La empresa Vicentin S.A.I.C., en el marco de su proceso concursal, ha presentado un recurso legal en rechazo a la reciente decisión del Juez Fabián Lorenzini de prorrogar una vez más la intervención en la administración de la compañía. Guido Javier Ferullo, abogado representante de la concursada, ha fundamentado este rechazo en base a consideraciones de hecho y derecho.
El recurso, presentado ante el tribunal competente, argumenta que la decisión de prolongar la intervención carece de fundamentos sólidos. Se destaca que no se han presentado argumentos que justifiquen mantener dicha intervención, menos aún en el grado de coadministración que se ha otorgado.
Entre los principales puntos de la argumentación presentada se destaca:
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Ausencia de argumentos justificativos: Se sostiene que la resolución judicial no presenta argumentos reales que sustenten la prórroga de la intervención. No se ha señalado ningún incumplimiento o conducta reprochable por parte de la administración natural de la empresa que justifique esta medida.
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Contradicción en el criterio judicial: Se señala una contradicción en el criterio del juez, quien previamente había rechazado la homologación del acuerdo preventivo de la empresa, pero ahora justifica la prórroga de la intervención debido a la incertidumbre sobre los efectos de dicha homologación.
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Necesidad de revocación: Se argumenta que la prolongación de la intervención no tiene justificación legal ni fáctica, ya que la administración natural de la empresa ha demostrado eficacia en la gestión de los activos y negocios, manteniendo la actividad y las fuentes de trabajo a pesar de las dificultades del contexto económico y político.
En virtud de estos argumentos, Vicentin S.A.I.C. solicita a la justicia que revoque la decisión de prorrogar la intervención y, en su lugar, considere mantenerla únicamente en grado de veeduría, o en su defecto, conceda el recurso de apelación presentado de manera subsidiaria.
La empresa confía en que la justicia analizará detenidamente los fundamentos presentados y tomará una decisión acorde a derecho, garantizando así el normal desenvolvimiento del proceso concursal y la preservación de los intereses de todas las partes involucradas.
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