exclusiva del deudor. En otras palabras, si la empresa concursada no logra la homologación de un acuerdo preventivo con sus acreedores en los plazos legales, el juez puede abrir esta instancia extraordinaria.

En el cramdown, cualquier interesado –sea uno de los acreedores u un tercero ajeno– puede presentar una propuesta de acuerdo nueva para hacerse cargo de la empresa y de su pasivo. Básicamente se busca “rescatar” la unidad productiva evitando la quiebra. A diferencia de la quiebra (liquidación), donde los bienes se rematan por separado y la empresa desaparece, el salvataje procura preservar la continuidad del negocio y maximizar el valor en beneficio de todos los involucrados.

El procedimiento funciona así: el juez convoca a un Registro de Interesados que se abre por pocos días (en Vicentin se fijaron 10 días hábiles) para que potenciales oferentes se inscriban. Luego, los inscriptos suelen tener un plazo (semanas o meses) para presentar formalmente sus propuestas de acuerdo preventivo, compitiendo entre sí si hubiera más de una. Esas propuestas, en esencia, deben indicar cómo se pagará a los acreedores (qué porcentaje de sus créditos, en qué plazos y condiciones) y quién o quiénes serán los nuevos dueños/administradores de la empresa en caso de aprobarse. Si alguna de las propuestas obtiene las mayorías de adhesión de acreedores que exige la LCQ (generalmente las mismas mayorías que se requerían al deudor original) y es homologada por el juez, entonces se consuma el cramdown: la empresa sale del concurso pero en manos del oferente vencedor, quien toma el control. Los accionistas originales normalmente pierden su propiedad (sus acciones se diluyen o transfieren como parte del trato) y con ello el gobierno corporativo. Por eso se habla de salvataje: es un tercero el que salva la empresa de la quiebra, no sus dueños iniciales.

Si nadie presenta una oferta viable o ninguna logra las adhesiones necesarias, entonces el proceso de salvataje fracasa y se declara la quiebra de la compañía, procediéndose a su liquidación final. En el caso Vicentin, el cramdown es literalmente la última oportunidad antes de la quiebra. Para los acreedores, esta instancia abre expectativas de quizás mejorar la magra recuperación que ofrecía Vicentin, si aparece un jugador dispuesto a inyectar más capital. Para los dueños originales, en cambio, el cramdown es una señal de pérdida de control: la LCQ no les permite presentar otra propuesta en este estadio (su “exclusividad” ya precluyó), aunque sí podrían eventualmente asociarse a alguna oferta de tercero si éste los convocara, cosa poco usual. En resumen, el salvataje busca equilibrar intereses: evitar la aniquilación de la fuente de trabajo y riqueza que supondría una quiebra, pero garantizando que la solución venga de manos más solventes o confiables que las del deudor fallido.

Cabe destacar que el cramdown no es frecuente en la práctica argentina –la mayoría de los concursos grandes logran acuerdos o terminan en quiebra antes de llegar a esta instancia–. Por eso el caso Vicentin sienta un precedente de alto impacto. La complejidad aquí radica en el tamaño del pasivo (1.500 millones de dólares) y en el valor estratégico de los activos (plantas de procesamiento de soja, infraestructura portuaria, participación en Renova, etc.), lo que podría atraer a interesados importantes. Pero también implica un desafío: ¿quién estará dispuesto a asumir esa carga y bajo qué condiciones?. Esa es la pregunta que sobrevuela desde que se abrió el registro de oferentes en septiembre de 2023.

La Justicia abre el salvataje: fallo reciente y repercusiones

Aunque el juez Lorenzini habilitó el cramdown en primera instancia, la batalla legal continuó. Vicentin logró, a fines de septiembre de 2023, que la Cámara de Apelaciones de Reconquista suspendiera provisoriamente el salvataje mientras analizaba el fondo del asunto. Esa Cámara –cuestionada por los acreedores por supuesta afinidad con la empresa– finalmente falló a favor de Vicentin: en diciembre de 2024 homologó la propuesta de la concursada, contradiciendo al juez de primera instancia. Este polémico fallo habría “salvado” a Vicentin en esos meses, dejándola al borde de salir del concurso con su plan original. Sin embargo, los acreedores rebeldes (Banco Nación, Grassi, etc.) llevaron el caso al máximo tribunal provincial.

