Cuatro meses de cárcel para los directivos de Vicentin detenidos

Los cuatro exdirectivos de Vicentin denunciados como jefes de una asociación ilícita por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario quedaron detenidos con prisión preventiva por 120 días. Se trata de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, quienes habían sido apresados ocho días atrás en un operativo que incluyó 20 allanamientos simultáneos, en el marco de la causa penal por estafa y defraudación.

La resolución fue tomada este sábado por el tribunal conformado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, que aceptó los pedidos de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Según los magistrados, existen elementos que permiten considerar verosímil la acusación de que la asociación ilícita conformada por estos exdirectivos continuó operando tras la cesación de pagos de Vicentin, con el fin de consolidar su poder, detraer fondos del grupo económico y entorpecer la investigación penal.

Medidas para otros imputados

Además de las detenciones, el tribunal aceptó medidas cautelares para otros quince imputados. Todos tienen prohibido salir del país y deberán presentarse una vez por mes ante la Justicia. Doce de ellos, ya acusados de integrar la asociación ilícita, deberán abonar una fianza de 200 mil dólares cada uno: Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Diego Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.

Para los tres restantes —Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor—, la fianza fijada es de 500 mil dólares.

El tribunal rechazó una “perimetral” para alejar a los imputados de la empresa

Una de las solicitudes de la Fiscalía que no prosperó fue la de imponer una restricción que impidiera a los imputados ocupar cargos o intervenir en la gestión de Vicentin y sus empresas vinculadas. El tribunal entendió que una medida de este tipo implicaría una intromisión excesiva en el ámbito empresarial y podría generar perjuicios laborales.

Las pruebas de la Fiscalía: correos, actas, facturación y una estructura operativa posdefault

Según los fiscales, la asociación ilícita se constituyó antes de que se formalizara la cesación de pagos en diciembre de 2019. Su propósito, dijeron, fue ocultar la verdadera situación financiera de la empresa a productores, bancos y otros acreedores para continuar obteniendo dinero y mercadería de manera fraudulenta.

Pero lo más grave, señalaron, es que esa estructura siguió operando incluso después de que el directorio fuera modificado, en una suerte de continuidad delictiva que prolongó el vaciamiento de la firma. De hecho, estiman que entre fines de 2019 y 2024 hubo una erosión del patrimonio de Vicentin y sus empresas vinculadas por 890 millones de pesos actualizables.

Para sostener esa acusación, los fiscales presentaron pruebas como cadenas de correos electrónicos, actas, comprobantes de facturación y registros de pagos. Entre los hechos denunciados se incluye la supuesta venta de una aeronave que continuó generando gastos pagos por la empresa, contrataciones de consultorías, servicios de prensa para campañas mediáticas, cauciones judiciales y honorarios de abogados defensores de los imputados.

Todo ello habría sido abonado con fondos de Vicentin SAIC y de sus empresas vinculadas, entre ellas Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.

Simulaciones, juicios arbitrales “armados” y un laberinto societario

En esta nueva etapa del proceso, los fiscales sumaron más elementos a los ya presentados en 2021, incluyendo simulaciones como la de un juicio arbitral en Londres entre empresas del mismo grupo. El objetivo, explicaron, habría sido justificar la demora en el ingreso de divisas provenientes de exportaciones agroindustriales.

También se denunciaron pagos de retiros voluntarios a funcionarios de la empresa y el uso del entramado societario para ocultar el flujo de dinero y dificultar la investigación. Según la Fiscalía, la “confusión patrimonial” entre las sociedades del grupo —producto de un entramado intencionalmente complejo— permitió mover fondos, esconder activos y manipular registros.

“Se mastican hasta el último grano de Vicentin”, graficó el fiscal Miguel Moreno durante la audiencia, al referirse al vaciamiento sistemático del grupo.

Audiencia tensa y contradicciones

Durante la audiencia, que se extendió por tres días, prestaron declaración varios imputados. Uno de ellos, Estanislao Bougain, intentó marcar una diferencia entre la “nueva Vicentin” y la que llevó al default. Sin embargo, los propios dichos de los imputados lo contradijeron: resaltaron la importancia del rol de Macua, Gazze y Scarel en la nueva gestión, a pesar de haber sido parte de la cúpula anterior.

Macua, exsíndico y luego presidente de la cerealera por un corto período, minimizó la existencia de una “confusión patrimonial”, alegando que la administración conjunta de las empresas a través de una planilla Excel no implica pérdida de autonomía: “Así es el mundo de los negocios”, declaró.

Un caso que marca época

La causa penal contra Vicentin se convirtió en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años en Argentina. No solo por el volumen económico involucrado y la cantidad de damnificados —entre ellos miles de productores agropecuarios y bancos—, sino también por el rol de la empresa en la economía nacional.

El avance de las investigaciones judiciales ha puesto en evidencia prácticas empresariales que, según los fiscales, tenían como único fin garantizar la impunidad de los responsables y asegurar que el dinero de Vicentin siguiera siendo manejado por las mismas personas, aún después del colapso.

Con estas nuevas medidas, la Justicia dio un paso firme en una causa que, sin dudas, seguirá generando repercusiones en el ámbito económico, político y judicial del país.