El fiscal de delitos económicos, Miguel Moreno, imputará a 13 directivos de la empresa Vicentin por asociación ilícita y a síndicos concursales por encubrimiento en el marco de la causa por defraudación y estafa que se lleva adelante en la Justicia penal de Rosario. La audiencia se realizará el próximo jueves 4 de mayo y los cargos se relacionan con la ocultación de los problemas financieros que la empresa arrastraba desde 2017 y la confección de balances falsos para seguir recibiendo préstamos y granos hasta el momento de su default. Los directivos imputados, entre los que se encuentran Máximo y Cristián Padoan, Martín Colombo y Roberto y Sergio Vicentin, ya habían sido imputados por Moreno el año pasado por defraudación y estafa a 14 personas que integraban la conducción de la compañía.
El fiscal de delitos económicos Miguel Moreno llevará a cabo la semana próxima una audiencia en la que imputará a 13 directivos de la compañía agroindustrial argentina Vicentin por asociación ilícita y a síndicos concursales por encubrimiento en el marco de la causa por defraudación y estafa que se lleva adelante en la Justicia penal de Rosario. La audiencia está programada para el jueves 4 de mayo y en ella el fiscal pedirá la imputación de los directivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Omar Scarel, Javier Gazze y Miguel Vallaza. Los cargos presentados son de asociación ilícita. También imputará a Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut como encubridores.
En octubre de 2021, los directivos de Vicentin fueron imputados por Moreno de defraudación y estafa a 14 personas que integraban la conducción de la empresa. Entre otras cosas, el fiscal señaló que se valieron de la confección de balances falsos para concretar la maniobra. Además, consideró que los problemas financieros que tenía la empresa desde 2017 fueron ocultados a los acreedores para seguir recibiendo préstamos y granos hasta el momento del default.
Según los fiscales, los directivos de la compañía tomaban granos y los registraban como activos, pero no como deuda. “No se visibilizaron pasivos por compra de granos por 2,18 millones de toneladas en 2017 y 1,76 millón de toneladas en 2018”, indicaron los fiscales en el marco de aquella imputación. También aseguraron que la crisis se ocultaba a la hora de confeccionar los estados financieros que debían presentar a los bancos acreedores.
Estas maniobras que fueron señaladas por la auditoría forense que se realizó sobre la situación de Vicentin no fueron tomadas en cuenta en el informe general que realizaron los síndicos en el marco del concurso de la cerealera. Por eso, los investigadores judiciales consideran a esos profesionales como cómplices del encubrimiento.
Los balances de Vicentin correspondientes a 2017 y 2018, que Moreno considera falseados, fueron certificados por la consultora KPMG. Por eso, el año pasado allanó oficinas de esa consultora en Rosario y Buenos Aires.
La situación de Vicentin ha sido una de las noticias más relevantes en Argentina en los últimos años, ya que la empresa, una de las principales productoras de granos del país, entró en cesación de pagos en 2019, generando una gran controversia y preocupación en el sector agropecuario del país. Desde entonces, se han sucedido una serie de investigaciones y conflictos legales en torno a la gestión de la compañía y sus directivos.
Esta nueva audiencia que llevará a cabo el fiscal Miguel Moreno es un paso más en el proceso de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por los directivos de Vicentin.
La imputación de los directivos de Vicentin y los síndicos concursales representa un nuevo capítulo en la compleja situación judicial y económica de la empresa, que ingresó en concurso de acreedores luego de incumplir con sus deudas. La causa que investiga la Justicia de Rosario tiene ramificaciones en varios ámbitos, incluyendo el financiero, el político y el social.
La empresa, que en su momento fue considerada una de las más importantes del sector agropecuario de Argentina, ha sido objeto de intensas críticas por su rol en la crisis económica del país y por la manera en que manejó sus negocios. Las maniobras fraudulentas que se le imputan a sus directivos han sido señaladas como un ejemplo de la falta de transparencia y ética empresarial en el país.
Por su parte, los síndicos concursales han sido criticados por no haber detectado las irregularidades en la contabilidad de Vicentin y por no haber incluido en su informe general las irregularidades señaladas por la auditoría forense.
La imputación de los directivos y síndicos concursales es un paso más en el largo proceso judicial que enfrenta la empresa y sus responsables. Sin embargo, también es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la ética empresarial en un contexto económico y social cada vez más exigente y complejo.
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