Cinco años sin justicia: la lucha incansable por Santiago Zapata

El 2 de marzo de 2020, la vida de la familia Zapata Demichelis cambió para siempre. Santiago Zapata, un adolescente de 15 años, ingresó al Hospital Samco de San Cristóbal, Santa Fe, con un intenso dolor de cabeza. Lo que parecía ser una consulta médica rutinaria se transformó en una tragedia que, cinco años después, sigue clamando por justicia.

Los hechos: una cadena de negligencias

Aquel día, Santiago fue llevado al hospital por su madre, Yanina Demichelis. El joven presentaba un fuerte dolor de cabeza debido a un golpe que, según comentó, se produjo al caerse de la cama. Sin embargo, la médica de guardia que lo atendió inicialmente desestimó la gravedad del golpe y diagnosticó que el malestar se debía a una intoxicación por consumo excesivo de alcohol y posible ingesta de marihuana. Este diagnóstico se realizó sin llevar a cabo los estudios pertinentes, como análisis de sangre u orina, que hubieran confirmado o descartado dicha intoxicación.

Durante las horas siguientes, Santiago fue sedado en múltiples ocasiones bajo la indicación de los médicos de guardia pasiva, sin una evaluación exhaustiva de su condición neurológica. No fue sino hasta las 12:50 del mediodía cuando un psiquiatra, al examinar al joven, determinó que presentaba un cuadro neurológico grave y ordenó su traslado urgente a un centro de mayor complejidad en Rafaela. Lamentablemente, Santiago sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de que el traslado pudiera concretarse.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneal severo, resultado del golpe en la cabeza que no fue atendido adecuadamente. Este hallazgo contrastó drásticamente con el diagnóstico inicial de intoxicación, evidenciando una cadena de negligencias médicas que culminaron en la muerte del adolescente.

La batalla legal: imputaciones y dilaciones

En febrero de 2022, casi dos años después de la muerte de Santiago, cuatro profesionales del Hospital Samco de San Cristóbal fueron imputados por coautoría de homicidio culposo. Entre ellos se encontraban un cardiólogo que en ese momento era el vicedirector del hospital, un psiquiatra y dos médicas. A pesar de la imputación, todos ellos continúan ejerciendo la medicina y se encuentran en libertad, situación que ha generado indignación y desesperanza en la familia de Santiago.

El fiscal a cargo del caso, Héctor Aiello, señaló que los imputados actuaron de manera negligente al no brindar la atención médica necesaria para salvar la vida de Santiago. Sin embargo, a pesar de las imputaciones, el proceso judicial ha avanzado con lentitud, y hasta la fecha no se ha concretado un juicio que determine las responsabilidades penales de los involucrados.

La lucha de una familia: marchas y pedidos de justicia

Desde el trágico fallecimiento de Santiago, sus padres, Yanina Demichelis y José Martín Zapata, han encabezado una incansable campaña en busca de justicia. Han organizado múltiples marchas y manifestaciones bajo el lema “Nunca Más Santi”, con el objetivo de visibilizar el caso y exigir respuestas por parte de las autoridades judiciales y sanitarias.

En sus declaraciones, Yanina ha enfatizado la necesidad de que los profesionales imputados enfrenten las consecuencias de sus acciones: “Buscamos una respuesta porque no hay respuestas del Samco de San Cristóbal. Fuimos escuchados en el Ministerio de Salud porque los profesionales imputados están libres, siguen trabajando y vamos por todo”. La familia también ha denunciado la falsedad ideológica en los informes médicos y ha solicitado la ampliación de las imputaciones para incluir este delito.

El llamado a las autoridades: un clamor que resuena

A lo largo de estos cinco años, la familia de Santiago Zapata ha buscado respuestas y justicia a través de múltiples instancias sin obtener avances significativos. Han acudido a la Fiscalía General de Santa Fe, donde dialogaron con el secretario de la fiscal María Cecilia Vranicich, y también mantuvieron reuniones con fiscales de Tostado y San Cristóbal.

En su búsqueda de respuestas, denunciaron las irregularidades en la actuación del fiscal inicial de la causa, Héctor Aiello, ante el fiscal Leandro Mai en la ciudad de Santa Fe.

Además, presentaron una carta al gobernador Maximiliano Pullaro y solicitan la reacción de varios legisladores provinciales, entre ellos Amalia Granata, Emiliano Peralta, Charo Mancini, Chacho Marcon, Dionisio Scarpin, Lucila De Ponti, Betina Florito, Celia Arena, Walter Agosto, Joaquín Blanco, José Corral, Antonio Bonfatti, Mariano Cuvertino, Pablo Farías, Rubén Galassi y María Ximena Sola, sin obtener respuestas concretas. El único funcionario que tomó alguna acción fue el diputado Carlos del Frade, quien presentó cuatro pedidos de informe sobre el caso, aunque hasta el momento ninguno ha sido respondido.

Por otro lado, la familia ha hecho un llamado particular al senador Felipe Michlig, representante del departamento San Cristóbal, a quien acusan de inacción a pesar de su cercanía con el gobernador Pullaro y su influencia en la región.

La comunidad se une: solidaridad y apoyo

La trágica muerte de Santiago y la lucha incansable de su familia han resonado en la comunidad de San Cristóbal y más allá. Vecinos, amigos y organizaciones sociales han mostrado su apoyo a través de diversas iniciativas, incluyendo vigilias, marchas y campañas en redes sociales. Estas acciones buscan mantener viva la memoria de Santiago y presionar a las autoridades para que se haga justicia.

En las redes sociales, especialmente en Facebook, la familia ha compartido emotivos escritos en los que, desde la perspectiva de Santiago, expresan sus sentimientos y anhelos truncados. Estas publicaciones buscan generar empatía y conciencia sobre la importancia de una atención médica adecuada y la necesidad de respuestas por parte del sistema judicial.

Reflexiones finales: una herida abierta

A cinco años de la partida de Santiago Zapata, su familia continúa enfrentando un dolor indescriptible agravado por la falta de justicia. La ausencia de avances significativos en el proceso judicial y la percepción de impunidad generan una profunda sensación de desamparo.