El 18 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dictó una resolución contundente: anuló la homologación del acuerdo de Vicentin y, en los hechos, ordenó encauzar el proceso hacia el cramdown. La Corte declaró “procedente” el recurso de inconstitucionalidad presentado por Commodities SA (Grupo Grassi) contra la decisión de la Cámara de Reconquista. De ese modo, extirpó del mundo jurídico la resolución amañada –en palabras de un abogado de los acreedores– que convalidaba la “ignominiosa” propuesta de Vicentin. El expediente fue remitido a una Cámara subrogante en la ciudad de Rafaela para que emita una nueva sentencia conforme a los lineamientos de la Corte, aunque con un margen estrecho: básicamente, la Corte santafesina dejó sentado que no puede haber otra propuesta de la concursada y que el camino es “de un solo sentido” hacia el salvataje.

Esta decisión judicial, esperada con ansiedad por meses, alineó la instancia superior con el criterio del juez Lorenzini: es decir, confirmó que el acuerdo preventivo impulsado por Vicentin no debía homologarse por su carácter abusivo y lesivo a ciertos acreedores. En concreto, la Corte convalidó que la propuesta significaba en la práctica una quita enorme (cercana al 80%) para medianos y grandes acreedores, por lo que respaldó la negativa a homologarla. Si bien en estilo prudente, el fallo supremo dejó despejada la vía del cramdown.

Del lado de Vicentin, la reacción fue de agotamiento de instancias: sus abogados intentaron presentar un recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación, pero el 22 de abril de 2025 ese recurso fue rechazado por la Corte santafesina por inadmisible. En paralelo, viendo el desenlace adverso, el propio juez Lorenzini tomó una medida inédita: ese mismo día resolvió intervenir la sociedad Vicentin S.A.I.C. por 120 días. Es decir, desplazó temporariamente al directorio y designó interventores para la administración durante el proceso de salvataje. Esta intervención judicial –ahora sí, efectiva, a diferencia de la fallida de 2020– busca garantizar la transparencia y evitar maniobras de última hora por parte de los antiguos dueños, mientras se define un nuevo controlador para la firma. En los fundamentos, se menciona que la Justicia busca evitar “la aniquilación total de la actividad productiva” de Vicentin, preservando sus activos estratégicos y los puestos de trabajo bajo una conducción supervisada.

Los acreedores celebraron la resolución de febrero 2025 como un triunfo de la legalidad. “Se hizo justicia. En Santa Fe sigue habiendo garantías”, expresó en redes sociales el abogado Gustavo Feldman, representante de algunos acreedores, resaltando que se frenó una maniobra que consideraban viciada. En cambio, para Vicentin fue un golpe casi definitivo: la empresa quedó al borde de perderlo todo, viendo frustrado el plan con el que aspiraba a sortear el concurso manteniendo algo de control. Sus directivos han advertido que el cramdown los coloca en una posición muy débil y arguyen que podría terminar en la disolución de la compañía si no aparecen oferentes sólidos. No obstante, tras tantos capítulos, el caso entró ahora en una etapa de definiciones impostergables.

Crítica al rol de Vicentin: opacidad, dilaciones y daño económico

El derrotero de Vicentin en estos años ha sido objeto de duras críticas por parte de distintos actores, que coinciden en señalar la poca transparencia y la irresponsabilidad de sus administradores. Desde un comienzo, la empresa brindó explicaciones insuficientes sobre las causas de su colapso financiero. Nunca quedó claro cómo una firma que hasta 2019 era próspera –pagando dividendos y expandiendo sus negocios– cayó en default en cuestión de meses. La falta de presentación del balance 2019 en tiempo y forma, y las posteriores revelaciones de desvío de fondos, abonaron la teoría de un vaciamiento deliberado. La Justicia penal sostiene que los directivos incurrieron en administración fraudulenta, simulando solvencia mientras tomaban créditos que luego desviaron fuera del alcance de los acreedores. Que cuatro ex ejecutivos hoy enfrenten pedidos de penas de hasta 17 años de prisión evidencia la gravedad de las irregularidades investigadas.

