Este miércoles será notificada y suspendida en sus funciones hasta que se termine el enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones y el hostigamiento contra sus empleados.
ReconquistaSF.com.ar desnudó el escándalo y fue uno de los pocos medios en darle seguimiento desde el 22 de abril de 2022 cuando los empleados del juzgado denunciaron los malos tratos por parte de la magistrada. Luego el portal fue revelando distintas irregularidades y denuncias que se reiteraban en esos tribunales.
Lejos de premiar a los empleados denunciantes el Poder Judicial los perjudicó y los cambió de lugar de trabajo, hasta parecían desoír las denuncias pero finalmente y casi un año después, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aceptó el Jury y desde este miércoles la jueza quedará suspendida en sus funciones hasta la finalización del juicio que buscará echarla del poder judicial y del empleo público para siempre.
Los primeros en tomar el caso de las denuncias fueron los legisladores de la región, especialmente la Diputada María Laura Corgniali que incluso mantuvo reuniones con los empleados para conocer de primera mano la situación y escuchar los testimonios.
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Pese a todo lo ocurrido la jueza no fue suspendida inmediatamente, algo que parecía lógico a todas luces pero el Poder Judicial parecía hacer oídos sordos y mirar para otro lado mientras la funcionaria se paseaba por los pasillos de tribunales casi mostrando un triunfo.
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Por su parte también desde Avellaneda mostraron su descontento y por unanimidad se expresaron contra las declaraciones de la juez que a viva voz decía que siempre buscaría perjudicar a los ciudadanos de esa localidad, simplemente por haber nacido allí.
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Ya sobre el final del año el tribunal de Jury se conformó y ahora se conoce que se dará inicio al juicio que buscará expulsarla para siempre, en un acto histórico para el Poder Judicial santafesino, al menos en el norte de la provincia.
Es de esperar que la jueza decida presentar su renuncia al cargo y acogerse a los beneficios jubilatorios y allí será decisión del gobierno si se la acepta o se la obliga a someterse al enjuiciamiento.
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