Vicentin vuelve a presionar a la Justicia tras la detención de sus directivos

Lo que parecía ser un proceso meramente concursal con ramificaciones políticas ha dado un giro que sacude al poder económico regional: la causa penal contra altos directivos de Vicentin ya no es un mero rumor en pasillos judiciales. Es real, y este viernes por la mañana la Fiscalía a cargo del fiscal Rubén Narvaja ordenó una veintena de allanamientos en domicilios de ejecutivos de la empresa, incluyendo al actual Presidente, al Vicepresidente y a dos altos gerentes, todos detenidos preventivamente mientras avanza la investigación.

La respuesta de Vicentin no tardó en llegar, con un comunicado oficial emitido desde el Directorio el sábado 22 de marzo, en el que no solo busca desligarse de los hechos, sino que vuelve a ejercer presión pública sobre el sistema judicial, algo que ya ha sido advertido por diversos sectores, tanto del fuero penal como del fuero civil y comercial.

Pero, ¿qué hay detrás de este nuevo escándalo judicial? ¿Qué investiga la Fiscalía? ¿Por qué se producen estas detenciones en medio del proceso concursal más importante en la historia reciente del país? Y sobre todo: ¿hasta qué punto puede tolerarse que una empresa con semejante deuda social, política y económica siga intentando condicionar a la Justicia?

Las detenciones y los allanamientos

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que los 20 allanamientos ordenados por la Fiscalía Regional de Rosario se llevaron a cabo en domicilios particulares y oficinas relacionadas con los máximos directivos de la empresa Vicentin SAIC.

La medida fue autorizada por el juez penal, luego de que el fiscal Narvaja presentara un cúmulo probatorio que demostraría maniobras fraudulentas posteriores a la presentación en concurso de acreedores, ocurrida en febrero de 2020, pero con foco ahora en el manejo financiero desde agosto de 2024 hasta marzo de 2025, período en el cual la empresa habría desviado fondos o realizado movimientos sospechosos, provocando una nueva y severa pérdida de caja.

Se investiga el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada, figura que en caso de comprobarse podría llevar a penas de hasta 6 años de prisión.

El comunicado: una defensa pública que suena más a amenaza encubierta

El comunicado oficial de Vicentin emitido el sábado —al que tuvo acceso este medio— deja en evidencia una postura que intenta desacreditar preventivamente la actuación judicial, en línea con lo que ha sido su estrategia histórica desde que se inició el proceso de concurso de acreedores en 2020.

En el texto, el Directorio sostiene que “los hechos que investiga la Fiscalía son anteriores a la presentación en concurso” y que la investigación “se habría ampliado ahora a la administración actual”, aunque aseguran que no han recibido notificación formal de ello. Lo llamativo es que acto seguido, y sin asumir responsabilidad alguna, el Directorio acusa de “afirmaciones irresponsables e infundadas” a actores no identificados, al tiempo que sugiere que el Colegio de Jueces de Rosario es incompetente para seguir investigando la causa.

Este tipo de afirmaciones implican un intento directo de condicionar a los operadores judiciales, lo cual no es nuevo en el caso Vicentin. La empresa ya ha desplegado en el pasado campañas públicas de presión cuando la Justicia avanzaba en medidas que podían comprometer su estructura o sus alianzas políticas.

Un modus operandi repetido: presión pública y victimización empresarial

No es la primera vez que Vicentin se comporta así. Desde que se presentó en concurso de acreedores en febrero de 2020, la empresa ha ensayado múltiples estrategias para evadir responsabilidades. Primero fue la culpa puesta en el Estado, luego en el sistema financiero internacional, más tarde en los sindicatos y finalmente, en el Poder Judicial.

A lo largo de estos cinco años, se ha convertido en una constante que cada vez que la Justicia (en cualquiera de sus fueros) toma decisiones adversas a los intereses de la empresa, el Directorio responde con comunicados cargados de denuncias infundadas, supuestos complots y victimización institucional.