En el plano concursal, Vicentin ha sido cuestionada por supuestas dilaciones maliciosas. Por ejemplo, pasó más de un año sin presentar un plan de negocios detallado que respaldara su propuesta de pago –pese a requerimientos expresos del juez–, lo que muchos interpretaron como una táctica para estirar los tiempos. Cada prórroga en el concurso implicó meses adicionales durante los cuales la empresa permaneció protegida de ejecuciones individuales (los acreedores no podían embargar ni cobrar por fuera del proceso), mientras que los productores y proveedores impagos sufrían las consecuencias. Numerosos proveedores locales se vieron ahogados financieramente; algunos pequeños acopios y contratistas entraron a su vez en concurso o directamente desaparecieron al no poder cobrar lo que Vicentin les debía. El impacto en localidades como Avellaneda fue socialmente doloroso: Vicentin era uno de los mayores empleadores privados de la zona, y su parálisis afectó a unos 1.300 trabajadores directos y miles de indirectos ligados a la cadena (transportistas, estibadores, comercios). Si bien durante el concurso la empresa continuó operando parcialmente, su volumen de actividad cayó drásticamente, mermando ingresos en toda la región.

Otra crítica apunta al intento de blindarse que significaba el acuerdo que Vicentin perseguía. De haberse homologado su propuesta, la empresa habría quedado a resguardo de la quiebra por 12 años, sin tener que abonar más del 20% de lo adeudado. Se la acusó de querer socializar las pérdidas: esto es, que productores, bancos públicos y privados absorbieran el grueso del quebranto (80% de quita) mientras los accionistas preservaban algún control e incluso la chance de recuperar la empresa a futuro. “La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude”, sentenció el Banco Nación en 2022. La maniobra de intentar homologar el acuerdo pese a una orden judicial penal que lo prohibía –como ocurrió cuando un juez de Rosario advirtió que homologar violaría medidas cautelares en la causa por estafa– refuerza la imagen de una empresa dispuesta a maniobrar al filo de la legalidad para salvarse a sí misma.

En síntesis, Vicentin pasó de ser un buque insignia del agro argentino a un caso emblemático de gestión temeraria. Las autoridades actuales (el gobierno provincial, la banca pública, etc.) han resaltado que más allá de la solución concursal, se debe investigar hasta las últimas consecuencias cómo se generó el agujero financiero y dónde fue a parar el dinero obtenido por Vicentin antes del default. La compañía, en su defensa, alega que su crisis se debió a factores de mercado (cambio de condiciones crediticias tras las elecciones 2019, devaluación, pandemia, sequía) y no a un dolo deliberado. No obstante, el consenso entre los acreedores estafados es que hubo engaño y ocultamiento. El prolongado sufrimiento de la economía regional de Santa Fe, sumado al millonario perjuicio a entidades estatales (el Nación debió provisionar esa pérdida, afectando recursos públicos), conforman un saldo negativo incalculable atribuido a la conducción de Vicentin.

Lo que viene: escenarios para el salvataje y el futuro de la empresa

Con el cramdown en marcha, el futuro de Vicentin pende de las propuestas que puedan surgir en esta fase decisiva. ¿Quiénes podrían presentarse al salvataje? Inicialmente, se menciona la posibilidad de que el mismo grupo de inversores que apoyaba a Vicentin (ACA, Viterra y Bunge) vuelva a la carga, pero ahora con una oferta mejorada directamente a los acreedores, sin la mediación de los antiguos dueños. Dado que ese trío conoce al detalle los activos de la firma (incluso ACA y Viterra eran acreedores comerciales de Vicentin), no sería extraño que evalúen seguir interesados. Sin embargo, tendrían que poner más dinero sobre la mesa –especialmente para seducir al Banco Nación y a otros grandes jugadores–, ya que la propuesta original resultó insuficiente. No se descarta que reformulen el plan para aumentar el porcentaje a pagar o acortar los plazos, evitando las objeciones legales señaladas por el juez (por ejemplo, ofreciendo instrumentos líquidos o garantía de interés a los acreedores durante la espera).

