Barraguirre pidió la destitución de la jueza Sinchez por el “escandaloso abandono” de los más vulnerables

El procurador de la Corte formuló la acusación contra la titular del Juzgado de Familia de Reconquista.

El procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, en el marco del proceso de enjuiciamiento a la jueza Ileana Elisabeth Sinchez, ofreció pruebas documentales y le atribuyó “ignorancia del derecho” e “incumplimiento reiterado” de las obligaciones del cargo.

En un dictamen de 100 fojas fechado el 15 de marzo que trascendió en las últimas horas, el Dr. Jorge Barraguirre sustentó su decisión en contra de la Dra. Ileana Elisabeth Sinchez en las actuaciones iniciadas por la procuración a raíz de diversas investigaciones que han “permitido identificar un patrón de conducta manifiestamente antifuncional en el que incurrió la magistrada”.

Las conductas reprochadas a la funcionaria judicial fueron englobadas en cuatro grupos por el acusador, entre los cuales figuraron el (mal) trato dispensado a personal de su juzgado como así también a funcionarios del Poder Judicial, profesionales y justiciable; el trámite de denuncias como así también en relación a medidas autosatisfactivas específicamente en materia de medidas de inclusión.

También sumó las afectaciones de derechos a niños y adolescentes por lo resolver procesos en tiempo y forma; y las afectaciones a los derechos de personas extremadamente vulnerables con capacidad restringida, incapaces o por incumplimiento de normas sociales que rigen el proceso de restricción del ejercicio de la capacidad.

“(..) los deberes cuya omisión se acusa son tan claros que resulta imposible imaginar una justificación razonable”, apuntó el Dr. Barraguirre, y agregó que “las acciones y omisiones de la magistrada en violación de las normas son tan claras que a juicio de esta Procuraduría no requieren valoraciones complejas”.

“Trato arbitrario”

Para el funcionario, mediante la utilización de “pretextos absurdos otorgó un trato arbitrario a las denuncias por violencia de género y familiar”, y “omitió cumplir con el deber de todo juez de resolver y, cuando lo hizo, fue tal la demora que no solo se pronunció fuera de los plazos legales, sino que lo fue fuera de cualquier plazo razonable”.

“Los incumplimientos que se le achacan tuvieron como destinatarios a sujetos especialmente vulnerables niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia de género y familia, sujetos con afectaciones a su salud mental y con capacidad restringida”, aseveró, en tanto se pronunció porque “las cinco inconductas tienen, sin lugar a dudas, mérito suficiente para que se disponga la destitución de la doctora Sinchez”. Fue un “escandaloso abandono”, se indignó. En un decisorio con decenas de casos y testimonios dramáticos de las pretensas víctimas de la jueza, el procurador le endilgó haber sometido a los empleados y funcionarios de los juzgados fundamentalmente a través de un tipo de “violencia psicológica y simbólica”, con giros lingüísticos inapropiados y denigratorios.

Le atribuyó “generar un ambiente de trabajo insalubre muy difícil de tolerar”, con un comportamiento de “hostigamiento vengativo” y de falta de respeto hacia casi todo el equipo de trabajo de su juzgado, así como a abogados e incluso a funcionarios de otras dependencias.

Además, citó la declaración de una empleada del Juzgado de Familia (R. A.) para evidenciar, respecto de las guardas adoptivas, que la magistrada había abandonado absolutamente su deber de decidir en estas causas: “Los dejaba retenidos, no sé, no resolvía a pesar de la urgencia de los casos, la Ley de Infancias es muy clara, indica que hay tiempo para resolver cuestiones de la infancia, no podés estar tres o cuatro años para resolver estas cuestiones”.

Caso de altísimo riesgo

En su resolución, el procurador de la Corte Suprema de la provincia incluyó el caso de G. M. una mujer de Avellaneda que terminó quitándose la vida: «(…) un caso extraordinario y altísimo riesgo contra las víctimas de violencia de género fue considerado en forma disparatada como una simple disputa de divorcio».

Esta mujer, explicó, había presentado ante la autoridad policial toda la dimensión de su tragedia: estar bajo tratamiento psiquiátrico, ser víctima de abusos físicos y psicológicos por parte de su marido, vivir experiencias traumáticas junto a sus hijos, se incitada a suicidarse, confesar que no tenía ánimo de seguir viviendo, ante lo cual tomó la decisión de iniciar los trámites de divorcio. “Frente al relato minucioso y descarnado, que incluía abusos físicos o sexuales psicológicos, amenazas a su vida y violencia económica, de una mujer bajo tratamiento psiquiátrico la jueza solo dispuso recomendar un informe socioambiental a la auxiliar social del juzgado, y una vez recibido la doctora Sánchez decretó ‘no ha lugar’”, hizo constar el Dr. Barraguirre.

Cómo sigue el proceso

Fuentes judiciales especificaron que, de ahora en más, el proceso de enjuiciamiento prosigue con la contestación de la acusación por parte de la defensa técnica de la acusada, luego vendrá la etapa de apertura de la prueba donde el Tribunal evalúa la evidencia y se produce la producción de esa prueba, para enseguida pasar a los alegatos de clausura que son audiencias públicas. Por último, se dictará el fallo. // El Litoral