Este accionar fue especialmente evidente cuando se intentó avanzar con la intervención federal a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, medida que luego fue frenada por la Corte Suprema tras múltiples idas y vueltas judiciales. Desde entonces, el Directorio de Vicentin se ha fortalecido como una entidad paralela de poder, amparada en su influencia económica y su relación directa con sectores del poder político y judicial del norte santafesino.

¿Qué investiga exactamente la Fiscalía?

La investigación penal iniciada por la Fiscalía de Rosario tiene como eje los movimientos de dinero dentro de la compañía durante el último año, en particular desde agosto de 2024, pero también de movimientos unos meses antes de la caída de Vicentin, para los investigadores está más que claro que quienes manejaban la empresa la estaban vaciando y preparando para que la caída no los arrastre.

Se sospecha que los directivos, valiéndose de la estructura de la empresa y con pleno conocimiento del estado de insolvencia, continuaron realizando maniobras irregulares, incluyendo:

• Transferencias de activos a empresas satélite.

• Pagos prioritarios a acreedores vinculados.

• Venta de bienes sin autorización del juzgado.

• Retiro de fondos sin registro contable.

• Ocultamiento de información al comité de acreedores y a la sindicatura.

Estas acciones no solo podrían configurar un nuevo fraude, sino que también socavan la viabilidad del proceso concursal. La empresa, que sigue debiendo más de 1400 millones de dólares a bancos y proveedores, estaría utilizando la estructura legal del concurso como escudo para continuar operando con discrecionalidad, según sostienen fuentes judiciales cercanas a la investigación.

El telón de fondo: una empresa marcada por el escándalo

Fundada en 1929, Vicentin SAIC comenzó como un pequeño molino en Avellaneda, norte de Santa Fe. Con el paso de las décadas se transformó en una de las principales exportadoras de granos y derivados del país, asociándose incluso con empresas multinacionales como Glencore.

Pero en diciembre de 2019, en pleno cambio de gobierno, la empresa declaró un default de más de 1000 millones de dólares, dejando en evidencia un colapso financiero sin precedentes. Se descubrieron préstamos millonarios otorgados por el Banco Nación en los últimos días de la gestión de Mauricio Macri, muchos de ellos sin garantías suficientes.

Desde entonces, el caso se convirtió en un emblema de connivencia entre política, poder económico y falta de controles estatales. El concurso fue radicado en Reconquista, y la causa penal se fue gestando lentamente en Rosario, donde la distancia con el poder empresarial es mayor.

¿Y ahora qué sigue?

Con cuatro directivos detenidos, la causa penal promete avanzar con fuerza. La Justicia ya ha solicitado informes a la Sindicatura designada en el concurso, así como a organismos de contralor como la AFIP y el Banco Central. Se esperan nuevos llamados a declaración, y no se descarta que en los próximos días se pidan medidas cautelares sobre bienes personales de los imputados.

Por otra parte, el Ministerio Público ya analiza si existe connivencia o encubrimiento por parte de otros actores internos o externos, incluidos algunos estudios contables que habrían asesorado las maniobras irregulares.

En paralelo, el comunicado de Vicentin, lejos de calmar las aguas, agita aún más la tensión entre el directorio y la Justicia, exponiendo una vez más la nula autocrítica y el desprecio por el proceso judicial que ha caracterizado a la empresa en estos cinco años.

Conclusión: ¿el fin de la impunidad?

El caso Vicentin ha sido, desde el primer día, un termómetro del estado del poder judicial, político y económico en la Argentina. Su desenlace aún está lejos, pero estas nuevas detenciones marcan un punto de inflexión. Si la Justicia logra avanzar sin ceder a las presiones públicas ni a los intereses corporativos, podría abrirse una ventana histórica para revisar no solo este caso, sino el modo en que se relacionan las grandes empresas con el Estado y con el Poder Judicial.

Por ahora, lo que queda claro es que Vicentin no está dispuesta a aceptar ningún límite, ni siquiera cuando la legalidad se impone. Y ese es, quizás, el dato más revelador de todos.

El comunicado