Otra posibilidad es la conformación de un consorcio liderado por el Estado. De hecho, el Banco Nación insinuó tras el fallo de septiembre 2023 que trabajaría en una oferta de salvataje para “no desguazar” a Vicentin. En aquel momento, la entonces presidenta del BNA, Silvina Batakis, indicó que iban a analizar opciones para conservar la unidad productiva. Un plan estatal podría involucrar a YPF Agro (la división agrícola de YPF, otra empresa pública) o a alguna empresa provincial, aprovechando la declaración de utilidad pública que se barajó en 2020. No obstante, tras el cambio de gobierno nacional en 2023, es incierto si las nuevas autoridades mantendrán ese ímpetu intervencionista. Aun así, dado el interés del Estado en recuperar la mayor cantidad posible del crédito del Nación, no sería sorprendente que Banco Nación participe activamente en las negociaciones del cramdown, tal vez respaldando a un oferente privado con financiamiento o articulando un esquema mixto.

También podrían aparecer otros actores del sector agroindustrial. Algunas versiones mencionan que Molinos Agro, COFCO (china) u otras multinacionales podrían evaluar hacer ofertas por partes del negocio de Vicentin, en especial por su codiciada participación en Renova (planta que es líder en producción de aceite y harina de soja). Sin embargo, la ley de salvataje prioriza propuestas sobre la empresa como unidad completa, no la venta parcial de activos por fuera (eso sería más propio de la quiebra). Por ende, cualquier interesado en un activo puntual tendría que estructurar una propuesta integral para toda la empresa, quizá asociándose con otros inversores para repartir luego las distintas unidades de negocio. Es un desafío complejo coordinar eso en el marco concursal.

Por último, no puede descartarse un escenario de fracaso del salvataje. Si nadie presenta una propuesta o las presentadas no logran el apoyo suficiente de los acreedores, Vicentin terminaría inexorablemente en quiebra. En tal caso, se procedería a la liquidación: probablemente el juez ordenaría la venta de los activos (plantas industriales, participación societaria en Renova, campos, marcas, etc.) al mejor postor para distribuir lo recaudado entre los acreedores conforme a las prioridades legales. La quiebra suele implicar una pérdida mayor de valor (por la interrupción de la operatoria y la venta apresurada), pero a esta altura muchos acreedores –cansados de esperar– podrían preferir ese final antes que seguir con la incertidumbre. La liquidación fragmentada podría, por ejemplo, hacer que Renova pase a control total de Viterra (actual coproprietaria), que otras plantas sean adquiridas por competidores locales o internacionales, y que Vicentin como sociedad deje de existir.

En cualquier caso, el tiempo apremia. La Corte santafesina indicó que el proceso de salvataje debe avanzar sin trabas, y con la empresa intervenida judicialmente, hay relativa calma para que potenciales salvadores examinen los números reales. Se espera que en el transcurso de 2025 se definan las ofertas. Según trascendidos del mercado, rescatar Vicentin requeriría al menos USD 700 a 800 millones entre dinero fresco para pagos y capital de trabajo. No todos los días aparece alguien dispuesto a invertir tal suma en una empresa en crisis, pero el atractivo de sus activos (su capacidad instalada en el Gran Rosario, el histórico know-how comercial) podría justificarlo si las condiciones son favorables.

En conclusión, el caso Vicentin se ha convertido en un emblema de los riesgos del endeudamiento desmedido y la falta de controles, así como de la importancia de la intervención judicial ante acuerdos abusivos. Con un tono crítico, muchos analistas señalan que la empresa intentó aprovecharse del paraguas concursal para licuar sus deudas y eludir responsabilidades, pero finalmente la Justicia –empujada por acreedores perjudicados– impuso límites. Ahora, con el cramdown abierto, queda por verse si habrá un final ordenado que preserve la fuente de trabajo y mejore la recuperación de los acreedores, o si esta agroexportadora símbolo de otra época terminará disuelta y subastada. Lo cierto es que, tras más de tres años de incertidumbre, la saga de Vicentin entra en su capítulo final, uno que será seguido de cerca no solo por quienes tienen algo en juego en el expediente, sino por todo el ámbito empresarial y político, dada la trascendencia de esta historia en la economía argentina reciente.